Se nos viene fin de año, y la Cámara de Diputados se está apurando para aprobar la ley que reduce el nivel permitido de alcohol en sangre para conductores. La Ley Nacional de Tránsito exige tolerancia cero para conductores profesionales, de camiones de carga y de ambulancias; la nueva norma extiende ese criterio al resto, que hoy tiene un máximo permitido de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Dos legisladores blancos intentaron, sin éxito, agregar otras restricciones. El senador Javier García propuso que también se prohibiera el consumo de cocaína y marihuana, pero el oficialismo no acompañó y no alcanzaron los votos. Por su lado, el diputado Amín Niffouri planteó que las limitaciones se apliquen sólo a los menores de 25 años, pero su propuesta no tuvo apoyo de otros legisladores ni de la estadística: según datos de la Unidad de Seguridad Vial (Unasev), las mayores cantidades de alcohol en sangre este año se encontraron en personas de entre 30 y 54 años.
Ayer, la Comisión de Adicciones de Diputados se reunió para darle los últimos retoques al proyecto de ley, que la cámara aprobará hoy, el último día de la legislatura, antes de que el Parlamento entre en receso veraniego. Y fue ayer que, sobre la hora y con la decisión encaminada, los diputados citaron a representantes del sector del vino para que vertieran sus opiniones.
Primero entraron voceros del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), organismo vinculado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con un directorio integrado por representantes del Estado y de los productores. “Queremos ser parte de la solución y no del problema”, dijo a la salida de la comisión José María Lez, enólogo y presidente de Inavi. Según Lez, hay interés por parte de los bodegueros en promover el consumo responsable: “Nos preocupa el negocio, pero el sector no sólo ve esta problemática como una cuestión de números”.
Los cabezas de la industria del vino -que generó 66 millones de litros este año, ocupa 7.200 hectáreas de tierra y da trabajo a unas 50.000 familias- reconocen que sus intereses se ven afectados con el avance de las restricciones, pero se mostraron interesados en colaborar. “No nos aburrimos de decir que antes que nada nos preocupa bajar la siniestralidad y la adicción al alcohol”, dijo a la diaria Gustavo Redin, presidente de la Organización Nacional de Vitivinicultores, una de las gremiales.
Sin embargo, aparecen cuestionamientos desde el sector. Para Redin, es una medida “de corte más publicitario que efectivo”. El argumento: no hay datos científicos que comprueben que 0,3% de alcohol en sangre implique un mayor porcentaje de siniestralidad que 0%. “Si tuviéramos un informe de Unasev al respecto, apoyaríamos fervientemente esta ley”. Tanto el presidente de Inavi como los productores coinciden en que el rubro está sufriendo cambios culturales que se reflejan en los números (en los últimos diez años el consumo bajó casi 30%, aporta Lez) y en que la incidencia de la bebida en los accidentes de tránsito es mínima. Redin cree que, incluso, la ley puede ser contraproducente: “Algunos países, como Rusia, han tratado el consumo de otros alcoholes más pesados, como el vodka, alentando el consumo de vino. En Uruguay, lamentablemente se está dando el proceso inverso: si le pegamos al vino, estamos afectando una bebida más compleja, más asociada al ‘placer inteligente’, a la familia, a la comida. Si en una cena en la casa alguien se tomó una copa de vino y tiene que llevar al hijo al médico, no puede. Si sale a comer a un restaurante y se toma una copa -un consumo absolutamente responsable-, tampoco”.
El pedido concreto de los bodegueros fue un poco más de tiempo para que los actores involucrados pudieran estudiar el tema. El diputado del Partido Independiente Daniel Radío propuso una moción para aplazar la votación -que habría implicado reanudar la discusión el año que viene- y logró el apoyo de los diputados blancos Martín Lema y Álvaro Dastugue, pero perdieron por tres votos contra cuatro.
“Consideramos que el proyecto de ley es positivo y que da un mensaje muy necesario”, dijo Dastugue a la diaria, pero agregó que se podría haber involucrado más al sector del vino. “Reaccionamos tarde”, reconoce Redin. Tampoco los invitaron a la Comisión Multipartidaria para la Regulación del Consumo de Alcohol. Ayer lograron reunirse con Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia, para plantear sus reclamos y pedir una reunión con Tabaré Vázquez.