A las 9.00 de hoy la jueza penal de 1º Turno de Pando, Isaura Tortora, dispuso una inspección en el predio del Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1, ubicado en una zona conocida como La Montañesa, en el kilómetro 42,500 de la ruta 34 (que va desde Empalme Olmos a Neptunia). La decisión se tomó a partir de la información presentada en el juzgado por el abogado Óscar López Goldaracena, generada por datos que llegaron a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sobre enterramientos clandestinos en ese predio militar. Según explicó Ignacio Errandonea, integrante de Familiares quien respaldó la denuncia a nivel personal, el testimonio, que permanece anónimo, llegó gracias a la campaña de búsqueda de información para la que se habilitó la línea de teléfono 08009942. Hubo varias llamadas indicando ese predio como lugar de enterramientos, pero esta persona en particular “aportó información precisa sobre la localización del espacio”, indicó Errandonea a la diaria. En concreto, el testimonio localizó los lugares donde habría habido enterramientos clandestinos en base a una foto aérea del lugar.
A su vez, la información aportada en este caso coincide con un croquis -que también había llegado de forma anónima- que habilitó las excavaciones en ese lugar por parte del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF) entre 2007 y 2009. El croquis le había llegado en 2008 a López Goldaracena y en aquel entonces generó la apertura de una causa judicial. Tras las excavaciones del GIAF de aquel momento, que no arrojaron resultados, la causa se cerró, y este año el abogado solicitó el desarchivo. En noviembre sumó a la causa esta información recabada por Familiares, y el viernes la jueza resolvió fijar fecha para la inspección y el inicio de las excavaciones.
Así, en la mañana de hoy ingresarán al predio la jueza, el fiscal Pablo Rivas, el actuario del Juzgado Penal de Pando, el abogado denunciante, la coordinadora del GIAF, Alicia Lusiardo, e integrantes de Policía Técnica. Según explicó López Goldaracena, la visita tendrá como objetivo, en primer término, ubicar por GPS el lugar y dejar la zona identificada para prospección. Todavía no hay un cronograma de trabajo, pero la Intendencia de Canelones ya se comprometió a aportar la maquinaria necesaria para las excavaciones. Desde el Juzgado se le informó a Presidencia de la República la resolución judicial, mientras que, por medio de Familiares, se le informó al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que funciona en la órbita presidencial.
El predio militar, de aproximadamente 200 hectáreas, perteneció al Movimiento de Liberación Nacional y fue tomado por el Ejército en 1975. Desde entonces funciona el Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1. El 17 de octubre de 2007 comenzaron las tareas de excavación del GIAF en el predio, y en la zona excavada no se encontraron restos óseos humanos. En las conclusiones de su informe, el GIAF señala que los relevamientos no permiten afirmar “que hayan existido enterramientos clandestinos, ni remociones atribuibles a desenterramientos. Sin embargo, dichos estudios tampoco habilitan a descartarlo completamente”. Pero también en aquel documento, los antropólogos aclaran que quedaron “algunas zonas señaladas en los testimonios por identificar y por consiguiente por investigar, por lo que no es posible afirmar de momento, que no existan enterramientos clandestinos en el predio”. “Dada la abundancia de información para este predio militar, sería recomendable profundizar el estudio de campo en la zona B”, concluía el informe.