El Poder Ejecutivo (PE) anunció ayer que otorgará una partida de 246.000.000 de pesos para distribuir entre la totalidad de los funcionarios judiciales. Si se reparte equitativamente, representaría el 8% de aumento salarial que preveía la Ley 19.310; 18% menos de lo que pedía inicialmente el Poder Judicial (PJ) tras el conflicto salarial surgido a raíz de la ley de Presupuesto 2011-2015.
En otras palabras, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) determinó la inconstitucionalidad de los artículos 2, 8 y 9 de la Ley 19.310, y mantuvo la vigencia del artículo 3, que determinó el aumento de 8% para los funcionarios judiciales. El gobierno reglamentará el artículo 3 de la ley, aprobada en diciembre de 2014. El mencionado artículo estipula que el aumento debe ser ejecutado en el marco del actual Presupuesto, antes del 31 de diciembre. Para lograrlo, representantes del PE, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, y de los gremios judiciales se reunirán para negociar su implementación. La primera reunión será el martes 8 a las 15.00.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, aseguró que la resolución de la SCJ “tiene impactos mucho más grandes que lo que estábamos negociando para este Presupuesto”. Indicó que el PE tuvo una actitud “correcta” al esperar el pronunciamiento de la SCJ y de “cumplimiento y ejecución” en menos de 48 horas, lo que evidencia su “compromiso” en cumplir con la ley. Desde la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, su secretario general, Carlos Fessler, aseguró que valoran “positivamente” la respuesta del PE. Afirmó que Murro acordó generar otro ámbito de trabajo para plantear y discutir “las diferencias” que tienen los gremios con el gobierno. Por las diferencias es que sigue en pie la manifestación que se realizará hoy a las 14.00 en la plaza Libertad.