“Andrés Bellizzi”, reza la pancarta. -Profesora, ¿ése no es su apellido?
-Sí.
Silvia Bellizzi y su madre, María Bellizzi, no saben nada de Andrés Humberto desde el 19 de abril de 1977. Dos días después iba a cumplir 25 años. El último dato que tienen es que iba a realizar un trabajo de cartelería publicitaria para una supuesta fábrica de Avon en Buenos Aires y que a último momento le cambiaron la cita para avenida Independencia y Entre Ríos, en el centro porteño. Vivía en Argentina desde 1974, cuando debió exiliarse por persecución política. Ese mismo año había estado detenido junto a otros 100 uruguayos por participar en un acto contra la dictadura uruguaya en el club All Boys.
-Ése era mi hermano -responde Silvia a sus estudiantes, durante una visita al Museo de la Memoria-. Era publicista, editaba el periódico barrial El Sol y luchó por el boleto, estaba vinculado a la militancia estudiantil de la ROE [Resistencia Obrero Estudiantil].
Éste es uno de los asesinatos y desapariciones forzadas de uruguayos que comenzarán a juzgarse hoy en audiencia oral y pública, con jurado popular, en Roma, dentro del juicio conocido como “Processo Condor” que lleva adelante la Justicia italiana.
Además de los casos ítalo-uruguayos (Daniel Álvaro Banfi Baranzano, Gerardo Francisco Gatti Antuña, María Emilia Islas de Zaffaroni, Armando Bernardo Arnone Hernández, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Andrés Humberto Domingo Bellizzi, Julio César D’Elia Pallares, Yolanda Iris Casco Ghelpi de D’Elia, Héctor Giordano Cortazzo, Raúl Borelli Cattáneo y Raúl Gámbaro Núñez) con militancia en Grupos de Acción Unificadora (GAU), Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), Tupamaros, PCR y 26 de Marzo, en estos 15 años se sumaron denuncias por crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos ítalo-argentinos, ítalo-paraguayos e ítalo-chilenos, que implican a militares de Uruguay, Chile, Perú y Bolivia, donde se describen detenciones ilegales, interrogatorios, torturas y asesinatos cometidos en esos países, además de Argentina y Brasil, con integrantes de las fuerzas represivas que convergían en las distintas latitudes.
Al banquillo
Además de los 16 militares uruguayos, serán juzgados 11 miembros de la Junta Militar de Chile, uno de la de Bolivia y cuatro de la de Perú. El único boliviano es el ex ministro del Interior Luis Gómez Arce, mientras que el ex presidente Luis García Meza sigue imputado aunque no ha sido enviado a juicio, dado que el tribunal romano no ha recibido respuesta a sus notificaciones.
Los chilenos son Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, jefe de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional); Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark; el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; el ex policía Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito; el suboficial Orlando Moreno Vásquez; el coronel Hernán Jerónimo Ramírez; el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama; el ex comandante Luis Joaquín Ramírez Pineda, y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.
Lo imputados peruanos son el ex presidente Francisco Morales Bermúdez, el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
En el marco del juicio oral y público están imputados los uruguayos Jorge Silveira, Gregorio Álvarez, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Tróccoli. Con excepción del último, que en la actualidad reside en Italia, se espera que el resto declare mediante videoconferencias, aunque ya han declinado esta opción y manifestaron su intención de no declarar, por lo que la Justicia italiana les ha asignado un abogado de oficio. La particularidad de anexar al capitán de navío Tróccoli, prófugo de la Justicia uruguaya, es que se lo juzga no sólo por ser un integrante de la Armada de Uruguay que viajó a Buenos Aires para llevar adelante acciones represivas, sino en calidad de ciudadano italiano que cometió crímenes contra extranjeros. Por ello, a esta megacausa se agregan las desapariciones forzadas de los uruguayos Alberto Corchs Laviña, Elena Paulina Lerena Costa, Guillermo Sobrino, Aída Sanz y su madre Elsa Haydée Fernández Lanzani, Eduardo Sabino Dossetti Techera, Ileana García Ramos, Alfredo Bosco Muñoz, José Mario Martínez, María Castro Huerga, Gustavo Goicoechea Camacho, Noemí Basualdo Noguera, Miguel Ángel Río Casas, Eduardo Gallo Castro, Raúl Arce Viera, Alfredo Moyano, María Asunción Artigas y Célica Gómez Rosano.
Ayer el portal Agesor publicó una nota del periodista Roger Rodríguez en la que hace público un documento desclasificado por el equipo de investigadores encabezado por el profesor Álvaro Rico ante la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia, que prueba que Tróccoli y dos oficiales de la Armada uruguaya viajaron a Buenos Aires el 20 de diciembre de 1977, 24 horas antes de los secuestros masivos de ciudadanos uruguayos vinculados con los GAU. El documento se presentará como prueba ante el Tribunal de Roma.
Expectativas
Aunque con la mirada firme, profunda y tranquila por años de espera, de peinar canas y cargar el cartel con el rostro de su hijo cada 20 de mayo -“un día que debería ser considerado una fecha patria”-, María asume ante la diaria: “No creo que digan nada, pero... quién te dice. Hay que insistir”.
Silvia destacó la relevancia internacional que tendrá el debate, tanto por los casos que abarca como por el jurado popular que forma parte del tribunal. Asimismo, el Estado uruguayo se constituyó en octubre pasado como “parte civil” y buscará un reconocimiento del “daño moral” que sufrió luego de que militares y civiles en el poder actuaran en forma ilegítima en su nombre. También son querellantes los familiares de las víctimas, el Frente Amplio, el PIT-CNT, numerosas regiones y sindicatos italianos e incluso el Partido Democrático de ese país.
Las Bellizzi esperan que esta instancia judicial tenga su “peso político” y que, al mostrar que se puede investigar y cruzar informaciones de archivos desclasificados, “le toque la vergüenza” a la clase política uruguaya, ante el clima de impunidad que denuncian los organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas en Uruguay.
Este juicio “es ver materializada una búsqueda de justicia que comenzó en cuanto supimos que Andrés estaba desaparecido”, afirma Silvia. Fueron décadas de reunir documentación, tramitar ciudadanías para probar que eran descendientes de italianos y brindar testimonios en la Embajada de Italia.
Oral y popular
La primera de las audiencias -que tendrán lugar cada 15 días- es hoy a las 9.00 (hora italiana) en el aula búnker de la prisión romana de Rebibbia y estará presidida por la jueza Evelina Canale y por su colega Paolo Colella. Se abordarán los procedimientos contra Luis Arce Gómez y otros 19 militares de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay; contra Gregorio Álvarez y otros diez imputados que están presos; y contra Jorge Tróccoli.
El juicio sigue a la fase preliminar iniciada en octubre de 2013, compuesta por diversos procesos paralelos pero separados que ahora confluyen en éste.
La investigación comenzó en 1999, cuando María Bellizzi, Luz Ibarburu, Aurora Meloni, Marta Casal de Gatti y Cristina Mihura presentaron sus denuncias en la oficina del procurador Giancarlo Capaldo.
El fiscal Giancarlo Capaldo ha llevado un proceso de indagatoria que se extendió por 15 años. Al ahondar en la investigación de las distintas denuncias pudo reconstruir el vuelo del Plan Cóndor, coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas que se extendió entre los años 70 y 80.
Falta lo que falta
Aunque Andrés era muy reservado, su familia recuerda que estaba preocupado por la situación en Argentina, donde desde el 24 de marzo de 1976 se vivía bajo dictadura. Emigró a Buenos Aires en 1974. No se conoce con exactitud el lugar de la desaparición. Según la ficha del caso que consta en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia, se presume que tanto Bellizzi como su ex socio y amigo Jorge Gonçalvez (desaparecido el 14 de abril de ese año) fueron llevados al centro clandestino de detención Club Atlético, en donde interrogaban oficiales de Inteligencia del Ejército uruguayo. En la noche del secuestro, más de tres personas registraron su domicilio (con las llaves del joven en su poder) y se llevaron documentación.
“Es triste que sigamos en este juicio de Italia y que aquí ni siquiera se pueda acceder a la totalidad de los archivos, siendo que estamos viviendo en democracia y el Estado uruguayo debe cumplir la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman, que ordena -entre otros puntos- la apertura de archivos para todas las causas”, manifiesta Silvia.
Entre los cientos de testigos que declararán durante el extenso juicio que comienza, la Justicia italiana tomará testimonio a Ricardo Pérez, en calidad de testigo por ser de las últimas personas que vio con vida a Andrés antes de su cita por el supuesto trabajo, mientras que la Justicia uruguaya “todavía no lo citó a declarar”, se indigna.
A pesar de que el nuevo comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, manifestó cuando asumió en el cargo que era poco “optimista” respecto de encontrar datos sobre desaparecidos, Silvia no duda: “Hay mucho por hacer cuando hay voluntad”. Enseguida añade que no opinará sobre lo que dicen los militares porque “ellos dicen lo que el presidente acepta que digan. Se deben a un gobierno, a una jerarquía. Por lo tanto, si ellos dicen lo que dicen y el presidente no los sanciona o sustituye, es porque está de acuerdo”.