La jueza Dolores Sánchez tomó ayer declaraciones al prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa; al director nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda, y al director de la Policía Comunitaria, Leonardo Guardia, por presuntas denuncias de violencia doméstica en las familias sirias que llegaron a Uruguay en calidad de refugiadas en octubre de 2014. La información sobre las supuestas agresiones salió en algunos medios de prensa, pero luego fue desmentida por los propios testigos citados, y ayer las autoridades aseguraron que no hay ninguna denuncia al respecto. El presidente José Mujica y la senadora del Movimiento de Participación Popular Lucía Topolansky se habían referido a algunos “problemas” en las familias refugiadas, sin dar detalles.
A la salida del juzgado, Cánepa reiteró las declaraciones que hizo dentro: dijo que no tiene “ni idea” de los supuestos hechos porque no tiene “la responsabilidad del seguimiento” de las familias sirias, aunque agregó que le “preocupa como hombre de gobierno” el tema de la violencia doméstica en general. “No sale en la tapa de los diarios la gravedad de la situación en Uruguay, que nos cuesta asumir como uno de los temas más graves que tenemos”, manifestó.
En el juzgado, Guardia aseguró que la Policía Comunitaria no recibió denuncias. Cánepa había informado la semana pasada, al término del Consejo de Ministros, que desde el gobierno se había “alertado” a la Policía Comunitaria por las “características personales de un jefe de familia”.
Miranda, en tanto, declaró en la sede que “siempre se contuvo” a las familias partiendo de la base de que “son culturas diferentes” y que hasta que él dejó de ser responsable del seguimiento de las familias, en noviembre de 2014, no había habido incidentes. La fiscal del caso, María Camiño, dijo a la diaria que citó a declarar para después del feriado de Carnaval al actual responsable de seguimiento, el psicológo Alejandro Vera, pero que hasta el momento nadie confirmó casos de violencia doméstica. “No estamos para estigmatizar a nadie, todo lo contrario, se trata de ayudar a solucionar el tema”, afirmó la fiscal.