La sesión de la Comisión Investigadora de ANCAP de ayer en el Parlamento tuvo un preámbulo que condicionó la discusión: el anuncio del Partido Nacional (PN) de que recurrirá a la Justicia por la decisión de la empresa estatal de aprobar en 2014 una propuesta publicitaria para una radio de Paysandú que no estaba emitiendo. El presidente de la comisión, el frenteamplista Marcos Otheguy, proporcionó documentos para probar que la decisión fue votada también por los representantes del PN y del Partido Colorado en el directorio, con base en un informe favorable de la gerencia. El senador nacionalista José Carlos Cardoso, impulsor de la denuncia, declaró a la diaria el lunes que no sabía si la decisión había sido aprobada por los directores opositores, pero enfatizó en que la responsabilidad es del presidente de ANCAP, que “sabía” que la radio no existía. “Los otros no tenían por qué saber”, señaló.
El director de ANCAP Juan Gómez dijo ayer a Subrayado que la radio comunitaria de Paysandú tenía la autorización del Ministerio de Educación y Cultura desde 2013 para tener una frecuencia. “La agencia de publicidad, que es la que pautó en ese medio permanentemente el año pasado, hizo intercambios con el mismo planteándole dónde había que hacer los avisos, cuál era el tema que queríamos incluir, y teníamos respuestas positivas de la radio de que eso se estaba haciendo”, adujo Gómez. Precisamente, el director de ANCAP es uno de los citados por la comisión investigadora en su sesión de hoy. Gómez alegó que se busca pautar en zonas donde funcionan plantas de ANCAP.
Ayer concurrieron a comisión una ex gerenta de Pórtland que trabajó hasta 1997 y que actualmente no cumple ninguna función, Rosario Pintos; el gerente de Negocios Energéticos de la empresa estatal, José Pastorino; y la jefa de Comunicación Corporativa de ANCAP, Susana Pérez. Pastorino defendió las acciones tomadas en torno a la planta desulfurizadora, y Pérez explicó el proceso de contratación de pautas publicitarias. “Lo que agregó es que ANCAP no pide precios para pautar, sino que deja en manos de la agencia la determinación de los proveedores, y que la agencia no controla la pauta”, es decir, no controla que efectivamente se cumpla, según relató a la diaria el senador del Partido Independiente Pablo Mieres. Respecto de quién decide dónde pautar, la jefa de Comunicación Corporativa sostuvo que los planteos son “compartidos” y que hay un diálogo permanente con el directorio de la empresa.
Mieres consideró que la decisión del PN de acudir a la Justicia “no corresponde en este momento”. “No digo que no sea requerible; es un tema para la Justicia, pero me parece un error ir ahora. Lo que hay que hacer es seguir acumulando información y, al final, hacer un solo planteamiento”, opinó. El senador frenteamplista Rubén Martínez Huelmo aseguró que si los nacionalistas “hubieran encontrado algún ilícito, ya estarían en el juzgado”. “Este tema se va a aclarar y no va a tener impacto”, consideró. Ayer, legisladores del Frente Amplio contraatacaron con la difusión de la versión taquigráfica de una sesión de la investigadora conformada en 2008 para estudiar la gestión de ANCAP entre 2000 y 2005. Allí queda de manifiesto que la empresa estatal resolvió pautar en el semanario nacionalista Patria por un monto de 16.500 dólares en los años 2000 y 2001, pero que en dicho medio no figuran pautas del ente en esas fechas. “Denuncia penal no creo que presentemos porque ya prescribió, pero éticamente es bastante desprolijo”, cuestionó el senador frenteamplista Leonardo de León.
En Uruguay no hay legislación que determine de qué modo deben pautar los organismos del Estado.