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Diputado blanco asegura que la reforma constitucional que estudia el FA es una “amenaza” a los principios democráticos.

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Mientras en la interna del Frente Amplio (FA) todavía discuten una propuesta de reforma constitucional, algunos dirigentes de la oposición ya empiezan a posicionarse y a tomar cartas en el asunto.

La Comisión de Reforma Constitucional del FA presentará este sábado un documento con diez puntos de acuerdo, no muy específicos, para establecer cambios en la actual Constitución. Entre los puntos acordados, la comisión del FA propone constitucionalizar “la mayor parte de los nuevos derechos obtenidos a nivel legal”, expresó uno de los integrantes de este cuerpo, Daoiz Uriarte. Entre los derechos a incluir enumeró el fuero sindical, la negociación colectiva, la implementación del Fondo Nacional de la Salud, el matrimonio igualitario y los tratados de derechos humanos incorporados por Uruguay. El aborto y la legalidad del cannabis, en tanto, son modificaciones del derecho penal, sostuvo, no son materia constitucional. La propuesta de la comisión del FA también planea incluir el voto en el exterior y fortalecer al Poder Legislativo en detrimento del Poder Ejecutivo (por ejemplo, eliminando las leyes de urgente consideración y modificando el veto presidencial). Además, se planea modificar algunos aspectos del Poder Judicial para garantizar que sea “independiente y eficaz”, aunque todavía no está demasiado claro en qué forma. Una de las propuestas, explicó Uriarte, es constituir una Suprema Corte de Justicia (SCJ) “por sala”, que cambie su integración en función de los temas que vaya a tratar, dado que se entiende que es más práctico que una integración con cinco miembros que “tienen que saber de todo”. Otra propuesta consiste en crear un Tribunal Constitucional que se dedique exclusivamente a asuntos constitucionales, sin eliminar la SCJ. “Debería estar integrado con independencia e imparcialidad, igual que la SCJ”, dijo Uriarte.

La propuesta de la comisión del FA también busca darles “rango constitucional” a los municipios y a la Junta de Transparencia, fortalecer la incidencia del Tribunal de Cuentas y habilitar el control público de las sociedad anónimas que pertenecen al Estado. Además, se buscará definir en la carta magna “la integración regional como eje de la inserción internacional en nuestro país” e incorporar nuevos tipos de propiedad, más allá de la privada, “que de alguna forma ya son privilegiadas por el Estado, como la cooperativa”. “No se va a eliminar la propiedad privada”, aseguró Uriarte.

Entre los temas que todavía no cuentan con un nivel de acuerdo mínimo en la comisión están la reforma del sistema electoral (algunos sectores quieren eliminar el balotaje si un partido obtiene más de 45%, o si gana con más de 40% y 10% de ventaja sobre el segundo partido) y la posibilidad de incluir el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. También está en discusión el propio mecanismo que se utilizaría para reformar la Constitución: mediante la obtención de firmas o por una Asamblea Constituyente.

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Ayer el espacio nacionalista Fundación Casa de los Lamas utilizó la fecha conmemorativa de los 35 años del plebiscito que rechazó la reforma constitucional de 1980 para realizar comparativos con esta iniciativa del FA. “35 años después, desde el FA se proyectan reformas que amenazan la democracia, los derechos individuales, el sistema republicano de gobierno y la independencia del Poder Judicial. Corresponderá al pueblo, una vez más, impedirlo”, dice la declaración de la Fundación.

Esta comparación fue hecha por los cuatro oradores del acto: el diputado Rodrigo Goñi, el presidente de la Fundación Casa de los Lamas, Carlos Julio Pereyra, el ex senador Juan Martín Posadas y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre.

Goñi dijo que a pesar de que la propuesta no esté formalmente aprobada en el FA, “si uno no enfrenta la situación, lo que se permite es que el tema ya vaya entrando, se dé por aceptada la reforma y el debate quede en temas superficiales y de frivolidad. Entonces, cuando queremos acordarnos, la reforma ya está adentro. ¡Con las cosas que están anunciando ya basta!”.

Goñi asegura que habrá dos puntos en la propuesta del FA que son especialmente peligrosos. Uno de ellos es crear un Tribunal Constitucional con una de las competencias que hoy tiene la SCJ: “Afecta los principios básicos republicanos”, sostuvo. A su vez, considera que modificar el derecho de propiedad es “gravísimo”. Según sostiene, se apunta a “limitar” este derecho para “seguir quitándole espacio a la iniciativa individual”. Para Goñi, la “real finalidad” de la reforma es “facilitar el tránsito hacia el socialismo del siglo XXI, cuyo modelo inocultado e indisimulado por los sectores que la proponen es el modelo chavista bolivariano”. Durante el acto, Posadas también aseguró que tanto la idea de la reforma electoral de 1980 como la iniciativa del FA “se ajustan a una idea preconcebida de dominación sobre la sociedad”.

Al finalizar el acto, Goñi sostuvo que la reforma del FA es una auténtica “amenaza” contra “los principios democráticos y republicanos”: “No somos reaccionarios. Somos responsables y patriotas”.

Déjenme participar

Si bien el Partido Independiente no tiene un particular interés en reformar la Constitución, su Convención Nacional aprobó una serie de puntos a impulsar en caso de que hubiera un debate sobre este tema. El partido se manifiesta a favor de un régimen parlamentarista, propone eliminar definitivamente los sublemas en las elecciones, separar aun más los comicios nacionales de los departamentales, eliminar el balotaje en caso de mayoría absoluta y llevar la representación proporcional a las juntas departamentales. A nivel administrativo, se propone fortalecer el Tribunal de Cuentas, trasladar a este organismo el contralor de la financiación de los partidos y someter a las sociedades anónimas con participación del Estado a los mismos controles que las empresas públicas.

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