Según los referentes educativos del Cecap, que fueron testigos del hecho, el martes 10 de noviembre al mediodía un grupo de estudiantes del centro conversaba frente a la institución, sobre el murito del Centro Tiburcio Cachón. Paró un patrullero, que estaba fuera de su zona -pertenece a la 2 y estaban en la zona 3-, y de él se bajaron dos policías que quisieron cachear a los jóvenes. Una de las estudiantes se negó, alegando que era menor de edad y que, en todo caso, tendría que hacerlo una policía mujer.
Los dos policías se abalanzaron sobre ella, la golpearon con un puño, le tiraron del pelo, la pasaron de un lado del murito al otro y la insultaron. Ella gritó y lloró. Dos vecinos que pasaban por allí, un hombre y una mujer, fueron a ayudarla.
Mientras, los otros chiquilines del grupo corrieron al Cecap y avisaron a los referentes educativos qué estaba sucediendo a unos 100 metros de allí. “La están cagando a palos”, escuchó de la boca de uno de ellos la educadora Mayte García. Y corrió. Con ella salieron tres funcionarias más, que aseguran que escucharon los gritos de la joven desde mucho antes de llegar. Cuando llegaron, los dos vecinos intentaban explicar a los policías que no le pueden pegar a una estudiante, y los dos policías “forcejeaban” con la adolescente, que tenía los brazos en su espalda, bajo la presión de la cachiporra. Fernando Zas, uno de los educadores, contó que intentaron dialogar con los policías, para hacerlos entrar en razón, pero fue en vano. Cecilia Ferreira, también educadora del centro, les pidió que la soltaran, les dijo que la estaban lastimando; como respuesta recibió una amenaza: ser detenida por obstrucción del procedimiento policial.
Después llegaron tres patrulleros más. También lo hizo la coordinadora de la institución, Cristina Levaggi, que no fue reconocida como autoridad por la Policía; la directora no estaba. Uno de los autos traía a una policía mujer, que fue la que finalmente le puso las esposas a la chiquilina, y junto a otro funcionario, la arrastró hasta que logró meterla en el auto.
Segundos antes, uno de los educadores se había parado junto a la puerta del patrullero y repetía a los oficiales que había llegado la coordinadora del Cecap, que hablaran con ella. Otra vez, otra amenaza: “Si no te vas, te disparo”. Y la mano en la culata. Durante, antes y después, los policías decían su verdad: “Estos gurises de 15 años los mandan a ustedes”, les decían a los educadores. Se referían a ellos como “estos pichis de mierda”.
Para ese momento habían salido varios educadores más, y aunque la idea original era lograr que no se la llevaran, se conformaron con conseguir que los policías aceptaran que uno de ellos la acompañara. Simultáneamente, otros educadores intentaban contener a los demás estudiantes, que estaban indignados y sentían, como todos los allí presentes que no representaban a la fuerza policial, la impotencia a flor de piel. Los hicieron entrar al local del centro de estudio, pero los jóvenes, al ver que habían hecho ingresar a su compañera al patrullero, tiraron piedras. Los educadores los detuvieron inmediatamente, y llegaron a suspender a dos de ellas.
Pero la respuesta de la Policía fue inmediata: prendieron las sirenas y amenazaron, otra vez, con balear. Se desprendieron, por segunda vez, la canana. A todo esto, los dos vecinos que habían intentado proteger a la joven ya estaban dentro de un patrullero. Zas cuenta que pudo ver cómo uno de los policías provocó al hombre, tirándosele arriba y poniendo su cara muy cerca de la de él, pero no consiguió ninguna reacción violenta.
La misma cartera
Según el informe que la INDDHH elevó en 2014 a la Asamblea General, 16,5% de las denuncias iniciadas de parte o de oficio ante esa institución son contra el Ministerio del Interior. Le sigue con 10,2% el Poder Judicial. Desde Serpaj sostienen que la Seccional 12ª es la que tiene más denuncias de abuso.
A ella la pusieron contra el auto y con violencia, a los empujones, la metieron dentro. A él lo tiraron al piso, y con la rodilla de uno de los policías en la espalda, lo esposaron.
Mientras sucedía todo esto, Ferreira llamó al 08005000 -una línea que depende de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior (MI) y recibe llamadas relativas al funcionamiento policial- y denunció los hechos y el abuso.
El educador que acompañó a la estudiante contó que el patrullero iba rápido y aceleraba en las curvas, para que se golpearan. La joven les decía cosas, seguramente los insultaba, presume Zas, y ellos, provocadores, le ponían el radioescucha y le decían: “Dale, seguí hablando”, “dale, un poquito más”.
Los padres de la joven fueron a la comisaría de la Seccional 12ª, pero no les permitieron hacer la denuncia sobre los hechos de abuso. Levaggi, que también había ido, la pudo hacer horas más tarde, cerca de las 18.00, pero una vez que la administrativa le tomó los datos hizo un bollito con el papel y lo tiró a la cara de la madre. Los vecinos que también estaban ahí se fueron, sin explicaciones de por qué los habían llevado, dos horas y media después. A ellos tampoco les dejaron hacer la denuncia.
Lejos de amedrentarse por la denuncia de los educadores y Levaggi, los policías de la Seccional 12ª persiguieron el jueves 12 en moto a la joven cuando iba del Cecap a la casa; le gritaban cosas y la llamaban por su nombre. El viernes 13 la siguió un patrullero; esta vez iba con amigas, compañeras del Cecap, y aunque ella no lo puede asegurar, sus acompañantes dicen que eran los mismos policías que la golpearon. Se rieron de ella y se burlaron de que se había teñido el pelo.
Ese jueves los trabajadores del Cecap se reunieron en asamblea. Tomaron varias resoluciones, entre ellas hacer una relatoría de los hechos y la denuncia ante las instituciones que correspondan. Están preparando una denuncia penal.
El viernes se entrevistaron con Eduardo Florio, del MI, que les recomendó que hicieran la denuncia en Asuntos Internos. Sumaron 15 testimonios a la denuncia telefónica. Ese mismo viernes, Mauro Tomasini, del Serpaj, horas antes había acompañado a la joven a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para hacer la denuncia.
La revisó un forense. Se supone que esta semana el juzgado correspondiente recibirá el informe. A partir de entonces se definirá si la INDDHH hace una denuncia de oficio o penal.
Lo peor no empezó acá
Éste no fue el primer episodio de abuso policial que vivieron en el Cecap. Zas, Ferreira y García contaron que la violencia fue aumentando en cada instancia, y aunque el hostigamiento no comenzó el año pasado, recuerdan que en la segunda mitad del año tuvieron un encontronazo con la Guardia Republicana. Supuestamente, algunos estudiantes habían insultado a los miembros del grupo de choque, por lo que ellos, enojados, ingresaron a la institución. Los educadores tuvieron que mediar y explicarles que no podían entrar, y menos armados.
El 8 de junio, la Policía puso contra la pared y abrió de piernas y brazos a 12 estudiantes porque estaban fumando marihuana. Los cachearon.
Los educadores interfirieron, les explicaron cuál es la legislación vigente, y la respuesta que obtuvieron fue que algo tuvieron que haber hecho para conseguirla: cometer un delito. “Quedó claro que a algunos los ampara la ley, pero a otros no”, sostuvo Zas.
A fines de agosto también se vivió una situación violenta: tres policías entraron armados, persiguiendo a un muchacho que supuestamente había robado una bicicleta; los educadores aseguran que era suya e impidieron que se lo llevaran.
La conclusión que sacan los educadores es que cierto personal policial no está preparado para las funciones que desempeña ni para lidiar con adolescentes. Consideran que es inadmisible que en vez de cuidar a los jóvenes generen hechos de violencia. Sostienen que aunque ellos trabajan “todos los días para que los gurises vean en la Policía no a un enemigo sino a una fuente de protección”, estos hechos tiran abajo todo ese trabajo.
Tomasini aseguró que el problema es que en este país “un gurí casi no tiene garantías si no tiene acceso a la Justicia y un patrocinador pago”.
También ocurre que hay una política institucional sobre determinados grupos sociales -en los que “se depositan todas las culpas de los males sociales”-, diferente de la de otros, “porque generalmente los casos de violencia institucional son contra niñas, niños y adolescentes”. La mayoría ocurre en “lugares ilegitimados: en Cecap, clubes juveniles y liceos periféricos”.
“La política no se puede separar de las acciones concretas”, afirmó Tomasini, “aquí no hay mecanismos eficientes de respuestas estatales”.