La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) ya había manifestado su discrepancia con el traslado de la cárcel El Molino, donde actualmente se alojan mujeres presas con hijos, a la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad Nº 5 Femenina, pero ayer la institución difundió una declaración en la que reitera su “seria preocupación” por “la inminencia del traslado” de la cárcel. El hecho fue confirmado el martes 15 por el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Los motivos presentados son básicamente las malas condiciones en las que se encuentra El Molino; Bonomi había dicho que el recinto “no tiene un lugar para el estudio y el trabajo, un patio” y que tiene “humedad estructural”. Según había afirmado el ministerio a la INDDHH en agosto, las mujeres presas que actualmente están en El Molino con sus hijos se irán a una nueva unidad, que será “totalmente independiente de la Unidad Nº 5, inclusive se continuará denominando Unidad Nº 9 y contará con su propia dirección de gestión y tratamiento como tiene cualquier otro centro del INR”.
Para la INDDHH, que se concrete el traslado “significa abandonar una buena práctica reconocida a nivel internacional y nacional en el abordaje de la prisión destinada a las mujeres con hijos/as pequeños, lo cual no se encontraría en consonancia con el principio de no regresión propio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. A la vez, reafirma su convencimiento “de que es necesario atender las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad, de manera de cerrar la brecha de la inequidad de género que siempre ha caracterizado el sistema penitenciario”.
El Molino se inauguró en julio de 2010 y, según recuerda la INDDHH en su declaración, el propio Ministerio del Interior la señalaba como una buena práctica en el marco del tratamiento diferenciado para las mujeres madres privadas de su libertad y sus hijos. En 2013, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario también lo destacaba en su informe de evaluación anual, y solicitaba recursos para poder consolidar la experiencia. “Sin embargo, los recursos materiales y económicos destinados a dicho establecimiento han resultado insuficientes, a tal punto que en la actualidad se plantea el traslado por problemas locativos”, resume la declaración. El actual comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, también se expresó en contra del traslado.