El terreno de “lo que queda por hacer” se divide en dos: las reformas que podrían considerarse en proceso pero inconclusas, y las que aún no se han llevado a cabo. Entre las primeras, Bergara destaca la del régimen de zonas francas, que pasarían a ser zonas económicas especiales, de acuerdo con el proyecto de ley que data de julio de 2013 y procura consolidar su institucionalidad, a efectos de que se fortalezcan como herramientas para la producción en ciertas áreas, como manufacturas con inversiones de gran porte, servicios globales y logística, así como la creación de zonas temáticas de servicios que incluirían atención a la salud, entretenimiento y audiovisuales. Según Bergara, una incorporación “central” al régimen es la aplicación de fiscalización a cargo de la Dirección Nacional de Aduanas, algo que no ocurre con la actual legislación, la Ley 15.921, de 1987. El proyecto quedó con media sanción de la legislación pasada, y su discusión probablemente se retome después de la aprobación del Presupuesto Quinquenal.
También se encuentra en tratamiento parlamentario una modificación “relevante” para Bergara, asociada al mercado de seguros. La modernización contractual, el perfeccionamiento regulatorio para el seguro de accidentes de trabajo, la transparencia de las reglas para los seguros de automóviles y las disposiciones que procuran resguardar las reservas del fondo de pensión para los trabajadores en el futuro “moldean una mejor estructura de incentivos y fortalecen la institucionalidad regulatoria, especificando de mejor manera los roles de los diversos organismos del Estado involucrados”, estima el economista.
Otro proceso inconcluso, que para Bergara “puede avanzar en el corto plazo”, es el de la transparencia informativa de los mercados, una “carencia de fuerte arraigo cultural” entre empresarios y profesionales no sólo de Uruguay, sino de toda América Latina. En el libro, Bergara considera que el desarrollo de mecanismos más adecuados de divulgación de la información contable y financiera contribuirá a mitigar los costos de transacción de la economía y a reducir las dificultades de obtención de financiamiento por parte de las empresas, además de permitir “un perfeccionamiento del gobierno corporativo del sector empresarial y un manejo más estratégico de los riesgos”. Si bien reconoce que la reforma del sistema tributario permitió “algunos avances” en la materia, considera que no se ha logrado conformar una institucionalidad “creíble y eficiente que liderara el proceso”, por lo que considera “imprescindible” retomar la conformación de un Instituto de Normas Contables, que se ocupe de la emisión e interpretación de las normas contables, su divulgación, difusión y el contralor de su aplicación.
Otra reforma de institucionalidad diseñada pero aún no implementada es la que regula los juegos de azar, reorganizando y separando las funciones de su regulación y control de las de su explotación, superando la actual normativa, en la que, según Bergara, “se confunden ambos roles”. La propuesta en discusión parlamentaria mantiene el monopolio del Estado en materia de juego, la protección del consumidor, la solidaridad social con el producido de los juegos, la integridad y el control del juego clandestino.
Por último, entre las reformas inconclusas, el economista menciona la rehabilitación integral del transporte ferroviario como una reforma “fundamental” y “relevante para incrementar la eficiencia y la competitividad de la producción nacional”, dado su rol en el transporte intermodal de cargas. Teniendo en cuenta el “evidente retraso” en la puesta en funcionamiento de la operadora ferroviaria, sugiere que el transporte podría ser realizado por diversas operadoras que abonen un canon/peaje por el uso de las infraestructuras, aunque sin desplazar el rol “sumamente importante” de la Administración de Ferrocarriles del Estado en la institucionalidad y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la dirección.
Nadie lo hizo
“Queda claro que deben reformularse los parámetros que rigen el sistema de jubilaciones y pensiones militares”, establece el autor en las primeras líneas del capítulo que refiere a las reformas pendientes. Sostiene que ante el “cuantioso déficit anual” de la Caja Militar, urge mitigarlo con “cambios razonables a las condiciones de retiro” de los funcionarios. Para Bergara, esta reforma “sólo depende de una decisión política”, y desde el punto de vista del diseño, “no reviste mayor complejidad que la que ya se procesó para la Caja Policial”.
Otro aspecto relevante “a encarar en el futuro inmediato” refiere al “perfeccionamiento” del sistema de salud, particularmente en lo referido a la dimensión de la calidad. Para el presidente del BCU, el cálculo de la remuneración a los prestadores del servicio -hoy en día regulado según las variables edad y sexo del usuario- debería incorporar “algún indicador que refleje las bondades del servicio de asistencia”. “De no incluirse esta lógica en el esquema, se corre el riesgo, una vez lograda la más amplia cobertura de usuarios, de generar incentivos al deterioro de la calidad del sistema”, afirma.
Por otro lado, y más allá del incremento -“sustancial”, según Bergara- de recursos públicos para la educación y de programas como el Plan Ceibal y el fortalecimiento de la educación técnica, considera “imprescindible” una reforma en el sistema educativo. “No se ha consolidado, a pesar de los múltiples diagnósticos coincidentes de las problemáticas principales, una visión moderna que guíe las transformaciones necesarias”, afirma, y agrega que “el aumento presupuestal es necesario pero de ninguna manera suficiente para garantizar que el sistema educativo se adecue a los requerimientos del mundo del siglo XXI”. El desafío para Bergara es “de naturaleza institucional”, y el rol de los docentes en la transformación es “crucial, tanto para contribuir a la formulación como para efectivamente concretar los cambios”.
También menciona, por último, la problemática del servicio civil, “un área que todavía requiere de una revisión de su enfoque conceptual y su consiguiente implementación”.