Representantes del Sindicato del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (SUINAU) y del PIT-CNT asistieron ayer a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados para denunciar una situación que califican de “persecución” por parte de las actuales autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Carlos Salaberry, secretario general delw SUINAU, dijo a la diaria que la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, “ha removido todas las direcciones de programas sin mayores explicaciones ni evaluaciones”, y que varios casos de remociones “coinciden con personas que hicieron un cuestionamiento público de la gestión” de las autoridades. Indicó que se removió de sus cargos a todo el equipo de dirección del Programa de Inserción Social y Comunitaria (PISC). Afirmó que Fulco pretendió prohibir que ejercieran actividad sindical Joselo López, Cristina Gioia y Víctor Mango, procesados por torturas contra jóvenes internos, y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se opuso alegando que los procesos disciplinarios contra los funcionarios “no pueden inhibir [la] libertad sindical”.
Salaberry señaló que el sindicato también discrepa con “la creación de un grupo de choque” (en referencia al Programa de Seguridad del Sirpa, lanzado esta semana). “Lo preocupante es que el paradigma de la gestión se ha desplazado desde un intento de apertura, apoyado en la educación y en el trabajo, a un modelo más de corte represivo. [Fulco] trajo funcionarios del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Rehabilitación, es un copamiento del Ministerio del Interior que está tirando por la borda el trabajo de los últimos años”, opinó.
Desde el oficialismo, también se mostró preocupado por la situación el diputado frenteamplista Gerardo Núñez (Partido Comunista). “Recibimos con profunda preocupación el planteo sobre modificaciones al PISC, que fue uno de los programas más importantes del período anterior, que tuvo un éxito categórico y es de los pocos que no están centrados en la represión. Retroceder respecto de esto sería una señal equivocadísima”, sostuvo Núñez. El diputado advirtió que el campo de acción del programa se restringió a los jóvenes con penas mayores a los 18 meses, lo que implica que 70% de los jóvenes, que tienen penas menores, no podrán ser beneficiarios.
Núñez planteó citar a comisión a las autoridades del Sirpa, que concurrirían la semana próxima, para explicar las razones de los cambios.
El Observador informó que ayer de tarde el sindicato resolvió, tras una asamblea, ocupar el centro del PISC.