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Protesta de taxistas contra Uber, el viernes, frente al hotel Holiday Inn. Foto: Juan Ignacio Mazzoni, EFE

Primera parada

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El gobierno creará una comisión para analizar el transporte público, Uber incluido.

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Los últimos días fueron moviditos para Uber, la empresa que hace casi un mes llegó a Montevideo con la idea de instalarse y que provocó la antipatía inmediata del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas y la patronal, el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (CPATU). Además, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, manifestó que para comenzar a operar en la ciudad Uber debería adaptarse a las normativas del transporte de pasajeros, una idea que desde la empresa rechazan porque, dicen, su rubro no es ése sino la informática.

El viernes, trabajadores del taxi se concentraron frente al hotel Holiday Inn, donde Uber dicta las capacitaciones para los más de 3.500 postulantes a conductores anotados. Una semana después de haber recibido a los representantes de Uber, ayer Martínez recibió en su despacho a Óscar Dourado, presidente de CPATU. La Asesoría Jurídica está estudiando la propuesta de la empresa, que según fuentes de la comuna, pretende instalarse también en Maldonado y Canelones.

Ayer se pronunciaron sobre el caso también desde el Poder Ejecutivo. A la salida del Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, adelantó que en un plazo de 48 horas se conformará una comisión interinstitucional para estudiar la situación del transporte público y sus “nuevas modalidades”, una no muy indirecta referencia a Uber. También se profundizará “en algunas carencias y limitaciones” del servicio de taxis. La comisión estará conformada por representantes de los ministerios de Industria, Energía y Minería, Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, y Transporte y Obras Públicas, y se vinculará con el Congreso de Intendentes por medio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia.

El presidente, Tabaré Vázquez, anunció que la comisión se pronunciará en una o dos semanas. “Hay que estudiarlo con mucha mesura y equilibrio”, dijo a la prensa, y agregó que, además de los derechos de los trabajadores, se debe contemplar el bienestar de los usuarios.

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