Roberto Markarian llegó al rectorado de la Universidad de la República (Udelar) enarbolando el discurso pospolítico de la gestión. “Las cosas hay que hacerlas bien”, insistió durante la campaña, como si discutiera con algún partidario de hacer las cosas mal. Los documentos sobre extensión universitaria que en el correr de 2015 difundió el rectorado expresaron la racionalidad tecnocrática dominante. La discusión política, filosófica o pedagógica sobre la extensión se vio sustituida por una retórica de la “evaluación” y la “acreditación” de “estándares de calidad”, la preocupación por la “optimización” de los “recursos humanos”, entre otros elementos propios del decálogo de la “contrarreforma universitaria” por medio de la gestión (en la definición de Francisco López Segrera). Entre tanto, la dinámica instalada provocó una situación engañosa: la sobreexposición de la extensión como asunto recurrente y conflictivo en el orden del día del Consejo Directivo Central (CDC) generó la percepción de que el tema ha sido ya suficientemente discutido. Sólo en apariencia: los aspectos fundamentales (políticos, filosóficos, pedagógicos, programáticos) no han sido abordados. Mucho menos han sido procurados los acuerdos entre las diferentes visiones existentes respecto del tema.1 La propuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) de generar un Congreso de Extensión que permitiera dar lugar a los debates de fondo y buscar acuerdos fue desechada el martes cuando, sin el apoyo de estudiantes ni docentes (ni de varios consejos de facultades), el CDC aprobó “en general” la propuesta de “reestructura” del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM).
Decidido a alejarse de la tradición universitaria de búsqueda de acuerdos mediante el debate de las diferencias, el rector tampoco ha sido coherente con su propia racionalidad tecnocrática. Las resoluciones que se han ido adoptando no surgen de evaluación alguna, sino de un cúmulo de prejuicios sin sustento empírico. El resultado: las cosas no se están “haciendo bien”, se están haciendo muy mal. La retórica de la calidad no ha demorado en poner en evidencia su vacuidad. Para el que quiera verlo el rey está desnudo: no hay un proyecto de extensión alternativo al que se pretende desmantelar. La “reestructura” que impulsa el rectorado reduce a la mitad las horas docentes del SCEAM, proponiendo su redistribución a los servicios. No es difícil imaginar las consecuencias de esta iniciativa: muchos programas centrales se verán seriamente afectados (si no desmantelados), mientras que la redistribución de sus docentes a lo largo y ancho de la Udelar no cambiará sustancialmente nada de lo que las facultades ya realizan. Analizada en sus consecuencias concretas, es notorio que la reestructura no cumplirá con el objetivo descentralizador que se proclama y, por el contrario, desmembrará programas que sí aportan en ese sentido. Así, el desmantelamiento se evidencia como un fin en sí mismo, tal como han señalado los docentes de Extensión (ver “El impulso y su freno” de ADUR-Extensión, disponible en http://www.extension.edu.uy/noticias/6886).
El proceso destituyente en curso tiene ineludibles connotaciones políticas que la reducción del tema a una cuestión de “equilibrios” mal logra disimular. La política extensionista del actual rectorado no implica “nuevos equilibrios”, como se suele sugerir, sino la restauración conservadora de viejos desequilibrios. Viejos desequilibrios en el apoyo que la Udelar brinda a las diferentes áreas constitutivas de su quehacer. Viejos desequilibrios entre la enseñanza tradicional bancaria y profesionalista, y los ensayos de nuevas experiencias de formación integral basadas en la enseñanza activa y la integración de funciones. Viejos desequilibrios entre los recursos y esfuerzos académicos que se destinan a responder a las demandas solventes (empresas, Estado) y los que se destinan a la investigación, enseñanza y extensión orientada a las problemáticas de los movimientos populares, los sectores postergados de la sociedad, los que sufren las consecuencias económicas, sociales o ambientales de un sistema social injusto; los que reciben poco y nada del derrame; los que buscan alternativas sociales, económicas o culturales al capitalismo realmente existente. Viejos desequilibrios en cuya restauración convergen intereses y concepciones cristalizadas de la universidad profesionalista forjada a lo largo del siglo XX, junto a un nuevo academicismo tecnocrático que asume de modo acrítico (y proyecta con soberbia como “deber ser” de toda la institución) las tendencias globales más regresivas de la profesión académica: la pretendida neutralidad de las ciencias; el individualismo competitivo detrás del estímulo monetario y simbólico; la reducción de la investigación al productivismo febril de papers todos cortados con la misma tijera; la reducción de la evaluación a la medición de estándares de productividad; y el desprecio por la extensión universitaria integrada al quehacer normal de docentes y estudiantes. Nuevos viejos desequilibrios que están forjando una universidad más ensimismada, menos crítica y menos plural.
- Se han pronunciado con documentos críticos de la reestructura y con propuestas programáticas al respecto al menos los siguientes actores universitarios: la FEUU, el Consejo de Bellas Artes, el Consejo de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Consejo de Ciencias Económicas y de Administración, el Consejo de Psicología, la Red de Extensión (integrada por las unidades de extensión de todos los servicios de la Udelar), la Comisión de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, y los docentes de ADUR-Oficinas Centrales, ADUR-Psicología y ADUR-Ciencias Económicas. Esta diversidad de aportes y perspectivas aportaría una gran riqueza a un debate sobre la política extensionista en un congreso como el que propone la FEUU.