El sábado 22 de agosto, un clima tenso recorría el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), tras el procesamiento de 17 funcionarios con prisión y de ocho sin prisión por delitos de tortura. Una carpa en las afueras del Centro de Medidas de Contención (CMC) era escenario de negociaciones entre las autoridades del Sirpa y funcionarios del Centro de Privación del Libertad que realizaban una huelga por los procesamientos y en reclamo de garantías laborales. A las 18.40, la carpa estaba llena de funcionarios y el complejo de reclusión casi vacío: sólo quedaba un encargado de seguridad, un cargo de confianza de Gabriela Fulco, presidenta del Sirpa.
En el módulo E del CMC, los adolescentes comenzaron a arrojar objetos y a golpear las puertas de las celdas. Un joven prendió fuego un colchón. En el módulo C no había ni un funcionario que controlara: un recluso rompió un candado y se dedicó a desmantelar los del resto de las celdas y a liberar a 18 de sus compañeros. Ante los primeros disturbios, se llamó al juez, y cuando la situación llegó a oídos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), ésta envió a uno de sus integrantes, que llegó a las 21.00. La Guardia Republicana llegó por pedido del juez de adolescentes Alejandro Guido. Según la versión oficial de los policías, los jóvenes estaban “rompiendo todo”, pero desde la INDDHH dicen que es una conclusión exagerada.
Se trató de negociar con los jóvenes, que además no comían hacía horas debido al paro de funcionarios -y su falta de guardia gremial-. Los llevaron a un salón multiuso del centro y los requisaron, pero uno de ellos rompió una lamparita de luz y la Guardia intervino: los esposaron y a las 23.00 los metieron en un ómnibus para trasladarlos a un hogar en la calle Burgues. El viaje duró ocho minutos. Fue en un ómnibus negro y, además de los reclusos, esposados, había cinco agentes de la Republicana y un conductor, al contrario de lo que dispone el protocolo, que obliga a que funcionarios del Sirpa -los que estaban de huelga- acompañen en el viaje para evitar abusos, una medida que recomiendan los estándares internacionales sobre menores privados de libertad. Los jóvenes reclusos habían roto candados, escupido a los policías y entonado cánticos agraviantes, según ellos mismos y el conductor del ómnibus. Los oficiales de la Republicana apagaron las luces y los subieron a una zona de carcelaje, que ocupa la parte trasera de este tipo de coches. Entonces empezaron los abusos.
“Bienvenidos al infierno”, les dijeron, según las versiones de los reclusos en el auto de procesamiento y del chofer del vehículo, crucial para la sentencia. Ahora los cánticos ofensivos eran de los policías, pero no se quedaron en ésa. “Si los mirabas te pegaban, y si no mirabas también”, dijo uno de los adolescentes. Se turnaban para golpearlos. Incluso, la investigación llegó a la conclusión de que, en el medio del camino, el ómnibus paró y subió un integrante del grupo Pumas, que golpeó a uno de los trasladados hasta que se le rompió el bastón: le causó hematomas en el ojo y el cráneo, un corte de tres centímetros, y después se bajó. “Traumatismos de cráneo, hematomas en cueros cabelludos, en región occipital, en miembros superiores e inferiores, heridas cortocontusas, equimosis en tórax, muñecas” son elementos que aparecen en el informe forense posterior y que confirman las versiones de las víctimas. Además, pasaron varias horas antes de que recibieran asistencia médica.
Ayer, la Justicia procesó con prisión a tres de los oficiales por abuso de autoridad y reiteradas lesiones, y al integrante de los Pumas por abuso y lesiones no reiteradas, porque el único golpe que dio fue con el que rompió su bastón. El auto de procesamiento dice que “sometieron a los adolescentes a insultos y rigores no permitidos” y califica el hecho de “salvajismo”. Unas cuantas fotos que un integrante de la INDDHH tomó de los jóvenes sirvió como prueba. Desde la institución denuncian también que en el momento de declarar son los mismos policías acusados los que conducen a las víctimas a los juzgados. Un comunicado que difundió ayer el Sindicato Único del INAU cuestiona que mientras a los funcionarios del Sirpa se los procesó por tortura, a los policías de la Guardia Republicana les imputaron delitos menos graves, como abuso y lesiones. “Frente a estos dictámenes tan diferentes, la única que debe estar en tela de juicio es la propia Justicia”, concluyen.