El desplazamiento del fiscal civil Enrique Viana, mediático, polémico y feroz crítico del gobierno, no pasó inadvertido en el Palacio Legislativo. La gota que derramó el vaso para el fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue el fallido recurso de inconstitucionalidad que Viana presentó en noviembre de 2013 ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la Ley de Minería de Gran Porte. “Son reiterados los planteos de inconstitucionalidad realizados -respecto de diversas leyes- por el fiscal mencionado, tanto por la vía de acción como de excepción; y también son reiterados los pronunciamientos de la SCJ en los que se rechazan tales planteos”, se argumenta en la resolución de traslado de Díaz, que también cuestionaba que Viana “ha iniciado reiteradas acciones en diferentes juzgados de la República, las que han sido unánimemente rechazadas por los jueces intervinientes”. Ante tal panorama, se concluye que el modo de proceder de Viana “genera costos importantes -y a la luz de los hechos, probablemente innecesarios- a la sociedad organizada en el Estado”, lo que no sólo “podría afectar la imagen de la institución” sino que “es al menos indicativo de una posible falta de idoneidad para el ejercicio de la función de fiscal”. Por todo eso, la resolución establece el inicio de una investigación administrativa en la Fiscalía Civil de tercer turno (en la que Viana se desempeñaba), así como el traslado de este funcionario a la Fiscalía Letrada de Menores de segundo turno.
La noticia no le cayó nada bien a la senadora nacionalista Carol Aviaga. “Nos quedamos sin un fiscal verde”, declaró, en alusión a que Viana es un “estudioso del tema medioambiental”. La legisladora dijo no atribuir “intencionalidad” a su traslado, aunque sostuvo que “va de la mano con lo que propone el Poder Ejecutivo en la Ley de Presupuesto respecto del medioambiente”: “Es una regresión con respecto al derecho ambiental que no tengamos un fiscal especializado en el tema, y también que se esté pensando en crear una Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático dependiente de Presidencia y sin control parlamentario”.
En tanto, el diputado Eduardo Rubio dijo no tener duda de que el traslado de Viana, quien “molestó en temas medioambientales”, está directamente relacionado con la política que lleva adelante el gobierno. “Esto tiene que ver con lo que denunciamos en el transcurso de la discusión presupuestal: se esta concentrando un fuerte poder en el fiscal, y de carácter autoritario. Hay un proyecto común [con el gobierno], y de hecho la Fiscalía General de la Nación fue el único inciso que se llevó todos los recursos que pidió. Es una mala reflexión para la vía democrática del país que nos tiene que llamar a la reflexión a todos”, resaltó. Otros legisladores de la oposición consultados por la diaria prefirieron no hacer comentarios sobre el traslado de Viana, considerado por muchos un fiscal “polémico”.