La intervención del titular de esa cartera, Danilo Astori, ocurre en el marco de la impugnación que Trenal presentó contra la resolución que había tomado la comisión el 25 de noviembre, aceptando como relevante conocer las rutas y clientes que la empresa debe entregar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en su calidad de transportadora de RSP. Trenal rechazó la decisión por considerar que dichos datos no se relacionaban con “la búsqueda de conocimiento de mercado” y porque “violenta la confidencialidad” comercial.
El 24 de febrero, la asesora jurídica del MEF Silvana Lioret elevó un informe al despacho del ministro, en el que consignaba que compartía la conclusión a la que arribó el 30 de diciembre la comisión tras analizar los fundamentos de Trenal, y recomendaba desestimar el reclamo al definir que “resulta esencial la información aportada por la Dinama, expresando que por ser agentes económicos de la actividad en cuestión, son los conocedores de la realidad comercial que se pretende investigar”. Aclaró también que no debe existir preocupación, ya que esos documentos han sido catalogados como confidenciales, “por lo que se procedió al desglose correspondiente, excluyéndose de esa forma el acceso de los interesados y el público en general”.
El 11 de marzo Astori puso su firma en la resolución, con lo que culminó el acto administrativo, no haciendo lugar a la queja de Trenal y permitiendo así continuar con la pesquisa. Desde que comenzó la actuación de la comisión, las tres empresas que están bajo la lupa han presentando diversos recursos revocatorios de decisiones tomadas, determinando por esta vía que los técnicos a cargo del caso hayan tenido que interrumpir su tarea en varias ocasiones. De hecho, desde abril de 2014 no se ha podido superar la etapa de aceptación de pruebas.
Antes que Trenal, las tres firmas ya habían intentado impedir la aceptación de determinadas pruebas mediante recursos de revocación y jerárquicos. En aquel entonces el ministro era Mario Bergara, que al resolver contempló parte del reclamo, concretamente el vinculado con que la prueba fuera revisada en su totalidad, y reconoció que parte de la información podría no tener relación con la investigación. Finalizada esta nueva movida de Trenal, podría comenzar a realizarse el análisis de fondo.
Comienzo tienen las cosas
La intervención de la comisión antimonopolio tuvo lugar a instancias de Ecotecno -grupo económico argentino vinculado a la familia del presidenciable y gobernador de Buenos Aires Mauricio Macri-, que, en resumen, acusa a las otras tres firmas de ejercer un monopolio en el que se complementan, entre otras formas, presentándose a licitaciones ofreciendo servicios complementarios según cuál de las empresas termine siendo la adjudicataria. También las acusa de impedir por distintas vías el ingreso de nuevos competidores a un mercado que mueve diez millones de dólares al año.
Ejercerían el monopolio tanto en el sector privado como en el público. Son desde 2008 las que venden servicios al Estado mediante licitaciones convocadas por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), contratos que son objeto de investigación por parte de la Justicia del Crimen Organizado, también a instancias de Ecotecno, en este caso por sobrefacturación. Ecotecno se presentó en 2012 a un nuevo llamado de ASSE al finalizar la vigencia del plazo del anterior, y denuncia que a pesar de haber hecho la mejor oferta económica, fue desplazada con el argumento de que no disponía de las autorizaciones ambientales al momento de la licitación, extremo que, sin embargo, no habría sido considerado a la hora de evaluar y terminar aceptando a los otros oferentes, que tampoco estarían completamente en regla.
Con respecto a los sobrecostos hay una sensación generalizada en varios ámbitos de que es así, aunque todos advierten que, al menos por ahora, la Justicia no se ha expedido respecto de que haya delito. Pero al ser las tres únicas empresas (además de Ecotecno) que cuentan con capacidad física para hacerse cargo de la tarea bajo los parámetros medioambientales establecidos en 2009, la administración no puede fijar los precios. De hecho, una comisión asesora en adjudicaciones de ASSE había recomendado declarar desierta la convocatoria, entre otras cosas porque las ofertas económicas no eran convenientes. Pero ASSE siguió adelante, incluso posteriormente, ante decenas de resoluciones del Tribunal de Cuentas de la República, que consideró esas adjudicaciones ilegales por diversas irregularidades (ver “Difamación e injurias”).
Por eso, el Ministerio de Salud Pública, como lo informara la diaria el 3 de febrero de 2015, comenzó este año una auditoría del mercado para tener una referencia propia de cuánto debería pagar por kilo de RSP.
Así está el negocio, amigos
De las tres empresas presuntamente monopólicas, una fue sacada del mercado por vía indirecta, ya que la Intendencia de Montevideo (IM) le rescindió el contrato a ATT Ambiental por no haber puesto en marcha en diez años, salvo un mes en 2010, una planta procesadora de RSP. En 2003 y por licitación, la IM había licitado dos padrones en Camino Oncativo a interesados en construir dos plantas de tratamiento. Ganaron Aborgama y ATT Ambiental, pero la planta nunca estuvo operativa, a pesar de que su existencia fue uno de los factores fundamentales para que ASSE le entregara la recolección y tratamiento de los RSP de Portal Amarillo, el Instituto Nacional de Reumatología y el hospital Piñeyro del Campo.
Desde que en julio clausuró las actividades de ATT Ambiental, la IM prepara, por intermedio del Departamento de Desarrollo Ambiental, un nuevo pliego licitatorio que, según confirmó a la diaria el director del departamento, Juan Canessa, está en la etapa final. La resolución del gobierno departamental determinó que ASSE abriera nuevos llamados para reasignar los servicios que tenía ATT Ambiental, proceso que aún no se ha concretado, a pesar de que los plazos están vencidos. De momento, la tarea les corresponde a las otras empresas contratantes con la administración.