El demorado encuentro se concretó ayer, dos semanas después de las primeras actividades de la empresa en Montevideo y con las capacitaciones para puestos de chofer ya en marcha, con más de 3.500 postulantes inscriptos. Fue en el despacho del intendente, Daniel Martínez, y duró unos 40 minutos. Por el gobierno departamental estaban, además, el director de Asesoría Jurídica de la Intendencia de Montevideo (IM), Ernesto Beltrame, la directora de Movilidad, Beatriz Tabacco, y el director de Información y Comunicación, Santiago Brum. Del lado de Uber, el bogotano Gonzalo Araújo, gerente para Asuntos de América del Sur de la multinacional, y sus abogados.
Fue una charla “muy productiva”, dijo Araújo, apurado, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo después. La reunión era un primer acercamiento entre la comuna y la empresa, que se presentó formalmente y dejó una carpeta. El colombiano agradeció la generosidad del intendente, adelantó que habrá más reuniones y se alejó rápido de los micrófonos, cámaras y preguntas de los periodistas, pero prometió que se comunicarán los avances.
El director de Jurídica de la IM habló después, un poco más locuaz. “Ellos saben que las intendencias son las que regulan el transporte de los departamentos”, dijo, y citó la reglamentación vigente: el artículo 677 del Digesto Departamental -que prohíbe el traslado de pasajeros a cambio de dinero en vehículos no autorizados por la División de Tránsito y Transporte- y la ley orgánica para los gobiernos departamentales -que habilita a la IM a fijar las tarifas de servicio y las normas que regulan los servicios de transporte-. Uno de los dilemas que el gobierno de Montevideo deberá definir es, justamente, si la empresa se incluirá en ese rubro o en el de las aplicaciones tecnológicas, como pretende Uber.
“La regulación se hace pensando en bienes jurídicos superiores, como cuidar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas de Montevideo”, fundamentó el abogado ante la pregunta de por qué la reglamentación no se adapta a los cambios tecnológicos; aclaró que velar por esos bienes incluye, por ejemplo, que no se pueda trabajar en el transporte de pasajeros sin la libreta profesional.
Beltrame adelantó que el plan de la IM es llevar el tema al Congreso de Intendentes. La opinión de Canelones ya quedó clara en un comunicado que la IM difundió la semana pasada, que recuerda que hay un decreto, el 69, que prohíbe “la prestación onerosa de servicio de transporte de pasajeros [...] que carezca de la debida autorización”.
También se pronunció la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado que actúa en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. Según dijo el comisionado Javier Gomensoro a El Observador, la comisión entiende que una mayor cantidad de ofertas asegura la libre competencia, que beneficia al pasajero, y que la regulación no debe ser un pretexto para “perpetuar un monopolio”.
Pero la decisión determinante será la de Martínez, en base a las conclusiones de los departamentos de Movilidad y Jurídica de la IM, que analizarán la propuesta de Uber, aunque sin un plazo definido. “Aún no abrimos la carpeta”, se excusó el asesor jurídico de la intendencia.