Desde la Intergremial judicial, el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Carlos Fessler, aseguró que el aumento cero previsto en la Ley de Presupuesto, que tiene media sanción de Diputados, deja enclenque al Poder Judicial (PJ) “frente al resto de los poderes”. Considera que se ponen “en cuestionamiento las garantías” del sistema judicial y que esto implica una regresión a “antes de 2005, durante la crisis”.
Además, Fessler recordó que van “diez años de congelamiento salarial” y aseguró que el Poder Judicial es uno de los sectores “peor pagos” de la administración pública. La intergremial realizará un paro nacional parcial este jueves desde las 14.30 a las 16.30, sin guardia gremial, y en Montevideo, además, a las 15.00 se concentrarán en el Palacio Legislativo y recorrerán los despachos de los senadores, a quienes les entregarán documentación, con el fin de “apuntar al convencimiento de la importancia que tiene que se recojan las modificaciones” que consideran “imprescindibles”.
Entre los problemas está el explícito “divorcio” entre el Poder Ejecutivo y el PJ. Se hacen “enormes esfuerzos por mejorar el clima, que no favorece el funcionamiento institucional” y que termina perjudicando a los sectores más vulnerables. “Aquellos que puedan afrontar [económicamente] sus cuestiones legales tendrán una relación diferente a quienes deban acudir a la defensoría pública. Con un presupuesto acotado, con salarios que no hacen a la función que se cumple y con infraestructura poco adecuada”, termina habiendo “una justicia de primera y una de segunda”.
Fessler no se atrevió a decir cuánto dinero implican las modificaciones que propone la Intergremial; sin embargo, señaló que incluyen el incremento de 21,6% de ajuste salarial, porque esperan que el Tribunal de Apelaciones falle a favor en su causa. A su vez, señaló que “suponiendo que el fallo sea favorable al final de este camino tortuoso, el PE tomaría la sentencia, pero sería cobrada, en el momento que entienda que exista la posibilidad de contar con recursos para hacer frente a esta sentencia que ha perdido”. En ambos casos, el Poder Legislativo tiene que votar las iniciativas: “Una sentencia judicial aparece mediatizada por los otros dos poderes del Estado, que deciden sobre su ejecución. Es un avasallamiento de los derechos de los trabajadores y de una resolución de uno de los órganos del Estado”, por la Suprema Corte de Justicia.
Por otro lado, su propuesta incluye unos 40 millones de pesos que estarían destinados a la implementación del Código del Proceso Penal, prevista para febrero de 2017, no contemplados en el presupuesto.