AL 1º de octubre de este año había 529 adolescentes encerrados, y 548 con medidas no privativas de libertad en todo el país. Las últimas cifras del Observatorio de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Uruguay de UNICEF sobre la proporción de adolescentes privados de libertad en relación con el total de adolescentes son de 2012, pero indican que en Uruguay uno de cada 1.963 está tras las rejas. La tasa es alta si se la compara con las de países como Irlanda del Norte, que en 2004 tenía una proporción de uno cada 4.000, Francia, que tenía una tasa de uno en 12.500, o España, que privaba de su libertad a un adolescente en 50.000.
Desde hace años, diversos organismos internacionales y nacionales recomiendan al Estado uruguayo que transforme el sistema penal juvenil y proteja los derechos humanos de los adolescentes. Ayer el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) firmó un acuerdo de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de que tenga lugar la anhelada transformación. Según explicó la presidenta de la institución estatal, Gabriela Fulco, esto implica “dar lugar a acuerdos específicos” entre diversas instituciones y organizaciones sociales.
Fulco aseguró que confirmó los problemas identificados en los informes de organismos internacionales, a los que la coordinadora residente de la ONU en Uruguay, Denise Cook, hizo referencia. La funcionaria recordó el informe del relator contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez, que en 2012 recomendó utilizar sólo excepcionalmente la privación de libertad y fortalecer todas las medidas alternativas y comunitarias que eviten el encarcelamiento, además de adecuar los centros de Justicia juvenil a los estándares internacionales. También mencionó el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2014 exhortó al país a continuar desarrollando un sistema de Justicia que conste de profesionales debidamente formados para brindar atención a adolescentes en conflicto con la ley.
En diálogo con la diaria Fulco reconoció que el Sirpa está “tropezando” desde hace muchos años y es necesario poner en práctica los consejos y cambiar el rumbo del sistema “partiendo del principio de respeto de los derechos humanos de los adolescentes que están privados de libertad y de los que cumplen medidas alternativas”, indicó. Para ello se trabajará en “la detección temprana, individualizando factores de riesgo” para prevenir que se cometan delitos, de forma “más robusta y eficaz”. Además, indicó que también habrá cambios durante la institucionalización del joven y que es necesario tener presente el “impacto sobre las víctimas secundarias del delito”. Agregó que se deberá “profundizar en los estudios que den luz sobre los efectos negativos de la prisionización”, lo que implica la revisión continua de los modelos de tratamiento y prácticas, aseguró. Fulco dijo que deben “mantenerse activas las alertas” para promover la sustitución de la medida privativa de libertad. Según explicó Cook, el memorando establece un marco de trabajo para generar, principalmente, medidas alternativas a la privación de libertad, en pos de “que los jóvenes tengan mayores oportunidades de rehabilitarse, pero usando muchos otros instrumentos”. Entre ellos, se buscarán insumos y herramientas en “la comunidad, las instituciones educativas y la familia, para que no sea casi inevitable que acaben en un sistema de reclusión”, afirmó.
De ahora en más
Consultada por la diaria, Cook sostuvo que este marco de entendimiento marca el comienzo “de una serie de actividades de colaboración”: “Proyectos [para pensar y generar] medidas de prevención, educativas; convenios con organizaciones no gubernamentales; [identificar] prácticas que han tenido éxito en otros países para ver cómo adecuarlos a la situación uruguaya”, entre otros, señaló. Según la coordinadora, el objetivo del memorando es “encontrar una alternativa a la situación actual, que claramente no está funcionando”. En ese sentido agregó que “es necesario volver a pensar qué es lo que funciona y hace que un niño o niña deje de delinquir y tenga otras oportunidades”, finalizó. Por otro lado, Fulco especificó que el Sirpa está reescribiendo el Programa de Medidas Socio-Educativas de Base Comunitaria, que se lleva a cabo por organizaciones de la sociedad civil que tienen convenio con el Sirpa y se encargan de poner en marcha las medidas no privativas de libertad oficiales, pero que en la práctica son “respuestas” muy diferentes. Fulco aseguró que se están reuniendo con las siete organizaciones, con la intención de “homogeneizar” el servicio para que no haya “inequidades que generen bancos de injusticia”, lo que implica que según “la suerte que tengas y dónde te toque caer, te pueda ir mejor o peor con la medida” alternativa a la prisión. Aseguró que antes de fin de año terminarán de redactar el nuevo modelo y convocarán a las organizaciones no gubernamentales en convenio, se lo presentarán “y si están afín y tienen capacidad de alinearse negociaremos un nuevo convenio y empezaremos un 2016 con otra visión de cómo dar respuesta a las medidas alternativas a la prisión”.
A su vez, Fulco hizo hincapié en que para que el cambio sea posible, se debe sensibilizar a la sociedad para “que cuando se dice que hay menores que están desarrollando una medida alternativa no genere inquietud, miedo, inseguridad, y se cierren puertas”. Hay que dar a conocer los “beneficios de que los jóvenes asuman responsabilidades y estén en un proceso de tratamiento ambulatorio, [hay que] mostrar que es mucho más beneficioso que la prisión, que nos consta que tiene efectos muy negativos y a veces de tal magnitud que impiden que ese joven no pueda superar esta etapa por el resto de su vida”, afirmó.
Datos duros
El año pasado se procesó a 518 adolescentes en Montevideo: 252 por rapiña, 147 por hurto, 27 por receptación, 20 por homicidio, 19 por delitos relacionados con estupefacientes, 14 por lesiones graves, 12 por lesiones personales, cuatro por desacato y el mismo número por atentado violento al pudor y por violencia privada, tres por daño, dos por encubrimiento, por porte y tenencia de armas, y por traumatismo, y uno por amenazas, homicidio culpable, secuestro, arrebato, simulación de delito y copamiento. De ellos, 292 fueron privados del goce de su libertad y 226 fueron sancionados con medidas socioeducativas no privativas. En el interior del país se condenó a 922 y el hurto fue el delito con más procesados: 525. Si se tienen en cuenta los datos de las sentencias privativas de libertad desde 2009, se observa que siempre se procesó a más en Montevideo que en todo el interior, y que el año que más se recurrió a la privación de libertad fue 2010, cuando de un total de 1.450 procesados, 42% terminó encarcelado. El año pasado, de un total de 1.513, 33% cayó preso.