La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, nunca integró el Parlamento, pero sus visitas al Palacio Legislativo durante las últimas 48 horas probablemente hayan sido más extensas que las de cualquier legislador. A las nueve horas en la Cámara de Senadores en régimen de comisión general el martes, se le sumaron siete más ayer, cuando asistió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que está estudiando la “ley madre” del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el Presupuesto Quinquenal.
La extensión de su estadía ayer se prolongó dos horas más de lo previsto y el motivo no fue casual. Su cartera tiene muchos de los artículos más polémicos de los 709 que componen el Presupuesto. Ayer algunos de los que generaron más controversia fueron los que referían a los cambios previstos en el Fondo de Solidaridad. El proyecto establece modificaciones en la forma de contribución al fondo, obligatorio para todos los egresados de la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica y las carreras terciarias de la Universidad del Trabajo del Uruguay. El mínimo no imponible para contribuir al fondo se duplica de 12.200 pesos a 24.400, pero el período de obligatoriedad de aportes cambiará: en lugar de hacerse durante 25 años ininterrumpidos, de aprobarse el proyecto, los aportes continuarán hasta que el contribuyente cumpla 70 años, a menos que se jubile antes. El proyecto también elimina la coparticipación que actualmente existe en la Comisión Administradora del fondo, ya que no contará más con representantes de la Agrupación Universitaria del Uruguay y de la Caja Notarial de Seguridad Social. Además, se establece que la presidencia del nuevo consejo directivo será remunerada con 130.000 pesos mensuales.
El diputado colorado Conrado Rodríguez (Espacio Abierto) criticó estos cambios. “Muchos están por cumplir 25 años y ahora van a tener que seguir pagando, lo más justo sería un régimen de transición”, dijo el legislador, que consideró que “se les mueve el arco a estos profesionales, que jugaron con una regla de juego hasta 1994”.
Desde el Fondo de Solidaridad se ha respondido que con la reforma, 17.000 profesionales dejarán de pagar aportes a esta institución. Respecto de los nuevos límites de aportes (hasta los 70 años), el Fondo expresa en un folleto que ha hecho circular que “los ingresos de los profesionales ascendentes presentan una curva ascendente hasta los 57 años, cuando se obtiene el punto máximo, para luego permanecer constante hasta la jubilación”. También se fundamenta que durante los primeros cinco años de contribución se aportará la mitad que en el resto del plazo. El diputado Alfredo Asti contestó algunas de las críticas de Rodríguez y dijo que se quitó a la Agrupación Universitaria del Uruguay y a la Caja Notarial de Seguridad Social porque se prevé que el fondo administre otros sistemas de becas que no tendrán que ver con el ámbito profesional, “por lo que se entendió que no era necesario mantener esa representación”. Sin embargo, dijo que no es un tema “de vida o muerte” y que podrá haber alguna modificación.
Otro de los temas por los que cuestionaron a Muñoz fue el nulo aumento presupuestal previsto para el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), cuando el presidente Tabaré Vázquez se comprometió a aumentar el presupuesto a 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el rubro “ciencia e innovación”. El diputado nacionalista Gustavo Penadés dijo que la ministra “minimizó la situación de forma bastante incomprensible”, alegando que “con motivo de la restricción presupuestal se habían disminuido los aumentos en varios organismos, y dio ejemplos de otras instituciones que no tienen la trascendencia del IIBCE”. Desde el oficialismo se alegó que el director general de secretaría de la cartera, Jorge Papadópulos, manifestó que se priorizó presupuestalmente a las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación y Cultura destinadas a la educación y a muchas unidades ejecutoras que no estaban recibiendo ningún tipo de aumento. A pesar de la discusión, todas las bancadas están dispuestas a reasignar gastos para esta institución.
La Institución Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) fue otro motivo de preguntas a la ministra. El lunes, en la comisión, la presidenta de este organismo, Alex Mazzei, sostuvo que la dotación presupuestal propuesta está “muy por debajo de lo que nosotros propusimos y de lo que acordamos con el propio ministerio antes de esta instancia presupuestal”, lo que “compromete el cumplimiento de los cometidos del Ineed”. Desde el oficialismo, Asti destacó que el grueso de la diferencia presupuestal ocurre entre 2018 y 2020, años en los que el gobierno no proyectó sus gastos. Para 2016 y 2017, la diferencia entre la propuesta del Ineed y la del gobierno es bastante menor, sostuvo.
Números educativos
El martes, en la comisión, el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrés Masoller, dijo que el presupuesto que había propuesto la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) para 2016 y 2017 era “aproximadamente” tres veces más alto que el que terminó presentando el gobierno. El jerarca también dijo que el porcentaje del PIB destinado a la ANEP y la Udelar conjuntamente durante 2016 representa 3,8% del PIB. Los gremios de la educación reclaman que sólo estos dos organismos alcancen 6%.
Ese día también se discutió el artículo 619, que autoriza al Ejecutivo a redirigir partidas de salarios de la ANEP a inversiones, si es que no se logra un acuerdo salarial antes del 1º de enero de 2016. La oposición criticó el artículo y sostuvo que es inconstitucional, mientras que Alejandro Zavala, del MEF, afirmó que se trató de “compatibilizar la ley de negociación colectiva” con “los tiempos de la discusión presupuestal”.