En 2002 nació el Partido Independiente (PI); se definió socialdemócrata, socialcristiano, liberal igualitarista, ambientalista e integrado por “ciudadanos independientes”. En 2004 obtuvo una banca en la Cámara de Diputados, que fue ocupada por Iván Posada. En 2009 duplicó su votación y sumó otra, con Daniel Radío como representante de Canelones. En 2014 consiguió tres lugares en la cámara baja y uno en Senadores: añadió a Heriberto Sosa como diputado por Maldonado y al líder del partido, Pablo Mieres, en la cámara alta.
Bajo el gobierno frenteamplista, aceptó los cargos ofrecidos en los entes estatales. Así, con la bandera independiente subiendo escaños y sumando votos, el PI pretende desmenuzar su plan de gobierno, presentarlo mediante varios proyectos de ley, y darle inicio a una de las promesas electorales que hicieron todos los partidos durante la campaña electoral pasada: la “anhelada” reforma estatal. “Ésa es la prioridad” del PI, afirmó Radío. El presidente Tabaré “Vázquez [dijo que] iba a hacer la madre de todas las reformas en su primer gobierno, y aquí estamos, huérfanos”, comentó.
Radío afirmó que Vázquez asumió con un “talante bastante receptivo” y que por eso presentarán ese tipo de proyectos. Sostuvo que durante el gobierno del ex presidente José Mujica “se miraba quién hacía [la propuesta] y no si era buena o mala”, y que con Vázquez tiene la “impresión” de que serán valorados o criticados por su idoneidad.
Actualmente el número uno lo ocupa un proyecto económico sobre regla fiscal para períodos contracíclicos, que esperan que se pueda discutir e incluir en el Presupuesto Nacional. Posada explicó que “la idea es establecer indicadores a seguir para que no se den situaciones como la actual: llegamos, a pesar del crecimiento de la economía, a un déficit fiscal de 3,3% del Producto [Interno Bruto]”. Además, indicó que “una regla de esta naturaleza tiene que ser acompañada por una suerte de consejo de expertos para hacer una evaluación de la gestión fiscal”.
En el ámbito social, Posada representará un proyecto para “crear un fondo especial auxiliar destinado al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU] para niños y adolescentes en situación de calle”. Explicó que “la idea es que sea presidido por el INAU pero que haya otros actores sociales, que se involucre el Ministerio de Desarrollo Social, y que de alguna manera se discutan las prioridades de atención a esta problemática”, afirmó. Por otro lado, Radío volverá a plantear la “necesidad de modificar el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado: que sea de tres miembros designados por el Poder Ejecutivo y que los directores sociales pasen a formar un comité asesor junto a técnicos”. Radío considera que hay “un problema de representatividad muy grande, principalmente con los que representan a los usuarios, y en ambos casos hay un problema de legitimidad”. A su vez, seguirá insistiendo con un proyecto de accesibilidad web para personas con discapacidad, y con otro (que tiene un informe negativo del Ministerio del Interior) que plantea que el Estado les otorgue gratis los documentos a las víctimas de hurtos o rapiñas si se los roban en el transcurso del delito.
Giro a la izquierda
Unidad Popular (UP), que se presentó en las últimas elecciones bajo el lema “Asamblea Popular” -nombre que aglutinó en 2006 a la mayoría de los sectores que la componen- nació en 2013; nuclea a varias agrupaciones políticas, entre ellas el Movimiento 26 de Marzo y el Partido Comunista Revolucionario. Insiste en que el Frente Amplio ha variado a posiciones de centroderecha en la última década, y plantean un giro a la izquierda. Se presentó en las elecciones pasadas y obtuvo una banca en la Cámara de Representantes, ocupada ahora por Eduardo Rubio.
También coincidentes con su programa de gobierno, UP tiene en carpeta varios proyectos relacionados con el ámbito social. El que presentará primero es para que “la gente del mar” se jubile a los 50 años y se contabilicen tres años cada dos trabajados, “por lo que implica el trabajo en el mar”, explicó Rubio.
También están trabajando en un “plan nacional de vivienda” para que ingrese en el debate presupuestal. Plantean que el beneficiario abone una cuota mensual de hasta 10% del ingreso del núcleo familiar, y definir el precio de la construcción sin considerar la especulación inmobiliaria. “Hablamos de aplicar, todos los años, 1,5% del presupuesto a un plan de construcción de vivienda”. Todavía no han definido cómo se repartirían las viviendas; Rubio supone que por sorteo. “Nos van a decir que estamos subsidiando. Sí, pero en los hechos ya estamos subsidiando otros planes de vivienda social en los que los beneficiarios son las empresas que especulan y no el usuario de la vivienda”, afirmó.
UP quiere una ley nacional de deporte, que pasaría la Secretaría de Deporte de la órbita presidencial a la del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). “Es un elemento central de educación e integración social”, aseguró Rubio.
La propuesta tiene como ejes la “desmercantilización del deporte”, “efectivizar la presencia de la educación física, no como un aspecto formal, sino instrumentalizarlo”, “recuperar las plazas de deportes, crear centros barriales donde la gente pueda asumir la práctica del deporte o ejercicio en todas sus modalidades”. Otro punto destacado es la incorporación en la ley de “la obligatoriedad de que las empresas dediquen una media hora para que los trabajadores puedan hacer ejercicios recuperadores, combatiendo la enfermedad laboral”.
Otra de las preocupaciones de UP es el transporte ferroviario. Aún no tienen el proyecto armado, pero Rubio aseguró que están trabajando con el Sindicato Ferroviario del Uruguay, con ingenieros y economistas, redondeando un proyecto que maneja costos, un plan por etapas, pero que hace imperativa la instalación del transporte ferroviario, de carga y de pasajeros, como una solución de fondo al transporte de la gente, “a un bajo costo y de calidad”, aseguró.