Uruguay y Nicaragua fueron los primeros países en ratificar el “Protocolo sobre comercio ilícito de tabaco”, que aún no está vigente porque se necesita que un mínimo de 40 países lo revaliden, y hasta el momento sólo lo han hecho 11. Sin embargo, el servicio médico del Poder Legislativo ayer llevó a cabo un debate en torno a los desafíos de su implementación, que provoca cambios en el control, fiscalización, distribución y comercialización del tabaco con el fin de eliminar su contrabando y producción ilícita. Según explicó el asesor legal regional de la Unión Internacional de Lucha contra Enfermedades Respiratorias y Tuberculosis, Gustavo Sóñora, el Protocolo implica que se generen licencias, que se aplique la diligencia debida al vender, que se implemente un sistema de Rastreo y localización de los productos, y que se sancione debidamente las infracciones. Desde el Programa de Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública, Winston Abascal exhortó a la comunidad internacional a revalidar el tratado para que entre en vigor lo antes posible.
Sóñora señaló que una de las medidas más fuertes que se deberán implementar es la generación de licencias para quien distribuya, exporte o importe tabaco, y después, maquinaria de fabricación. A su vez, señaló que el Protocolo recomienda que existan licencias para quien venda, distribuya al mayor y menor y cultive tabaco. Por otro lado, aseguró que también se deberá conocer al cliente -lo que se conoce como diligencia debida- para “saber a quién le voy a vender y por qué me está pagando lo que me está pagando”. Por último, sostuvo que los envases externos del tabaco, las cajetillas y el empaque para su distribución deberán tener una marca indeleble, para que puedan “ser seguidos desde el momento en que se envasen hasta su consumo final”, medida que permitirá identificar si existe una “desviación en el tránsito de ese producto”.
En cuanto al consumo de tabaco legal e ilegal, el economista del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo en Uruguay, Dardo Curti, brindó varias cifras. Señaló que en el 30% más pobre de la población uruguaya, 26% lo consume, y que en el 30% más rico, la prevalencia es de 21%. Además, el consumo es más acentuado en los hombres que en las mujeres: en el tercil de menores ingresos, casi 33% de los hombres consumen, en contraste con el 17% de las mujeres. Por otro lado, destacó que en 2001 los jóvenes escolarizados de entre 13 y 17 años consumían casi cuatro veces más que en 2014: se pasó de 32,3% de prevalencia a 9,2%, según los datos de la Junta Nacional de Drogas. En ese sentido señaló que 90% de los consumidores comienza a fumar en esos años, y que cuanto más tarde se empieza a consumir, mayor es la probabilidad de tener éxito si se intenta abandonar.
Respecto de la distribución del mercado, dijo que 60% está dominado por los cigarrillos legales, un tercio por el tabaco para armar y el resto por el mercado ilegal. Sobre este punto afirmó que la mayor parte del tabaco procede de Paraguay, y que uno de los grandes desafíos es controlar ese mercado en los negocios legales, ya que son los que más comercializan tabaco de contrabando. Los números indican que el tabaco de armar es entre 80% y 85% más barato que los cigarrillos legales, y 60% más barato que los ilegales.