El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se propone ajustar el sistema regulatorio de vegetales genéticamente modificados. Para eso solicitó apoyo a la FAO para realizar diez talleres; desde ayer y hasta hoy se extiende el sexto, titulado “Coexistencia entre diferentes sistemas de producción”.
El subsecretario del MGAP, Enzo Benech, hizo una breve exposición en la que se refirió al Gabinete Nacional de Bioseguridad -integrado por el MGAP (que lo preside); Salud Pública; Economía y Finanzas; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Relaciones Exteriores, e Industria, Energía y Minería-, creado en 2008 con el fin de autorizar nuevas solicitudes de eventos transgénicos y definir los lineamientos de la política nacional en la materia. “Armamos lo que pudimos”, dijo Benech respecto de la institucionalidad creada en 2008, y expresó que cuando va al exterior le dicen: “¿Seis ministerios para ponerse de acuerdo?”. Automáticamente respondió: “Es bravo, no es sencillo” lograr los acuerdos en el gabinete.
No lo mencionó, pero mediante el proyecto de Ley de Presupuesto, el MGAP pretendía crear la Dirección General de Bioseguridad, concentrando las discusiones que hoy involucran a otros cinco ministerios en una única cartera.
“No creo que nadie tenga la razón, todos tenemos un poquito de razón, y hay que articular”, opinó Benech. También dijo que hay que tener en cuenta el aspecto de la salud “pero también los comerciales”.
Teoría y práctica
Emilio Rodríguez Cerezo, agrónomo español e integrante del Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, expuso el caso europeo. Aclaró que “la experiencia práctica es muy poca” puesto que de los 28 países que conforman el bloque, sólo España y Portugal cultivan transgénicos; aclaró que “hubo algo en Francia, Alemania y Eslovaquia, pero muy poquito”. Se planta el maíz MON 810, que básicamente se usa para consumo animal.
La Unión Europea es más bien importadora de transgénicos y obliga a etiquetar piensos y alimentos que contengan más de 0,9% de organismos genéticamente modificados (a modo de comparación, la Intendencia de Montevideo obliga a etiquetar los productos que tengan más de 1%). La evaluación de riesgo es hecha por una agencia central; las competencias nacionales refieren a temas económicos derivados de la coexistencia, puesto que si un maíz convencional se contamina con uno transgénico, se desvaloriza “porque los consumidores no quieren este tipo de productos” y eso amerita una compensación, detalló Rodríguez. Desde 2002 el bloque apoya la coexistencia de cultivos transgénicos y convencionales. El especialista explicó que las premisas son que “todos los agricultores tienen derecho a cultivar” y que “el consumidor tiene derecho a elegir”; de ahí el etiquetado obligatorio.
Las formas de coexistencia y de compensación se trabajan a nivel nacional o regional. Se pueden establecer zonas libres de transgénicos. Para evitar la polinización cruzada, se establecen distancias entre cultivos transgénicos y convencionales que van de 15 a 500 metros.
El bioquímico Pablo Galeano presentó los estudios de contaminación de maíces criollos e híbridos con transgénicos en Uruguay a partir de estudios realizados desde 2007, por medio de Redes Amigos de la Tierra y luego con fondos de la Universidad de la República. Las investigaciones detectaron polinización cruzada en distancias que rondan los 300 metros y que con certeza llegan hasta los 850. El grupo de investigación analiza, además, las muestras de maíz de productores de la Red de Semillas Nativas y Criollas; tres de ocho comprobaron la presencia de trazas transgénicas. Galeano dijo que cada vez es mayor la demanda de esos análisis, pero aclaró que no es posible abarcar la totalidad.
Un productor de la Granelera Ecológica Cooperativa, que elabora harina a partir de maíces criollos y de trigo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), planteó que la demanda de harinas es “enormemente superior” a la oferta, y que cada vez es más difícil encontrar productores cuyos cultivos no enfrenten riesgos de contaminación. Dijo que el INIA reprodujo el “maíz cuarentón”, criollo y tradicional, y que hay 97 kilos de granos “para multiplicar y rescatar una semilla que prácticamente estaba extinguida. ¿Dónde lo plantamos? ¿Cómo hacemos para asegurarnos de que vamos a poder plantar y mantener esos 97 kilos sin que se nos contaminen con transgénicos?”, preguntó.