La construcción arrastra un año y medio de caída de su actividad y una consecuente pérdida de más de 21.000 puestos de trabajo. Por lo que se vislumbra, esta recesión continuaría al menos hasta julio de 2016. Trabajadores y empresarios coinciden en que el escenario no es de crisis, mientras esperan la puesta en marcha de dos piezas claves en la jugada de buscarle la marcha al cuarto motor de la economía: el ambicioso plan de inversiones presentado por el Poder Ejecutivo y el mecanismo de Participación Público-Privada por el que se pretende financiarlas.
Empresarios del sector celebraron ayer el Día de la Construcción, en un predio de la Rural del Prado, en el que compartieron sus preocupaciones sobre el momento que atraviesa el sector. El presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, consideró en diálogo con la diaria que, más allá de los empleos destruidos, la situación actual, “objetivamente, no es crítica”. La comparó con la que reinaba en los años 90; dijo que “los niveles de desaceleración son con respecto a años muy buenos [de actividad]”.
Por su parte, el presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), Faustino Rodríguez, compartió que “no estamos en crisis, ni mucho menos”, aunque reconoció que se vive una situación “bastante compleja”. Los trabajadores esperan la reactivación de tres grandes inversiones públicas que, impulsadas en el mandato anterior, quedaron truncas al inicio de este período de gobierno: la instalación de fibra óptica, la planta regasificadora y el Antel Arena.
Consolidada como uno de los cuatro motores de la economía -junto con el agro, el comercio y la industria-, la industria de la construcción creció por última vez en 2013, marcando un registro histórico con una tasa que alcanzó 9,6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Es un sector altamente procíclico, es decir, que va para el mismo lado que la actividad, pero con una mayor velocidad, obedeciendo a uno de los componentes más volátiles del PIB, la inversión, y también muy potente en la creación de empleo, que abarca en 2014 8,5% de los puestos de trabajo en el mercado local. En el mejor momento del sector, se estimó que la construcción empleaba a unas 137.000 personas y que sólo 63.000 cotizan al Banco de Previsión Social, lo que convierte a la informalidad como una de las grandes trabas, a pesar de la baja de los últimos diez años.
Dale al play
Los altos niveles de informalidad y la suspensión de tres grandes obras públicas mantienen en alerta a los trabajadores de la industria, que siguen reclamándole al gobierno la recuperación del empleo por medio de la inversión pública.
Tras el despido masivo en febrero de más de 300 obreros que realizaban la colocación de fibra óptica, empleados de Antel, autoridades de la empresa pública y del gobierno acordaron que se iba a dar un espacio hasta octubre para que a aquéllos que finalmente fueron enviados a seguro de desempleo en mayo se les reactivara el trabajo a partir de noviembre. Sin embargo, la semana pasada, las autoridades informaron a los dirigentes del SUNCA que había una “dificultad” en la restitución de la obra, sujeta a recortes presupuestales. Según explicó Rodríguez a la diaria, se proponían invertir 100 millones de dólares, pero el monto disponible actualmente asciende a diez millones y deja a “más de 2.000 trabajadores afectados por esta situación”. El SUNCA ya se reunió con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para manifestar su disconformidad, y ahora espera una entrevista con la ministra de Industria, Carolina Cosse.
Otra obra en pausa es la planta regasificadora de Puntas de Sayago, que involucra a más de 600 puestos de trabajo, por lo que han solicitado al gobierno que ejecute “lo más pronto posible” los fondos cobrados a la constructora Gas Natural Licuado del Sur, un consorcio local conformado por la francesa GDF Suez y la japonesa Marubeni, que se retiró en pleno despliegue de la obra. La tercera en la lista es el Antel Arena, parado desde mitad de año, cuyas obras continuarán a partir del 12 de enero de 2016, según un acuerdo entre trabajadores y el gobierno.
Perspectivas público-privadas
Entre los empresarios se reflexiona sobre las diversas señales de alerta; en palabras del presidente de la Liga de la Construcción, Ubaldo Camejo, “la caída de la actividad y de la productividad, de la mano de obra, la detención de importantes obras públicas y el desánimo en la inversión privada”. Quizá la zona más afectada por este desinfle sea el este, según estimó el presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, Gustavo Robaina, que aspira a los “indicios” provenientes del gobierno nacional y departamental “para resolver esta situación”.
Los niveles de inversión de estos últimos años marcaron un cambio paradigmático en la estructura del sector. Al día de hoy, 27% de las inversiones provienen del gobierno central y las empresas públicas; 23% del negocio inmobiliario, y, en el “residuo restante” -ni más ni menos que la mitad del total-, se incluyen inmuebles comerciales, centros logísticos, complejos industriales, plantas de celulosa, centros de almacenamiento, parques eólicos e infraestructura portuaria. Estas fuentes están secas; la caída del sector es generalizada. Para Otegui, lo “peor” es que “todavía no se ha encontrado el piso”.
La esperanza está puesta en los proyectos de participación público-privada. Sin embargo, el presidente de la Cámara de la Construcción considera que “por el momento no han caminado bien”, y que, si bien los ajustes en el último decreto reglamentario podrían ayudar, “esto no depende solamente de la intención del gobierno, sino de cómo esté el mundo”, puesto que los capitales vienen de afuera.
Un estudio del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción sobre el mecanismo encuentra ciertas limitaciones del mercado que podrían condicionar la viabilidad financiera de los proyectos: por un lado, una transferencia “excesiva” de riesgos al sector privado, que además “es difícil determinarlos de antemano” -complementó Otegui-; por otro, la ausencia de instrumentos o mecanismos que le permitan a éste lograr una gestión y una cobertura adecuadas de esos riesgos, cuando el mercado de capitales local aparece como una “piedra angular” para el correcto funcionamiento.