La mesa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC), en la sala donde está el busto de José Batlle y Ordóñez, estaba rodeada por mujeres coloradas, entre ellas la diputada Susana Montaner y la prosecretaria nacional de Políticas de Género del PC, Andrea Maddalena, a quienes se sumaban los senadores Pedro Bordaberry y José Amorín, el diputado Germán Cardoso y tres representantes de la organización Mujeres de Negro. Al costado, algunos de pie y otros sentados, estaban los diputados Conrado Rodríguez, Fernando Amado y Tabaré Viera. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, y ayer, con la sala del CEN llena, los colorados sostuvieron su compromiso con el presente y futuro para “avanzar” y eliminar la violencia doméstica.
La primera en hablar fue Maddalena, quien señaló que desde hace tres años no se le realizan modificaciones a la Ley de Violencia Doméstica (la 17.514) y que su implementación “expresa debilidades significativas”, que involucran a diversos poderes y ministerios. También aseguró que el Poder Ejecutivo es el “responsable de priorizar recursos” para que se pueda lograr un mejor cumplimiento de la ley, y recordó que en este Presupuesto no se incrementaron los recursos destinados al Poder Judicial. Aseguró que el Estado debe “garantizar a la sociedad toda el control de la no violencia, especialmente la de género, considerando el derecho a la vida un derecho humano fundamental”, y cerró con el número de mujeres muertas por violencia doméstica en lo que va del año: 28 en 36 femicidios.
Bordaberry saludó a “todos, y todas, como se dice ahora”, y después empezó su discurso asegurando que “nos enfrentamos a un desafío que es muy grande y más profundo del que nos imaginábamos”: la violencia sexual, física, emocional y patrimonial hacia las mujeres, que se traduce, básicamente, en el “eterno conflicto entre el derecho y la pronta aplicación de la norma, la prevención”. El senador afirmó que “el gran cambio” fue la Ley de Violencia Doméstica, que se aprobó durante el gobierno de Jorge Batlle en 2002; sin embargo, aunque los “procedimientos legales nos daban muchos derechos en cuanto a defensa, muchas veces entraban en conflicto con evitar las muertes”. Explicó que eso está sucediendo “a gran escala en el mundo”, con el “terrorismo internacional”, y se trata de “un conflicto entre la protección de la vida y la aplicación de la norma; muchas veces las respuestas van más allá del derecho internacional, se saltean la aplicación de la norma para evitar muertes”, aseguró. Por eso, aseguró, el “desafío es conjugar el derecho con la defensa de la vida”. Además, dijo, les preocupa que “haya pocas instituciones especializadas específicamente en el tema, ya sean comisarías o juzgados”. Al igual que Maddalena, indicó que otra de sus preocupaciones es que el Ejecutivo le haya dado “presupuesto cero al Poder Judicial”, “sencillamente porque hay un enfrentamiento entre el titular del Poder Ejecutivo y el titular del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no ha hecho otra cosa que aplicar la ley con independencia absoluta”, aseguró. Bordaberry reafirmó su compromiso de “avanzar en la defensa de los derechos y libertad, pero sobre todo en la efectiva aplicación de la norma”.
Por su parte, Amorín afirmó que “aún quedan muchas cosas por hacer” en la materia, y es necesario “trabajar políticamente y con las organizaciones no gubernamentales”. Desde Mujeres de Negro, Nelly Guerra aseguró que “si no hay compromiso social, no puede haber justicia”.