Algo pasó en Carmelo entre el 4 de enero y el 26 de febrero de 1974. No está claro si fue una demostración de fuerzas inútil, un experimento de alcance local o el simple delirio de una patota de mentes enfermas. Lo cierto es que en ese período unos 100 jóvenes carmelitanos fueron detenidos y llevados al Batallón de Infantería Nº4 de Colonia del Sacramento. La mayoría de ellos tenía entre 18 y 22 años; estudiaban, trabajaban y militaban en el Partido Socialista, el Partido Comunista o el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Perrini era un poco mayor que el promedio de los detenidos, tenía 34 años y el delantal de heladero puesto cuando un grupo de militares ingresó a su casa el 26 de febrero de 1974. Revolvieron todo y lo sacaron a golpes, mientras sus tres hijos (Dino, de seis años, Aldo, de cinco y Piero, de un año y medio) dormían. Lo llevaron encapuchado en un camión hasta el cuartel de Colonia. Cuentan sus compañeros que esa misma noche, mientras lo torturaban, Perrini pedía que lo dejaran volver a Carmelo para repartir helados, mientras gritaba: “¡Heladero, helado!”.
En el cuartel
“Batallón ‘Oriental’ de Infantería Mecanizado Nº4”, dice afuera el cartel. En la puerta, un grupo de militares jóvenes mira a quienes comienzan a llegar para presenciar el acto.
No es poca cosa: es la primera vez en Uruguay que se coloca una placa de homenaje a un asesinado en dictadura en un predio militar. Sin embargo, para el jefe del Batallón, el teniente coronel León Chebi, y para el comandante de la Brigada de Infantería Nº2, el coronel Gustavo Figueredo, fue un día normal para todos.
“Los militares no tenemos voz, voto ni opinión; nos limitamos a darle cumplimiento a las órdenes. Vino la orden de poner una placa y se puso la placa. Tampoco hacemos la lectura de si es o no un hecho histórico, eso es una apreciación periodística o política”, aclaró Figueredo. Casi sin inmutarse, el coronel agregó: “No cambió la rutina, la escala de mando está intacta y el Ejército tiene la frente en alto. Este Ejército no tiene nada que ver con lo que pasó en aquellos años”.
También dicen que reaccionó con todas sus fuerzas -le decían Chiquito, pero de pura ironía- cuando logró sacarse la venda de los ojos y ver cómo violaban a una muchacha de 17 años. Después de eso, los militares lo torturaron hasta su muerte.
En febrero de 2012, un periodista del semanario coloniense El Eco logró entrevistar a un ex soldado del Batallón Nº4, que aportó información pero no quiso identificarse.
“A Perrini lo mataron en la sala de interrogatorio. Lo mataron en el cuartel. Entonces lo sacan y lo pasan abajo, se prende la radio, y traen a la gente; los que estaban encargados eran el Oso Barneix y el Flaco Puigvert. Cuando le hacen el interrogatorio, a Chiquito lo mojan [le hacen el submarino en el tacho], después le ponen bolsas de agua en las manos, y con un magneto de teléfono de campaña le dieron manija y manija y no le aguantó el corazón. Le dieron la primera y no aguantó la segunda. Cuando quisieron acordar, el tipo se les muere”, confesó.
El Oso es Pedro Barneix. El Flaco es José Puigvert. También estuvieron involucrados en este homicidio Washington Perdomo y José Baudean, ambos fallecidos.
Milicos y socios
Carlos Pereira, de la Asociación de ex Pres@s Politíc@s de Uruguay (Crysol) Carmelo, fue uno de los detenidos en el Batallón Nº4 y, como el resto de sus compañeros, no tiene una hipótesis contundente respecto de qué pasó concretamente en aquellos primeros meses de 1974. “La derecha en Carmelo era muy fuerte, había un núcleo importante de gente de la JUP [Juventud Uruguaya de Pie], andaba en la vuelta algún estanciero de peso y algún ex militar de la Marina. También había serviles y alcahuetes en Primaria y Secundaria. El motivo concreto de la represión militar en Carmelo no lo entendemos, pero esa base social de la derecha más conservadora existía y pesaba”, reflexionó.
Según Pereira, con la muerte de Perrini se cortaron las detenciones clandestinas de jóvenes en Carmelo. “Si a Chiquito no lo asesinaban iban a seguir trayendo gente, y quién sabe qué hubiera pasado. En ese sentido fue un héroe”, comentó.
Pereira fue uno de los oradores en el acto de homenaje a Perrini que se realizó ayer, antes del mediodía, afuera del Batallón Nº4 de Colonia. La actividad la impulsó la Comisión Especial creada por la Ley 18.596, que establece que en todos los sitios públicos donde se hayan producido violaciones a los derechos humanos, el Estado colocará “en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos”. En representación del Ejecutivo estuvieron el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Fernando Filgueira, y el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, Roberto Caballero. La placa que se colocó dice: “En este edificio fue asesinado y torturado Aldo Perrini por la dictadura fascista cívico militar”.
En su discurso, Pereira remarcó que ninguno de los detenidos “andaba con una pistola 45 colgada del cinto” y que sus armas eran los “tachos con engrudo para las pintadas”. “No queremos que nadie nos quiera incluir en la teoría de los dos demonios”, dijo. En tanto, Gastón Grisoni, presidente de Crysol, dijo que el asesinato de Perrini es un crimen de lesa humanidad, y que por lo tanto es “inamnistiable, imprescriptible y no corresponde computar el período durante el que estuvo vigente la Ley de Caducidad en el cálculo prescripcional”.
Una resolución clave
En setiembre del año pasado, la defensa de Barneix presentó un recurso de casación contra el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 1º Turno, que había habilitado su indagatoria en el marco de la causa que investiga la muerte de Perrini.
Tras ese fallo del TAP, en el que se argumentó que el período de vigencia de la Ley de Caducidad no puede computarse dentro del plazo de prescripción, la jueza penal de 7º Turno, Beatriz Larrieu, fijó la audiencia con Barneix.
La magistrada pretendía indagar al militar retirado, en el marco de un pedido de procesamiento en su contra que emitió la fiscal Ana María Telechea en 2012. El recurso de casación que presentó la defensa de Barneix fue elevado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para su consideración, y en ese momento permitió que el militar retirado no compareciera ante la Justicia.
“Estamos a la espera de la resolución de la Corte. Debería ser inminente y debería ser un rechazo [al recurso de casación]. La Corte tiene la posibilidad de enmendar su error al haber admitido el recurso; veremos si tiene autocrítica. La ley dice que este tipo de recursos no son admisibles. Sólo son admisibles si se presentan contra sentencias definitivas o sentencias que pongan fin al proceso, y no es ninguno de esos casos”, explicó el abogado denunciante, Oscar López Goldaracena. En definitiva, la SCJ resolverá si el crimen de Aldo Perrini prescribió -y en ese caso archivaría la causa- o si, por el contrario, hay que avanzar con el proceso en curso. “Es el punto de inflexión más fuerte para todas las causas vinculadas a los derechos humanos”, concluyó el abogado. Otra vez, como en el cuartel, la vida de Perrini; una historia que transcurre, caprichosamente, entre actitudes heroicas y la amenaza de villanos.