Desde ayer y hasta el viernes se lleva adelante una capacitación de fiscales para la implementación del Código del Proceso Penal uruguayo, dictada por expertos colombianos. A diez años de una reforma similar a la aprobada por el Parlamento uruguayo en diciembre pasado, en Colombia hacen balance. Su proceso penal también se caracteriza por tener un carácter acusatorio, en lugar de inquisitivo, que implica un mayor protagonismo de la figura del fiscal, tanto a nivel investigativo como de acompañamiento a las víctimas. El fiscal es quien guiará la investigación, configurará las pruebas y acusará a las personas imputadas. El juez resolverá si procesa y dictará sentencia en instancias orales y públicas.
El director nacional del Sistema Penal Acusatorio colombiano, Camilo Burbano; la subdirectora de Políticas Públicas fiscales de ese país, Gina Cabarcos; y su colega Ana Linda Solano, directora de la Policía Judicial Económica y Financiera, se encuentran en Montevideo para analizar con un equipo de la Fiscalía de Corte uruguaya los “retos” en la implementación del proceso penal acusatorio en nuestro país y qué fortalezas, debilidades y desafíos presenta.
“Hemos dicho hasta el cansancio que el actual proceso inquisitorio ha fracasado. Es ineficaz e ineficiente, en la medida en que no respeta ni a las víctimas ni a los victimarios”, afirmó ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz, durante la apertura de las jornadas de asistencia técnica de la Fiscalía General de Colombia a la Fiscalía de Corte uruguaya que tienen lugar esta semana en el Ministerio de Turismo.
Sobre unas 200.000 denuncias presentadas en 2013, sólo 9.127 culminaron con un auto de procesamiento (4,5%), “producto del actual proceso desastroso”. “¿Dónde está la sensación de inseguridad e impunidad de la gente? En ese 95% de los delitos que quedan impunes”, consideró Díaz, a lo que debe sumarse el abuso de la prisión preventiva en las cárceles uruguayas, “el 64% de las personas privadas de libertad están sin sentencia”, recordó el letrado.
Uruguay tiene hasta el 1º de febrero de 2017 para preparar el terreno para este nuevo proceso penal más garantista. Díaz reconoció que éste es “un desafío enorme desde el punto de vista institucional, pero no vamos a poner excusas respecto a no poder cumplir con el plazo”.
“Con la actual fiscalía creada a imagen y semejanza del Poder Judicial va a ser imposible llevar adelante el desafío. Necesitamos cambiar el paradigma de un fiscal de escritorio a uno de territorio”, añadió y adelantó algunos rechazos que prevé en la futura implementación: “No alcanza con cambiar la ley, hay que cambiar la cabeza. Va a haber resistencia del ‘viejo régimen’, porque no todos los que se dicen reformistas lo son”.
Cuestionó “de qué vale” el avance en la agenda de derechos “si no contamos con los recursos necesarios para garantizar el acceso a la justicia”. “Que la cara visible de la justicia sea un policía es un problema”, agregó el fiscal de Corte, y señaló su preocupación porque “el Ministerio del Interior (MI) nos ha convencido de que el problema de seguridad es [un tema] de la Policía, y no es así: la actuación policial es una pata dentro del diseño de una política criminal eficiente”.
Por ello recalcó que “hay mucho trabajo por hacer”, que implicará “un diseño institucional, estudio de la realidad y datos judiciales”, además de un trabajo mancomunado con el MI para “superar tensiones con efectivos policiales y concientizar sobre las nuevas reglas de juego” que el código trae aparejado, mediante jornadas de capacitación y sensibilización que se desarrollarán este año para “mejorar las prácticas y los protocolos de actuación”.
Pocos indios
Sobre un total de 300 fiscales, 150 pertenecen al ámbito penal en Uruguay. La reforma del Código Procesal Penal requerirá de un incremento sustantivo en la cantidad de fiscales y demás recursos materiales, como edilicios y de transporte.
En diálogo con la diaria, Díaz subrayó su intención de “acercar la fiscalía a la gente” mediante una descentralización territorial, e inclusive armar unidades fiscales móviles que aseguren el acceso a la Justicia.
“La idea no es tanto crear nuevas fiscalías, sino distribuirlas en todo el territorio nacional y, a su vez, que crezcan por la base; asegurando la presencia de fiscales en ciudades con más de 10.000 habitantes. Hoy tenemos muchos caciques y pocos indios; necesitamos más indios”, afirmó Díaz, quien aspira a que “en cada lugar haya un fiscal jefe y que otros fiscales formen parte de su equipo para llevar adelante las tareas de indagación y litigación”.
A su entender, esto debería complementarse con “una única política criminal y que ésta sea tomada como política pública. La sociedad tiene que saber qué puede esperar del proceso penal y la víctima qué esperar de la fiscalía”.
Desafíos
En Colombia, los debates en torno a la reforma estructural procesal penal se remontan a 1979, pero no fue sino hasta 2004 que se concretó con dos ejes principales: dar eficiencia y garantismo al sistema penal. Aunque se dan tensiones y resistencias en el presente, “entendimos que el fiscal tenía que tener más capacidad investigativa y de decisión”, señaló Burbano durante la apertura de las jornadas de capacitación técnica.
Las dos características principales de la reforma son: separar las funciones de investigación y de juzgamiento, e implementar un juicio público y oral para “perseguir y sancionar la criminalidad grave y organizada”, en lugar de seguir deteniendo y procesando a “ladrones de gallinas”. Concentrar las tareas investigativas en la figura del fiscal y su equipo para que puedan ver un problema criminal en toda su dimensión, en lugar de casos aislados, “tiene mucho más impacto a nivel social y de garantías de justicia”, indicó Burbano. “Es más eficaz desbaratar una banda que trafica celulares y los comercializa en el exterior, que detener de manera aislada (si es que se logra) a los ladrones de teléfonos”, ejemplificó el fiscal colombiano.
Otro objetivo clave de la reforma es el rol que adquiere la víctima, a quien se le debe garantizar una atención idónea, acceso a la información, reconocimiento y participación en el proceso penal. Crear un programa de justicia restaurativa y mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema penal y la calidad de las decisiones en esta materia son otros asuntos pendientes del puzzle que la Fiscalía debe empezar a jugar en los dos años que restan para que se ponga en marcha el nuevo código.