Son nueve los procesados sin prisión por los incidentes ocurridos el martes 22 de setiembre en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Ayer la jueza Ana de Salterain procesó al secretario general del sindicato del taxi, Carlos Silva, por atentado agravado; es el cuarto dirigente del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) penado. Todos deberán cumplir 200 horas de trabajo comunitario como medida sustitutiva a la prisión. El SUATT emitió ayer un comunicado en el que exigió que se “desprocese” a los sindicalistas, que “cese inmediatamente la cacería de brujas desatada” y se inicie una “investigación sin sesgos”.
Por otro lado, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) resolvió en asamblea solidarizarse con “los compañeros procesados” y apoyarlos económica, política, jurídicamente, pero no parar. También exigen una investigación para determinar responsabilidades en el Ministerio del Interior (MI) porque “no puede ser” que no haya ningún policía procesado por la represión ejercida. La fiscal Ana Tellechea aseguró que la jueza seguirá citando a los manifestantes.
Desde el SUATT se afirma que “el brutal desalojo fue responsabilidad del Estado” y denuncian que las detenciones y procesamientos “forman parte de una intensa y precisa campaña de estigmatización y criminalización desatada contra el movimiento popular”; que el objetivo de la “campaña” es “no dar respuestas públicas ante un Presupuesto miserable en su asignación a la salud, educación y vivienda”. Además, desmienten al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien “atacó” a la organización y la tildó de “semiterrorista”. Aseguran que las detenciones “ilegales, realizadas sin exhibir orden judicial, la presencia de policías infiltrados en las marchas y de efectivos de la Guardia Republicana frente a centros educativos de secundaria son, en tanto parte de esta campaña, un intento de amedrentar a trabajadores y estudiantes y estigmatizar a los militantes en sus lugares de trabajo, centros de estudios y barrios”. Ayer el SUATT paró en apoyo a los declarantes en rechazo a las detenciones y a los procesamientos de los últimos días. Según el vocero del sindicato y uno de los procesados, Ary Wiedemann, el lunes habrá asamblea y en ese momento decidirán las acciones a tomar.
En otros términos, ADES exhorta a que se investigue porque, aseguran, la Policía hizo “cualquier tipo de desmán y tiene que asumir esas consecuencias”. Al mismo tiempo, emitieron una declaración de apoyo al abogado de Plenaria, Memoria y Justicia, Pablo Ghirardo, porque “está siendo amenazado por el MI con un juicio de difamación e injurias”, aseguró el dirigente Luis Martínez. En ese sentido, agregó que estarán presentes cada vez que haya una citación de la jueza, pero no pararán. Además, prevén difundir “la realidad de lo que fue este operativo represivo a los estudiantes, a los padres, a los profesores”. “Ojalá que pare esta furia represiva”, añaden los docentes.