Los trabajadores de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) desalojaron ayer de noche la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que mantenían ocupada desde la mañana. Las autoridades de la SCJ habían solicitado el desalojo por entender que se estaba afectando el funcionamiento de la institución. El ministro de la SCJ Ricardo Pérez Manrique dijo a El Espectador que aunque coincida con los reclamos de los funcionarios del Poder Judicial, “es gravísimo que el sistema esté paralizado por reclamos salariales”.
Los trabajadores hicieron ayer una concentración en las afueras del edificio, en reclamo de mayor presupuesto para el Poder Judicial. En paralelo, ocuparon los juzgados letrados de San José y Durazno y realizaron un paro de 24 horas en Flores, Florida y Colonia, hasta las 16.00, hora en la que comenzaron un paro de todas las actividades.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, había anunciado que en caso de que no hubiera acuerdo, solicitaría al Ministerio del Interior (MI) el desalojo. Para Murro, estas medidas ponen en riesgo la seguridad de la población. “Ayer hubo que trasladar a un delincuente que iba a ser procesado en Ciudad de la Costa a otro juzgado, porque eso generaba riesgos ante las ocupaciones”, sostuvo.
Consultado por la diaria, el secretario general de AFJU, Carlos Fessler, explicó que el gremio resumió sus reclamos en tres puntos que planteó al Poder Ejecutivo: la incorporación al Presupuesto Quinquenal de cuatro artículos que implican un aumento salarial para los trabajadores; que no se vote el artículo 710 del proyecto de ley que da la potestad al Poder Ejecutivo de postergar el cobro de sentencias judiciales de carácter salarial; y que se incluya alguna partida para gastos de funcionamiento del Poder Judicial.
Según explicó Fessler, en la reunión de ayer Murro planteó la posibilidad de incluir en el Presupuesto uno de los cuatro artículos que planteaba la AFJU, pero aparecieron diferencias a la hora de poner números sobre la mesa. Mientras que Murro planteó la disponibilidad de incluir 14 millones de pesos para financiar el incremento salarial -que implicaría 235 pesos por funcionario judicial-, los trabajadores señalaron que de las cuatro posibilidades que plantean, la más barata cuesta 75 millones de pesos, que se traduce en 1.200 pesos para cada funcionario. A pedido de Murro, la negociación entró en cuarto intermedio hasta hoy, una forma de intentar acercar más los números a los reclamos de la AFJU.