El ancho río en su desembocadura, los juncos que pueblan sus márgenes y las gaviotas no se habrán enterado de por qué circulaban ayer dos yates, uno repleto de periodistas con cámaras y otro con autoridades nacionales y de los gobiernos de Montevideo, San José y Canelones. No supieron que de ellos se habló ayer de tarde en el centro de visitantes de los humedales de Santa Lucía, ubicados en Santiago Vázquez, cuando se presentó formalmente un decreto firmado el 9 de febrero, que aprobó su ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Pero probablemente sientan en el futuro -esperemos que próximo- las acciones de protección que deberán desplegarse en consecuencia. De hecho, ya se siente el impacto de medidas implementadas en estos 16 años desde que guardaparques cuidan el lugar.
La importancia de los humedales no es sólo paisajística: además de albergar una gran diversidad, tienen la capacidad de atenuar inundaciones y sequías, son reservas de agua, disminuyen la erosión, funcionan como trampas de sedimentos y contaminantes y mitigan el cambio climático. Alejandro Nario, el nuevo responsable de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), explicó además que se trata de “un ecosistema de introducción salina que genera una filtración que mejora todo el ecosistema de [el río] Santa Lucía” y subrayó que la decisión de incorporarlo al SNAP se suma a las 11 medidas dispuestas en 2013 y reafirmadas la semana pasada por el nuevo gobierno.
El área protegida reúne 86.517 hectáreas (la mayoría de ellas son de propiedad privada) y abarca parte de la cuenca del río, desde la ciudad de Santa Lucía hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Es la 13ª área que ingresa al SNAP, pero es la única que está en el área metropolitana, y la única que involucra a tres intendencias. Es un área “bajo presión”, graficó Nario.
En las márgenes del río constituyen un problema la extracción de arena, leña, juncos, la pesca y la caza, y en las tierras de alrededor, las producciones hortifrutícola, vitivinícola, lechera, ganadera y agrícola. El decreto menciona que se promoverán las “buenas prácticas agropecuarias, de actividades extractivas y de turismo sustentable”, y explicita que se prohibirán nuevas urbanizaciones -salvo las que estén previstas en los planes de ordenamiento territorial- y la caza -salvo la que se realiza para el manejo y control de especies exóticas-, entre otras medidas. Nario prefirió hablar de “compatibilizar” los usos en lugar de prohibir, y remarcó que lo importante es “estudiar hasta dónde se puede explotar el recurso natural para no generar la sobreexplotación”.
El ingreso del área al SNAP fue propuesto en 2008 por los tres gobiernos departamentales. Ahora deberá definirse quién administrará el área. Podrá hacerlo el gobierno nacional en conjunto con alguna o con las tres intendencias, y también podría participar alguna organización social. Quienes asuman esa responsabilidad tendrán la tarea de planificar, gestionar el área y acordar mecanismos de financiación, explicó a la diaria Guillermo Scarlatto, coordinador general del SNAP. Nario mencionó que el presupuesto debe salir del Estado, pero comentó que “puede haber aportes internacionales”.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente deberá crear un grupo de trabajo interinstitucional con representantes suyos y de los ministerios de Defensa Nacional, de Industria, Energía y Minería y de Turismo y Deporte, delegados de los tres gobiernos departamentales y otras instituciones. Ese grupo tendrá la tarea de elaborar un plan de manejo para el área, que es el que va a detallar las acciones para proteger los humedales.
Scarlato opinó que la gestión tiene a favor “una historia de trabajo en común muy larga” de los tres gobiernos departamentales, y destacó la relación que se ha ido tejiendo con grupos como los cortadores de juncos y el diálogo con productores.
El área protegida se divide en dos zonas: la planicie de inundación, donde las medidas serán más restrictivas pero tienen menor potencialidad (son aguas saladas y allí el problema más común es la extracción de leña, arena y la caza), y el área que se extiende a continuación de la planicie, donde predomina la actividad productiva.
Día a día
Actualmente en los humedales trabajan nueve guardaparques; todos son funcionarios de la Intendencia de Montevideo (IM) y cubren desde la desembocadura del río Santa Lucía hasta el arroyo El Colorado; los primeros llegaron en 1999, un año después de que la IM catalogó la zona como “área ecológica significativa”.
Álvaro Carámbula, coordinador de los guardaparques, contó a la diaria que tienen tres grandes funciones: la educación ambiental -dan charlas a un promedio de 6.000 escolares por año-, la investigación -apoyan los trabajos de las facultades de Ciencias y Agronomía de la Universidad de la República-, y el control y vigilancia.
Hoy los guardaparques no pueden multar, y su gran tarea consiste en “tratar de prevenir y persuadir”. Si bien la caza ya está prohibida, no tienen forma de penar directamente; pueden comunicarse con Prefectura o con la Policía. Permiten la pesca deportiva pero sólo con caña o reel, y han logrado controlar las extracciones de plantas medicinales en grandes cantidades. También prohíben hacer fuego, lo que ha permitido un mayor crecimiento de especies nativas. Carámbula valoró, además, que cada vez se acerca más gente para conocer la diversidad del lugar y pedir información, y cada vez menos para llevar a cabo acciones extractivas. “Ahora es otro estatus”, acotó, conforme con el decreto que les dará mayores posibilidades de controlar y de comunicar a la población el valor a preservar.