La Justicia tampoco se ha pronunciado, y el tiempo transcurrido sin noticias parece haber contribuido a que la tragedia que encendió la alarma social en todo el país sea hoy poco más que un recuerdo, doloroso y conmovedor, pero apenas un recuerdo.
Buttafuoco fue dado de alta. Pero no hace mucho y de manera parcial. En el Banco de Seguros del Estado (BSE), donde permaneció internado varios meses antes de que pudiera regresar a su casa, fue sometido a diversos tratamientos, algunos de los cuales continúan. Por el momento le dijeron que no es posible mejorar su estado. Que ahora la recuperación dependerá de cómo evolucione.
Le comunicaron que quedaba habilitado para volver al trabajo, con limitaciones, claro está. Muchas limitaciones. Pablo esquivó la muerte saltando la reja del local cuando sus ropas se prendieron fuego y se arrojó sobre un charco de agua. Terminó con más de la mitad del cuerpo quemado.
A un año, las imágenes y las sensaciones que lo abordan son confusas. Considera que para lo que podría haberle pasado, tuvo suerte. Entre otras secuelas, perdió movilidad en las extremidades, no puede realizar esfuerzos físicos, levantar peso, ni hacer determinados movimientos. Tampoco puede exponerse al sol. Las opciones laborales se le redujeron mucho. Imposible retomar las tareas que cumplía en Care Supergas, donde se desempeñaba como chofer-repartidor de garrafas.
Rendirse, jamás
“El 23 de enero el médico me dio el alta para que vaya volviendo al trabajo”, contó Buttafuoco a la diaria. Con el informe del BSE concurrió al local para comunicarle la novedad al patrón. Quería saber cómo se reincorporaría a la empresa, en la que ya no permanece ninguno de sus compañeros, aquellos que sobrevivieron. Dotta se fue hace algunos meses tras conseguir otro empleo. “El ambiente no era el mejor”, fue lo que le dijo Hermes a Pablo antes de irse.
Gravedad
A cuatro años de que entrara en vigencia el decreto 43/2011, todavía existen locales de recarga de garrafas de tres kilos que operan con el sistema de gravedad, tal como lo ha comprobado la URSEA durante las inspecciones periódicas que realiza en el marco de sus competencias. Fuentes del organismo consultadas por la diaria precisaron que esta situación se constata “principalmente en locales pertenecientes al circuito informal”.
Las tareas de fiscalización y control de la nueva normativa se intensificaron después de la tragedia ocurrida en Durazno, hecho que habría motivado un cambio en la actitud de empresarios y comerciantes en cuanto a la disposición de adecuar sus instalaciones a los parámetros de seguridad exigidos. También se percibe “la toma de conciencia de parte de los responsables de los puestos de venta de que no deben abastecer a quienes recarguen indebidamente”, en referencia a las compañías que envasan y distribuyen el combustible: Acodike, Riogas, Megal y Ducsa.
Actualmente la URSEA tiene registrados 259 locales con recarga de supergás para microgarrafas, de los cuales menos de la mitad (104) cuenta con “autorización de operación definitiva”, mientras que los 155 restantes figuran con “el trámite de autorización iniciado a la espera de ser analizado por URSEA”. Geográficamente, los expendios se distribuyen así: 59 en Montevideo y 200 en los demás departamentos.
En ese primer encuentro le hizo saber a Camilo que no podía estar expuesto al sol, ni realizar tareas forzadas, y le preguntó si, visto y considerando, tenía pensando mandarlo al seguro de desempleo.
El dueño del comercio, que ahora se dedica únicamente al ramo de servicios y productos de electricidad e iluminación, le contestó que no, hasta que encontrara una tarea acorde a sus posibilidades; le aseguró que le pagaría el sueldo pero que se quedara en su casa.
Nunca le preguntó cómo estaba, cómo se sentía. “Va a ser complicado el relacionamiento”, pronostica Pablo ante la eventualidad de tener que acudir diariamente al comercio. Y mientras aguarda el alta total -hoy tiene cita con el médico en Montevideo- se decidió a repartir su currículum con la esperanza de que le surja alguna oferta. “Me faltan músculos, pero el doctor dice que con el tiempo los iré recuperando. Cuando alzo a mi hijo, que pesa 16 kilos, me cuesta mucho, pero lo alzo”, cuenta.
“Tengo ganas de hacer algo, porque hace un año que estoy así. Y en estas fechas lo necesito más porque todo se me viene a la memoria, y encima cuando paso por el lugar todavía hay gente que me para y me comenta que no pueden creer verme andando en bicicleta o manejando. El otro día me agarró un muchacho de la estación de servicio (ubicada a 50 metros del lugar en que funcionaba Care en Galarza y ruta 5) y me decía: ‘Pablo, no puedo creer, hace un año te miraba cómo se te caían los pedazos de brazos’”.
Al comenzar febrero y completar la primera semana de “retorno” al trabajo, Pablo fue a Care para cobrar y volvió a preguntar qué pasaría con él. Camilo le reiteró que no lo enviaría al seguro de paro. Pero Pablo no confía del todo, por eso cuando llegue marzo intentará una vez más obtener certezas.
Por estas fechas también le da vueltas en la cabeza una sensación de frustración por el hecho de que la Justicia aún no se haya pronunciado. Tanto la familia Ansolabehere como la de Buttafuoco demandaron penalmente a Acodike y a Care.
Pablo cree que pasó tiempo suficiente como para que la fiscal Patricia Lanzani se expida y comunique sus conclusiones al juez Tabaré Erramuspe, que básicamente podrían derivar en el pedido de archivo de la causa o de procesamientos.
Paralelamente y tras dos audiencias conciliatorias frustradas, se prepara para iniciar el juicio civil en el que también apuntarán a la responsabilidad superior de ANCAP como proveedor exclusivo de supergás a todas las empresas distribuidoras.
Todavía esperamos
Como lo ha venido informando la diaria, el directorio de la URSEA resolvió sobre fines de año imponer multas ejemplarizantes tanto a Acodike como a Care Supergas, que en su momento se estimaron en 1.000 unidades reajustables (unos 770.000 pesos).
Sin embargo, de acuerdo con fuentes de este organismo, ambas empresas procuran por todos los medios que las sanciones queden sin efecto.
“Interpusieron recursos administrativos contra las sanciones aplicadas por URSEA, pidiendo que éstas se dejen sin efecto. Care solicitó vista del expediente para la fundamentación del recurso de revocación”, indicaron desde el organismo. Vencido el plazo de vista, el directorio analizará el planteo y luego resolverá si lo contempla o lo descarta y deje firma la medida.
Los informes de la URSEA sobre el incumplimiento del decreto 43/2011 por parte de las empresas Acodike y Care son contundentes y están a disposición del juzgado actuante. Esa resolución estableció las nuevas reglas de seguridad y de funcionamiento para locales de recarga de garrafas de tres kilos.
Por ejemplo, se consigna en esos documentos que cuando hace un año la garrafa de 45 kilos usada para recargar microgarrafas en Care, con la válvula hacia abajo, empezó a perder, quedaron en evidencia varias irregularidades: no sólo el empleo de un sistema prohibido por peligroso, sino también que el personal no estaba suficientemente capacitado para la tarea.
Además, no se contaba con ninguna de las herramientas preventivas exigidas, entre ellas el llamado “cortallamas” -un protector que se coloca en los escapes de los vehículos de reparto al ingresar a los locales-, ni cámaras de seguridad, ni se respetaban las distancias mínimas que debe haber con estaciones de servicio al instalar un local de estas características. Tampoco había los metros necesarios para separar el sector de recarga y el local comercial en sí.
Camilo ya no recarga garrafas. Así lo hacen saber cuando alguien llama al local céntrico solicitando el servicio. Recomiendan comunicarse a otro teléfono. Del otro lado de la línea un hombre se identifica como empleado de Acodike, y asegura que ya no recargan. Sólo distribuyen garrafas de 13 y 45 kilos. El número mencionado en Care, 4362-6162, es el mismo que tenían en el ahora clausurado local de Pablo Galarza 786, casi ruta 5, donde hace un año dos trabajadores murieron y otros dos resultaron gravemente heridos.