Las transferencias directas condicionadas surgieron hace aproximadamente 25 años. Desde ese entonces, varios países de la región las han implementado apostando entre 1% y 1,5% de su Producto Interno Bruto a estos programas y percibiendo resultados distintos según el caso. Los últimos debates en la materia cuestionan la condicionalidad de estos instrumentos, es decir, reclamar a los beneficiarios que cumplan ciertos compromisos asociados al mejoramiento de sus capacidades humanas, o se centran en la necesidad de actualizar estas condiciones. Así lo entendieron los cuatro analistas reunidos ayer por el Instituto de Investigación para el Desarrollo, Crecimiento y la Economía (RIDGE, por su sigla en inglés) en un foro de discusión sobre las perspectivas de este tipo de programas en la región.
Ninguno de los presentes cuestionó la existencia de las transferencias. De hecho, desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Hugo Ñopo tuvo una opinión favorable de estos programas, porque considera que han “cambiado el statu quo”, volviendo los programas de ayuda estatal “más personalizados” y con “estándares de monitoreo y evaluación”. El subsecretario de Educación y Cultura, Fernando Filgueira, sostuvo que han sido un “cambio en los paradigmas de los modelos sociales”, el “primer quiebre” que hubo al permitirle al Estado transferir dinero a una población que quizá no haya contribuido con la seguridad social del país, pero también observó que esto ha conllevado algunos “riesgos”; a modo de ejemplo, mencionó el “tipo de uso” que los beneficiarios de las transferencias le dan al dinero.
El rol que ocupan las condicionalidades ocasionó un debate más animado. “La evidencia dice que funcionan, pero quizá es hora de pensar en nuevas condiciones”, opinó Ñopo, quien convocó a definir metas que apunten a resultados con “mayor calidad”, ejemplificando con la educación: considera necesario que, en vez de apuntar a que los niños vayan a la escuela, proponerse que éstos “aprendan más”, línea con la que coincidieron el resto de los presentes.
Por su parte, el economista del Banco Mundial Juan Martín Moreno sugirió en primer lugar “romper con las imitaciones”. Según dijo, entre los países de la región “hay mucha imitación” entre los programas, lo que “no es bueno”. También recalcó como negativa la existencia de una pluralidad de programas sin un sistema que los sustente y unifique: “Hay un mal en algunos países al que se le llama ‘programitis’, y lo padecen aquellos que, imitando, llevan a cabo un montón de programas ‘sueltos’ sin eficiencia, y no entienden que tener muchos programas no implica tener un sistema”, afirmó. En este sentido, atribuye a la imitación la principal falla de las condicionalidades de estos programas -la “incondicionalidad disfrazada”-, ya que “al copiar el programa se copian las condicionalidades y éstas a veces no aplican a los países que las copian”, explicó.
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Rodrigo Arim, sugirió eliminar las condicionalidades y, en lugar de esto, “asegurar un ingreso mínimo básico” a todos los hogares, sobre todo, a aquéllos con niños. “El sistema impositivo uruguayo tiene un mecanismo que genera exoneraciones tributarias [en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas] ante la presencia de cargas asociadas a la infancia; por lo tanto, hay un conjunto de la población que ve disminuida su carga tributaria, es decir, percibe un beneficio económico directo [...] y no se le impone condiciones por su deducción”; es decir, que “ya hay transferencias no condicionadas para ciertos estratos de la sociedad, específicamente de ingresos medio-altos”. Basándose en esto, sostuvo que no se le debería pedir condiciones a los beneficiarios de las transferencias monetarias, y sostuvo que, en todo caso, a los beneficiarios de estos programas “se les debería asegurar un ingreso mínimo básico”.