En estos días hemos asistido a una serie de hechos que duelen. Observamos con sorpresa e incredulidad cómo se reprime a los que reclaman el cumplimiento de las promesas electorales y luchan por más recursos para la educación pública. No se trata de pedidos irracionales, sino de exigir que se cumpla una promesa solemnemente asumida durante la campaña electoral. El mensaje presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo contiene indicios claros de que se no cumplirá dicho objetivo. Se pide paciencia y confianza en que la palabra dada se cumplirá. Pero a la vez se mina esa confianza mediante sucesivas acciones.
Me quiero referir aquí en especial a la represión que se instala como práctica.
Hace no mucho el gobierno declaró la esencialidad de la educación. Miles de personas en asambleas gremiales y luego en una multitudinaria manifestación rechazaron dicho decreto y el gobierno dio marcha atrás. Luego observamos asombrados que se resolvió enviar a grupos especiales de la Policía y a la Guardia Republicana a desalojar estudiantes de secundaria que ocupaban el Consejo Directivo Central. Ahora se procesa a jóvenes militantes y se los acusa de atentado agravado. ¿Quién pide cuentas a los responsables? Lo que sucedió allí es resultado directo de una decisión temeraria y errada: enviar a la fuerza pública a desalojar estudiantes. Para completar el panorama, vemos a personal de civil sin identificar interceptando a indagados y en ocasiones llevándolos en autos sin identificación a dependencias oficiales, una práctica a la que empezamos a acostumbrarnos.
Me preocupa el silencio de tantos. Algunos opinan que se trata de pequeños grupúsculos de extrema izquierda o que algunos gremios se han equivocado en sus decisiones tácticas. Es cierto que hay grupos interesados en llevar agua a su molino. No comparto su accionar ni la idea que algunos tienen de que “cuanto peor, mejor”. Hay provocadores y oportunistas; siempre los hubo. Es posible que algunas acciones de los gremios sean apresuradas. No discuto ese punto en esta ocasión; me preocupa la deriva autoritaria, y ello no implica acuerdo con el accionar de todos los participantes. Creo que estamos asistiendo a la naturalización de formas de represión del movimiento social que no sospechábamos que el gobierno del Frente Amplio aplicaría. Formas de represión del movimiento social que le hacen mal a la democracia y a la izquierda. Aquellos que miran para otro lado cuando suceden estas cosas deben recordar que en el futuro puede sucederles a ellos.
¿Queremos jóvenes pensantes, inquietos, rebeldes? ¿O queremos jóvenes obedientes y disciplinados? ¿Queremos jóvenes conscientes que se interesen por su futuro colectivo, o jóvenes apáticos y apolíticos? La democracia se alimenta de la confrontación de ideas y supone la rebeldía y el desacuerdo, así como la generación de espacios de diálogo y negociación. No hay democracia real sin participación y sin capacidad ciudadana real para hacer avanzar propuestas que parecen utópicas. En toda época los jóvenes han sido los portadores de esa energía y de esa pasión. La respuesta a los reclamos de nuestros jóvenes no puede ser la represión. Las reivindicaciones del movimiento estudiantil son justas y expresan una necesidad nacional. Ellos ven claro que el progreso de la educación implica mucho más que presupuesto, pero saben que sin presupuesto suficiente la situación se agrava. Hay que respetar su pensamiento y tomarlo en serio. La rebeldía de los jóvenes es hoy nuevamente constructora de futuro.
Hay algo que se está quebrando y es muy grave. Numerosos gestos muestran intentos por limitar la participación social en los más diversos ámbitos. Formas de participación construidas durante todo el siglo XX y que constituyen una de las riquezas de esta sociedad. Menciono acá solo algunos ejemplos puntuales de este proceso regresivo: la forma en que se diseñó la Universidad Tecnológica es un claro retroceso del cogobierno en una institución universitaria pública uruguaya; al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable se lo castiga presupuestalmente por negarse a sustituir una dirección académica por una dirección política; la propuesta de ley sobre el Sistema Nacional de Competitividad constituye un intento por poner el sistema de investigación nacional bajo el mando de personas nombradas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), eliminando la representación de la sociedad y la academia en su dirección; la cláusula en el Presupuesto que ata el aumento de sueldos en la Administración Nacional de Educación Pública a un acuerdo previo con los gremios bajo la amenaza de pasar esos recursos a gastos; el artículo que limita la autonomía al obligar a la Universidad de la República a rendir cuentas de su ejecución presupuestal anualmente al MEF. Otros ejemplos son los cambios propuestos en los organismos encargados de la bioseguridad y de la protección animal.
De modo que estamos en presencia de un doble movimiento: represión del movimiento social y restricción de los espacios reales de participación. Las grandes transformaciones que requiere la educación -esenciales para el desarrollo integral- necesitan muchos recursos incrementales, un plan acordado y la participación activa de sus actores. ¿Alguien cree que sea posible una transformación positiva de la educación sin el protagonismo de docentes y estudiantes?
La responsabilidad principal por la situación actual la tienen aquellos que generaron expectativas que luego defraudan, utilizan métodos represivos en lugar de insistir en el diálogo y la negociación, estigmatizan a los que protestan. Quizá sea tiempo aún de evitar esa fractura. El gobierno debe parar la mano represiva y evitar una escalada que le hace mal a la democracia. El Parlamento puede modificar los artículos de la Ley de Presupuesto que van en el sentido de disminuir la participación social en la conducción de los asuntos públicos. Los docentes y estudiantes tienen numerosas propuestas. Hay que crear espacios para que participen realmente en la construcción de su futuro.
Quizá el Congreso de la Educación que se anuncia pueda ser un espacio para la construcción, pero ello exige cambiar el clima cuanto antes. Es necesario volver a centrar el debate en donde debe estar: la mejora de la educación pública, que requiere el presupuesto que se prometió, y cambios sustanciales en cuya génesis tienen que estar sus protagonistas.