A pesar de su nombre, el Tratado de Asociación Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés) no contiene ninguna disposición que limite la participación exclusivamente a los países con costas al Pacífico. En base a los textos del acuerdo firmado en octubre, que trascendieron el 5 de noviembre, la organización ambientalista internacional Redes Amigos de la Tierra elaboró un documento de análisis, comparando el tratado con el Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés), cuya negociación en curso el gobierno uruguayo resolvió abandonar.
Redes apunta que existe “un fuerte desbalance dentro del bloque negociador” y que pese a esto, “el acuerdo no prevé ningún tipo de cláusula de tratamiento diferenciado en función del desarrollo económico relativo”. Señala como riesgos del acuerdo, entre otros, las disposiciones vinculadas a las empresas y monopolios del Estado, que son similares a las del TISA. En esta materia, se establece el principio de “neutralidad competitiva”, que significa que las empresas públicas estatales no podrán discriminar a favor de proveedores nacionales o de otras empresas públicas en sus compras de bienes o contrataciones de servicios, “de forma que se limita la capacidad del Estado de aplicar políticas de promoción del desarrollo productivo” y del empleo, advierte Redes. Al mismo tiempo, se prohíbe el otorgamiento de ventajas por parte del Estado a las empresas públicas, incluyendo los subsidios y créditos preferenciales, entre otros. Éste es, señala la organización, “un punto de especial vulnerabilidad para los países en desarrollo, en particular para Uruguay, teniendo en cuenta la tradición histórica de defensa de las empresas públicas y su rol activo en las políticas públicas para el desarrollo nacional”.
También son similares a las del TISA las disposiciones vinculadas a telecomunicaciones y comercio electrónico, que promueven la apertura del mercado a los operadores extranjeros, indica Redes. En definitiva, son asimilables a los textos del TISA los compromisos que asume el TPP en materia de servicios: “Vocación de incorporación de un amplísimo conjunto de actividades bajo el concepto de servicios comercialmente intercambiables, presión sobre las reglamentaciones nacionales y la dinámica de adopción de compromisos mediante listas negativas”.
En cuanto al mecanismo de solución de controversias, el TPP dispone que en materia de propiedad intelectual se deberá recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo que Uruguay conoce, porque allí se dirime el conflicto con la tabacalera Philip Morris. Redes advierte que se desconocen de esta forma “las deficiencias” del CIADI y “las amenazas a la soberanía nacional que representa”, al no tener “garantías de imparcialidad, criterios de justicia” ni “mecanismos claros de apelación”, y debido a su “histórica tendencia a fallar contra los estados e imponer pago de sumas millonarias”.
El capítulo sobre propiedad intelectual endurece las medidas de protección de los derechos de autor: se establece un aumento de 20 años de la disposición monopólica de las obras respecto de las obligaciones internacionales vigentes actualmente para los estados en función del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; el sistema de protección alcanza a los prestadores de servicios de internet e incluso a los usuarios particulares. “Se aplica una lógica que hace primar el interés individual monopólico (empresarial del editor) en contra de la difusión de conocimiento y el acceso a la cultura, impropia para la realidad de la sociedad de la información en la que vivimos”, cuestiona Redes. “Más sensibles aun son las disposiciones sobre las patentes farmacéuticas”, agrega, y recuerda que organizaciones como Médicos Sin Fronteras han declarado que las obligaciones establecidas por el TPP “pondrían en riesgo la salud de la población al dificultar el acceso a los medicamentos por el aumento de su precio a través de la extensión de los monopolios de los detentores de patentes y el retardo de la entrada de genéricos”.