El director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Héctor Florit, consideró que la situación originada por denuncias de malos tratos contra preescolares en el Colegio Nueva Cultura-Método Logosófico permite recorrer “un camino que es especialmente importante para la regulación de la actividad de las instituciones privadas en general: saber cuál es el límite de la libertad de enseñanza que prescribe la Constitución y cuáles son las facultades que tiene un organismo que no está destinado a investigar instituciones privadas sino a certificar que la habilitación se corresponde con determinados contenidos pedagógicos, pero que obviamente no avanza, porque difícilmente pudiera hacerlo en el marco de la Constitución, en asuntos que hacen a la filosofía de las instituciones”.
Para el jerarca, “en este caso, como en otros (no es en el único colegio), yo creo que hay filosofías educativas pedagógicas que sostienen métodos de enseñanza distantes de las prácticas docentes que tiene la educación pública, y ahí hay un asunto entre la libertad de enseñanza y el derecho de los niños; como los niños están primeros hay que defenderlos”.
Florit hizo estas declaraciones a la diaria al ser consultado sobre cómo había recibido el organismo el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sobre la actuación del CEIP ante las denuncias, que en resumen consideró ineficaces e ineficientes. El INDDHH, además, le dio un plazo de 60 días al CEIP para continuar la investigación e informar de las novedades (ver la diaria de ayer).
“Nosotros le hemos solicitado a la INDDHH una entrevista porque nos parece que hay algunas afirmaciones que seguramente están fundadas en falta de información. Primaria no tiene ni recursos ni facultades para interrogar a niños de tres años; eso es una competencia de la Justicia, y Primaria en eso actúa con extrema prudencia”, afirmó el titular del CEIP, en relación al cuestionamiento recibido por parte de la institución acerca de que en las actuaciones que llevó a cabo no tuvieron en cuenta la versión de las presuntas víctimas, niños y niñas de entre tres y cinco años.
El entrevistado aclaró cuáles son las posibilidades de acción que tiene el organismo en casos como éste. “No podemos hacer investigación administrativa, que es un resorte que se hace frente a los ámbitos públicos. Nosotros estamos regulados por la ordenanza 14, que nos permite controlar la situación de los docentes, la titulación, que se cumplan los programas dispuestos por la currícula oficial y aspectos locativos, además de la definición programática del artículo 68 de la Constitución, que es la higiene, la moralidad y el orden publico”.
Lo que el CEIP sí puede hacer, e hizo, remarcó, es llevar a cabo inspecciones, y en caso de que se detectasen irregularidades, dependiendo del tenor, orientar el trabajo docente o dar cuenta a la Justicia. Florit repasó todas las inspecciones que llevó a cabo el CEIP desde comienzos de octubre, tras recibir la denuncia de 14 padres que habían retirado a sus hijos del Nueva Cultura por situaciones de maltrato físico y psicológico dentro de la institución.
En este sentido, agregó que en el marco de esas actuaciones se comprobó que una de las docentes implicadas (del grupo de tres años) había abandonado el colegio, y que la otra (del grupo de cinco años) fue reubicada en otras tareas, por lo que ninguna sigue a cargo de niños. Florit señaló que a juicio de Jurídica del CEIP, no se encontraron elementos de convicción suficientes para tomar medidas, y recordó que ninguna de las otras dependencias estatales (entre ellas el Consejo Directivo Central, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y la Justicia) ha encontrado hasta el momento elementos para actuar.
El funcionario destacó que “lo que nosotros no tenemos, y es lo que dice la resolución de Jurídica, son elementos de convicción suficiente para poder afirmar que existe una violación a los derechos del niño”; y si bien no hay convicción suficiente, “indicios seguramente hay”, y por eso “mantenemos la investigación, es decir, las intervenciones”, en alusión a que la semana pasada, incluso antes de que se conociera el informe de la INDDHH, se llevaron a cabo nuevas visitas al colegio, por lo que “estamos haciendo el seguimiento que nos recomienda la institución”.
Mencionó que “existen algunos errores” en el informe de la INDDHH, y como ejemplo usó la crítica de la INDDHH de que el CEIP convocara a los docentes a brindar testimonio fuera del local del colegio, algo que “sí hicimos”. “Yo no voy a descalificar a la institución; creo que actúa con los elementos que tiene disponibles y seguramente algunas de las actuaciones de Primaria no fueron comprendidas, porque también se atendió a los denunciantes; yo, personalmente, recibí a los denunciantes, y la inspectora de educación privada, también”, puntualizó.