El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió ayer una declaración acusando a la presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco, de desarrollar “una serie de mensajes y lineamientos que apuntan a una clara desarticulación del sistema”. Cuestiona la reapertura del centro Ser de Colonia Berro, la presentación de un organigrama que evidencia “la clara orientación represiva del sistema, desconociendo los programas que apuntan a la inclusión real de los jóvenes desde la perspectiva del trabajo y el estudio, como por ejemplo el Programa de Educación, el Programa Técnico Psicosocial, el Programa de Medidas Curativas y el Programa de Inserción Social y Comunitaria”. Sobre este último, la central sostuvo que está siendo “desmantelado brutalmente por las autoridades”. Fulco dijo a la diaria que el Secretariado del PIT-CNT no está defendiendo estos programas sino “intereses individuales” de funcionarios.
La central sindical también cuestionó el Programa Nacional de Seguridad del Sirpa, que se presentó el lunes, porque sostiene que “persigue métodos represivos y de ‘mano dura’”, dando “un claro mensaje hacia la militarización del sistema”. Fulco argumentó que con este programa se buscó la creación de un cuerpo de seguridad porque el existente estaba “bastante diezmado y deshilachado”: había pocos funcionarios que cumplían esa tarea y muchos se retiraron recientemente. Explicó que se contrató y capacitó a 40 personas para que operen “en forma preventiva para garantizar la seguridad”, “con modelos de buenas prácticas de países que ya han recorrido esta experiencia y que están ajustados a derecho”. “El hecho de ver gente prolija, con su uniforme de trabajo, seguramente es lo que distorsiona y lleva a afirmar lo de la militarización. Pero sólo están con un uniforme azul de trabajo”, señaló Fulco.
La presidenta del Sirpa consideró que la declaración del PIT-CNT es “una nota bastante confusa, que distorsiona la realidad y confunde a la opinión pública”, y que “defiende intereses individuales de los funcionarios”. “La gestión es privativa de la administración, y busca el bienestar de jóvenes y funcionarios, siempre con parámetros de protección de derechos e inclusión”, sostuvo.