La prensa (ver ladiaria.com.uy/articulo/2015/12/otros-campos) da cuenta de una situación de tensión entre los maestros rurales, con el respaldo de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), y el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), con motivo de la Resolución Nº 68 adoptada el 1º de diciembre por este Consejo y difundida mediante su Circular Nº 114 de la misma fecha. Por dicha resolución, se adscribe el Centro Agustín Ferreiro (CAF) al Instituto de Formación en Servicio. Las declaraciones adoptadas por colectivos de maestros rurales y el contenido de la página web del CEIP me llevan a formular la siguiente declaración personal.
El grado de especificidad que se ha de dar a la educación primaria en el medio rural ha dado lugar a reiteradas polémicas, que a nosotros nos vienen de los tiempos de Varela y que en América Latina se han manifestado pendularmente según las políticas de priorización del desarrollo rural en el contexto del desarrollo global nacional. La existencia del CAF con responsabilidad de gestión del Departamento de Educación para el Medio Rural (DER) ha venido demostrando en los últimos años el reconocimiento por parte de los sucesivos gobiernos de la necesidad de articular en la educación del niño campesino el logro de los fines generales de la educación primaria nacional con las características propias del medio rural, “teniendo en cuenta las especificidades del medio en que se desarrolla”, tal como dice el artículo 34 de la Ley Nº 18.437 vigente.
La adscripción del CAF al Instituto de Formación en Servicio ahora dispuesta por el CEIP constituye para mí una medida que favorece mucho más la homogeneidad curricular de la educación que se imparte en áreas diferentes que la continuidad de la política de complementariedad curricular expuesta en el párrafo anterior, con pérdida de la identidad que se venía asignando a la educación en el medio rural.
Tal medida constituye un error que convendría rectificar lo antes posible. Todo lo que pueda debilitar el aporte de la educación, incluyendo la primaria, que es la única que recibe la mayoría de nuestros niños del campo, debe ser evitado. Poco se interesa la sociedad uruguaya por la situación de nuestro agro, pero el país continuará viviendo primordialmente de la producción agropecuaria y agroindustrial. Los modelos que se vienen aplicando a esta producción no son satisfactorios. A la tradicional extensividad de nuestra producción ganadera estamos agregando la exagerada vastedad de las explotaciones agrícolas de avanzada, con sus correlatos de extranjerización, tendencia al monocultivo, encarecimiento abusivo de la tierra, contaminación, maltrato de nuestros suelos y vaciamiento demográfico de un campo que hoy retiene apenas a 5% de la población nacional. La escuela rural y sus maestros han luchado siempre y últimamente lo vienen haciendo en acciones conjuntas con otros organismos, en particular el Instituto Nacional de Colonización, a favor de la primacía de un modelo agropecuario basado en la mediana propiedad, en la explotación familiar, en la retención de la población, en las bases científicas del trabajo, para lo cual necesitamos que la educación de niños, jóvenes y adultos sea no sólo de calidad sino de una calidad pertinente según las potencialidades del medio y según el derecho de las familias campesinas a la prosperidad, la salud, la cultura, en una palabra a la felicidad, sin que para lograrla sea necesario emigrar a pueblos y ciudades.
El DER y en su órbita el CAF vienen realizando una destacada labor de perfeccionamiento docente, que no corresponde inventariar en este espacio. Conozco a su personal directivo y técnico, he asistido repetidamente a sus cursos y seminarios, a reuniones de carácter internacional auspiciadas por entidades que contribuyen al desarrollo rural al ampliar, con sus aportes técnicos, la formación que los maestros rurales reciben en el CAF. Tal como ha venido funcionando, el CAF es uno de los motivos de orgullo de nuestra educación pública. A lo largo de más de medio siglo, el CAF ha adquirido un carácter simbólico reconocido en todo el territorio nacional y en la región. Me honro en haber sido uno de los profesionales (tal vez el único que hoy sobrevive) que en 1959 propusieron al Consejo de Primaria la instalación en Cruz de los Caminos del Instituto Normal Rural. Ahora, por razones confusamente explicadas en la Resolución Nº 68, el CAF queda adscrito al Instituto de Formación en Servicio. No entiendo la necesidad de tal medida, como tampoco entiendo la existencia del Instituto de Formación en Servicio en primaria, como tampoco entiendo que la ley vigente haya aprobado en 2008 la creación del Instituto Universitario de Educación y nos hayamos tenido que conformar con la creación en 2010 del Consejo de Formación en Educación, como órgano dependiente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, mientras todo el país clama por la superación de todas estas instancias mediante la esperada fundación de la Universidad Nacional de Educación, hoy bloqueada en el Parlamento. Quiero decir que mientras no resolvamos con coraje y racionalidad la estructura universitaria de toda la formación y el perfeccionamiento docentes del sector público, y mientras no dispongamos de un Plan Nacional de Educación a mediano y largo plazo, que resignifique las partes del sistema a la luz de políticas educativas globales debidamente definidas, es mejor no seguir alterando, con medidas inmaduras, el funcionamiento de lo ya existente y dejar como está lo que hoy funciona bien, como es el caso del CAF.
Percibo también, y lo lamento mucho, métodos erróneos de gestión. A esta altura del discurso participativo, me parece preocupante que en la Resolución Nº 68 no consten los resultados de ninguna consulta efectuada a la comunidad educativa respecto del cambio resuelto y que la “participación” de dicha comunidad se limite al mandato de su artículo 3º que dice: “Cursar oficio a la Federación Uruguaya de Magisterio y al Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya, difundir por circular, incluir en la página web del Organismo, comunicar a la Inspección Técnica y pase al citado Instituto a todos sus efectos”. Me permito recordar que la ley vigente confiere a las Asambleas Técnico Docentes, no mencionadas en el documento aludido, “función consultiva en aspectos educativos de la rama específica y de educación general” y que los sindicatos de docentes, como es el caso de la FUM, han protestado reiteradamente por enterarse, a posteriori de su adopción y sin previas consultas, de resoluciones de las autoridades. Me sorprende leer que a la Inspección Técnica del CEIP se le “comunicará” la Resolución Nº 68, lo que lleva a pensar que dicha Inspección, cúpula técnica del subsistema, no estaba al corriente de la iniciativa. No quiero abusar de la indulgencia del lector, pero deseo sugerirle la lectura del Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, que dice: “Ninguna reforma de la educación ha tenido nunca éxito contra el profesorado o sin su concurso”.
Sin ninguna duda, gobernar es difícil y conformar a todos los ciudadanos es tan imposible como indeseable. El debate, la controversia, la confrontación de ideas son necesarios, y, bien organizados, sus resultados son provechosos. Para poder seguir trabajando por un mundo no sólo distinto sino mejor, los cambios, por no decir las transformaciones, son indispensables. En gran parte, la aceptación de un cambio depende de cómo se lo ha adoptado. Cambios mal procesados conducen a conflictos, con considerable pérdida de tiempo, con retraso de las deseadas soluciones, con desavenencias personales entre profesionales que, sin embargo, trabajan con similar abnegación y con visiones igualmente generosas del quehacer educativo. Las autoridades se desprestigian cuando se ven forzadas a anular resoluciones desasistidas de bases científicas y políticas, y no suficientemente negociadas. Las organizaciones docentes también deterioran su imagen cuando las circunstancias las llevan a tomar medidas impopulares. Veo en el país una tendencia general a apelar, unos y otros, a las modalidades fuertes de defensa de las ideas, lo que es legítimo cuando se trata de dar solución a problemas fundamentales. No lo es tanto si, por el atractivo del poder triunfante más que por la escasa o nula jerarquía del tema en debate, éste se ocupa, como es frecuente, de nimiedades. No me debo permitir el atrevimiento de suponer en los dirigentes de nuestra educación pública otras intenciones que las de servir con honestidad a la causa de ésta. Pero aquella suposición se hace presente con frecuencia, dañando y dañándonos. Es hora de que tratemos las dificultades cotidianas rechazando una tendencia nacional, regional y sobre todo mundial proclive al uso progresivo de la fuerza. Los educadores hemos de ser los primeros en cultivar los acercamientos necesarios que faciliten la convivencia, erradiquen conflictividades estériles y que en definitiva sirvan, sobre bases fundamentalmente éticas, a la razón de ser de nuestro trabajo: educar al pueblo.