El empresario rural Diego Ortiz rechazó ayer la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que consistía en el envío a seguro de paro por un período de tres meses a Daniel Silvera, trabajador de su establecimiento despedido el 30 de diciembre, y la instalación de un ámbito de negociación para “analizar los criterios del reingreso del trabajador”, según consta en el acta de la audiencia sostenida en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra). La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) había denunciado sobre fines del año pasado a Ortiz por diversas irregularidades en el pago de beneficios a Silvera, lo que generó una citación y una audiencia en el MTSS en la que las partes llegaron a un acuerdo. Sin embargo, 20 días después, el empresario decidió despedir al asalariado.
De acuerdo con el acta de ayer, la empresa declaró que Silvera “solicitó el despido” por lo que se procedió a darle de baja y “con posterioridad” Ortiz realizó un “relevamiento” constatando “un faltante importante de ganado”, animales “abichados” y vacunos “sin marcar”. También “con posterioridad” al despido, Ortiz “tomó conocimiento de que uno de los spots publicitarios de la pasada campaña electoral que era protagonizado por Silvera había sido filmado en el establecimiento” en que se desempeñaba, “lo cual había sucedido sin su consentimiento”.
El trabajador protagonizó uno de los videos de la campaña del Frente Amplio (FA) denominada “Uruguay cambió en mí” en el que aparece en su casa, junto a su familia y su caballo, todo lo que, efectivamente, se encuentra dentro del predio de la estancia donde trabajaba, ubicada en el paraje Punta de Carretera, departamento de Tacuarembó. Además, Silvera es uno de los fundadores del Sindicato de Peones de Estancia (Sipes) y un reconocido militante social.
Los representantes de la UNATRA dejaron constancia de que Ortiz tomó conocimiento del spot publicitario “a través de integrantes de la Federación Rural [FR], que le habían hecho notar la gravedad del asunto”. Por su parte el MTSS, representado por el titular de la Dinatra, Luis Romero, dejó escrito que ayer fue “la primera instancia en que surgen relatos por parte de la empresa respecto a constataciones de falta de animales” previas al día 30 de diciembre, y que la delegación del Poder Ejecutivo mantiene “en todos sus términos la propuesta presentada” para resolver la situación.
El abogado de la UNATRA, Antonio Rammauro, dijo a la diaria que Ortiz dio a entender que recibió “presiones” por parte de integrantes de la FR, ya que él no había visto el spot y fue “alertado” por otros socios de la gremial que lo consideraron “un hecho gravísimo”. “Además, tanto el faltante de animales como el spot fueron presentados por Ortiz después de haber despedido a Silvera, por lo que no puede ser considerados como causas del hecho. Ortiz no pudo justificar por qué lo despidió. El único argumento que dio es que Silvera se lo pidió, y eso no es cierto”, agregó.
La UNATRA considera al despido “antisidical” y “arbitrario”, y, por lo tanto, el 2 de febrero presentó una demanda en el Juzgado Letrado de 1a Instancia de 4º Turno de Tacuarembó, al amparo de la ley de protección de las libertades sindicales, solicitando el reintegro inmediato del trabajador. “La demanda va a continuar. Presentamos un escrito con 30 documentos y unos cuantos testigos. Es una demanda muy sólida. El patrón es el que tiene que demostrar que el despido fue por otros motivos”, manifestó Rammauro.
Por su parte, el MTSS también le inició un juicio a Ortiz con el fin de cobrar una multa impuesta por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) que el empresario no pagó. Según el abogado de la UNATRA, la IGTSS multó a Ortiz por las condiciones de trabajo en que se desempeñaba Silvera, y el estanciero “prefirió pagar la multa antes que comprar una frazada para el trabajador”. Pero luego fue multado nuevamente por no haber tomado en cuenta las observaciones de la IGTSS en el establecimiento, y esa vez “no pagó”, por lo que el MTSS le inició una demanda.
Generadores de trabajo
El presidente de la FR, Carlos María Uriarte, aclaró que si bien la institución “tiene conocimiento del caso y es un tema que preocupa mucho”, negó que se haya intervenido institucionalmente, aunque no descartó que algún socio lo haya hecho en forma individual. “No tenemos conocimiento de causa para emitir opinión ni en un sentido ni en otro. Nuestra preocupación radica en la división que pueda generar ese tipo de circunstancias entre trabajadores y generadores de trabajo. Esperamos que la Justicia falle haciendo las cosas lo más justas posibles”, agregó.
Uriarte dijo además que Ortiz les hizo llegar “la grabación de unas declaraciones de un integrante de la Dinatra” que consideran “un tanto desafortunadas”, porque “apuntan a generar un clima de división”. “Pero no tomamos parte ni en un sentido ni en otro. Queremos que haya la concordia tradicional que ha habido siempre en el campo”, concluyó.