Poco más de cuatro meses después de que el presidente Tabaré Vázquez frenara la construcción del proyecto que ocuparía el espacio físico donde estaba el Cilindro, el Poder Ejecutivo aprobó el decreto que, según informó Tolosa, autoriza a Antel a endeudarse por 58 millones de dólares, que permitirán financiar el resto del Antel Arena.
La CND ya está hablando con los bancos, que serán los únicos que podrán presentar ofertas, y luego se procederá con la selección, que será de “al menos uno” de los de la plaza, según adelantó Tolosa. Estimó que “para fines de año tendría que estar seleccionado y cerrándose las contrataciones”. Según dijo, además del Banco República hay “otros privados” interesados.
“Todo indica que estaremos en orden para alcanzar los plazos”, consideró Tolosa, en referencia al acuerdo alcanzado entre Antel y el SUNCA en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para retomar la obra civil el 12 de enero, una vez finalizada la licencia de la construcción, con la constructora Abengoa Teyma y los 150 trabajadores que fueron contratados inicialmente.
El secretario general del SUNCA e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT Daniel Diverio sostuvo que la decisión de crear el fideicomiso “no es la más feliz”, porque entiende que la estatal “está en condiciones de financiar la obra”, pero “es la decisión del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]”. Diverio dijo “saludar la decisión del gobierno de no ser terco”, lo que “habla de su capacidad de escucha y discusión”.
Se espera que con los nuevos plazos el complejo quede inau- gurado a mediados de 2018, según confirmó Tolosa, y se espera que a partir del reinicio de la construcción la obra tendrá “picos” en los que necesitará de 400 a 500 trabajadores.
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Además, Tolosa observó que falta un proceso formal que “se está iniciando” con el Tribunal de Cuentas, que en 2014 se pronunció sobre el convenio firmado por la Intendencia de Montevideo -dueña del predio- y la estatal. Alegando el “principio de especialidad” definido por la Constitución, el órgano sostuvo que la construcción del polideportivo y centro de espectáculos “no se encuentra dentro de los cometidos de Antel”, y por ende, la empresa pública no debería encargarse de ello.
El presidente de la empresa de telecomunicaciones, sin embargo, discrepa: incluye al Antel Arena dentro de un “paquete estratégico” con proyectos como la instalación de fibra óptica para hogares, la construcción de un cable submarino que conectará a Uruguay con la fuente de los servicios de internet y que potenciará hasta seis veces la velocidad actual de navegación web, el Data Center -“disco duro nacional” en palabras de la ministra de Industria, Carolina Cosse- que se está construyendo en Pando y la red LTE para navegación de los celulares. Para Tolosa, “ninguno de estos proyectos está aislado del otro”, sino que se enmarcan “en una estrategia global de desarrollo de servicios de internet”, en la que “el Antel Arena actuará como una usina de generación de contenidos que serán distribuidos en todo el país y exportados a la región y el mundo”, integrando así el “ecosistema digital local”.
Los representantes del Partido Nacional, Gustavo Delgado en Antel y Rodrigo Goñi Romero en la CND, votaron en contra de la iniciativa en sus respectivos organismos, amparados en la observación del Tribunal. Goñi dijo a la diaria que al proseguir con el fideicomiso, la observación “queda y listo, no hay mayor repercusión”, pero observó que “deja endeble la posición del Estado ante un eventual problema o reclamo que un tercero pueda hacer, y ahí desatar un problema judicial”.
Convención
Además de la posibilidad de realizar espectáculos deportivos, culturales y musicales, Tolosa sostuvo que en el Antel Arena “la idea es poder brindarles a los uruguayos un centro de convenciones disponible para Montevideo y el resto del país, con el costo correspondiente para cada uno de los organizadores, para poder sustentar la inversión y el mantenimiento del edificio”.
El SUNCA también celebra la construcción de este centro de convenciones, ya que “Uruguay es el único país de Latinoamérica donde no existe un complejo de este tipo”. “Profundiza los cambios porque es una ‘arena’ que encima está en manos del Estado y no de un privado, promoviendo el rol de las empresas públicas como motor de la economía” afirmó Diverio.