El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa; el director nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda, y un jerarca de la Policía Comunitaria concurrirán hoy al Juzgado de 10º Turno a declarar por presuntos casos de violencia doméstica en las familias sirias refugiadas en Uruguay. El miércoles, al término del Consejo de Ministros, Cánepa se refirió a la información que apareció en la prensa sobre supuestos casos de violencia doméstica en las familias sirias que llegaron en octubre al país. El diario El Observador relató, en base al testimonio de un integrante de los hermanos maristas -que acogieron a los refugiados al principio de su estadía en Uruguay-, que un hombre golpeó reiteradamente a su mujer, si bien la comunidad marista negó luego mediante un comunicado que alguien de esa congregación haya presenciado un hecho así. Cánepa dijo el miércoles que el equipo que trabaja con los refugiados realizó un informe donde “no constan denuncias de violencia doméstica directas ni de vecinos” pero que “cuando hubo presunción por las características personales de un jefe de familia, se procedió a alertar a la Policía Comunitaria y a ONG especializadas que están ubicadas en los medios inmediatos donde residen las familias y que están trabajando en este plan de inserción”. Agregó que “si hay denuncias, se tienen que comprobar”, que en Uruguay la violencia doméstica “es un delito” y que las familias sirias “tienen que estar sujetas a las leyes nacionales” al igual que los uruguayos.
Las declaraciones de hoy se realizan a instancias de la fiscal María Camiño, quien resolvió actuar de oficio en este tema y solicitarle a la jueza Dolores Sánchez que investigue el caso. Camiño explicó a la diaria que las citaciones a los jerarcas de gobierno son “por las declaraciones que aparecieron en la prensa”. “Para aclarar, simplemente eso”, manifestó. Cánepa valoró que la citación es “una pérdida de tiempo”, porque en su caso no tiene conocimiento de la situación.
El presidente José Mujica manifestó, en diálogo con la radio Montecarlo, que “el problema de los árabes es parte del que tenemos nosotros; si no parece que en ellos es condenable y en nosotros no”. El miércoles, Mujica había aclarado que el gobierno no disponía de “denuncias concretas ni nada por el estilo”, pero había afirmado también que “hay ciertas cuestiones” que no está “dispuesto a negociar”. “No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados si los hombres les pegan a las mujeres”, sostuvo.