Los principales gremios de la educación pública tomaron posturas diferentes con respecto a la propuesta de convenio colectivo presentada por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Poder Ejecutivo. El sábado, mientras que la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) aprobó la fórmula, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) no lo hizo. La Mesa Representativa Federal de la FUM-TEP aprobó por mayoría el convenio colectivo y habilitó a firmar el acta del acuerdo a sus negociadores, la presidenta de ese gremio, Elbia Pereira, y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.
La organización sindical comunicó que el convenio “contempla la totalidad” del Índice de Precios del Consumo (IPC) “a través de la fórmula de adelanto y correctivo anual, asegurando de esta manera el poder de compra”, y “un componente de crecimiento salarial de 3,53% cada año, la modificación de los topes salariales, partidas para abatir inequidades de 125 millones de pesos para 2016 y 150 millones para 2017”. Además se conforma un grupo de trabajo para distribuir las partidas de presentismo, que “llegarán a 1.000 millones de pesos en el año 2017”, y se incluyó una “cláusula de paz en la que las partes se comprometen a no tomar medidas que contradigan lo acordado”.
La resolución fue aprobada por 66% de los delegados de la FUM-TEP. La cláusula de paz no incluye las medidas que se puedan adoptar por reivindicaciones no salariales, como los reclamos por infraestructura, condiciones laborales o modificaciones de planes y programas, entre otros. El convenio se firmará por dos años, y se prevé que las negociaciones salariales se retomen en abril de 2017.
El mismo día en que la FUM-TEP se expresó favorablemente, en la Asamblea General de Delegados (AGD) de Fenapes no se alcanzaron los votos para aprobar la propuesta de convenio colectivo, a la que se le había realizado ligeros cambios en la redacción de la cláusula de paz y en el apartado sobre el cumplimiento de planes y programas, que la mejoraron.
Enzo Fagúndez, representante del Comité Ejecutivo de esa federación, explicó que por estatutos la iniciativa debía ser aprobada en dos votaciones, una por filiales y otra por delegados. En la primera hubo 27 votos por la afirmativa y 21 por la negativa. Sin embargo, para “refrendar la resolución”, “esa mayoría de filiales debe representar la mayoría del número de delegados”, por lo que “cuando se consideró la ponderación”, no se alcanzó la mayoría simple, con un resultado de 98 votos por la positiva y 111 por la negativa, relató.
En esta segunda votación, las numerosas delegaciones de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria y de las filiales de la zona metropolitana fueron determinantes en el rechazo a la propuesta. Un participante de la AGD informó que los argumentos por la negativa no se centraron en “lo económico o salarial”, sino en “valoraciones más políticas”. Esta resolución de la AGD podría ser reconsiderada en el XV Congreso de Fenapes, que se realizará del 10 al 13 de diciembre, ya que por estatutos es la máxima instancia resolutiva de ese sindicato.
En este momento, la situación implica que los profesores sólo recibirán ajustes salariales por el IPC, pero no el incremento de 3,53% anual de recuperación salarial. Vale recordar que en principio el Presupuesto establecía que, de no llegarse a un acuerdo con los docentes, el monto destinado a crecimiento salarial fuera reorientado a gastos en infraestructura, pero eso se modificó y las partidas irían a formación y programas educativos.
La Intergremial de Formación Docente, el gremio de los docentes del Consejo de Formación en Educación, también aprobó la propuesta del Codicen y del Poder Ejecutivo, mientras que la Asociación de Funcionarios de UTU tomará una resolución esta semana.