En un fallo efectuado el 5 de marzo, el máximo tribunal desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador (RPE) presentada por una veintena de empresas de transporte del departamento de Paysandú. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideró que existe una “falta de legitimidad” en el planteo, porque éste apunta a lo “genérico” de la Ley 19.916 y no a un caso concreto.
A su vez, se desestimó por “improcedente” el recurso interpuesto por el presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) Faustino Rodríguez y por el dirigente Iván Hafliger, quienes se presentaron voluntariamente en el expediente judicial, patrocinados por Óscar López Goldaracena. “Los sindicalistas defendieron la constitucionalidad de la ley y argumentaron que no son admisibles los recursos de inconstitucionalidad que se deducen sin identificar un caso concreto”, explicó el abogado a la diaria. “A diferencia de otros expedientes en los que sí fueron citados como terceros -como en el primer recurso de inconstitucionalidad presentado por la empresa Nossar-, los dirigentes gremiales se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para defender la ley aunque no los habían citado”, acotó.
La sentencia que rechazó la inconstitucionalidad fue adoptada por mayoría; el ministro Jorge Chediak fue discordante y sostuvo que sí se podría tramitar recursos genéricos.
Desde su aprobación en marzo del año pasado, la SCJ recibió cinco recursos de inconstitucionalidad contra la ley de RPE: el primero fue presentado por la empresa de transporte Nossar, representada por el ex vicepresidente y abogado Gonzalo Aguirre. López Goldaracena explicó que Rodríguez y Hafliger fueron citados como terceros en este caso, aunque el recurso también era genérico, “porque el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] contestó la demanda y pidió que se citara a estos directivos del SUNCA como trabajadores interesados para la defensa de la ley. La SCJ hizo lugar, contestamos la demanda y mañana [por hoy] estamos presentando el alegato, y se espera que en un mes se conozca el respectivo fallo”. Entre las pruebas pedidas, se presentaron documentos y testimonios del Banco de Previsión Social y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En el caso del recurso presentado por las empresas de Paysandú, López Goldaracena consideró que “puede sentar jurisprudencia para los demás”, pero subrayó que la SCJ “no ingresó en el fondo del tema” al rechazar el recurso “por razones procesales”. “A todos nos debe quedar claro que no puede impugnarse de inconstitucionalidad una ley ‘por las dudas’, sino que quien presenta el recurso tiene que tener un interés directo que sólo se evidencia frente a un caso concreto en el que la ley se estuviera aplicando. Acá no había ningún caso concreto”, agregó.
Además, sostuvo que “existen fundadas razones de fondo para concluir en la constitucionalidad de la ley: más que preocuparse por iniciar acciones de inconstitucionalidad, la prioridad de los empresarios debería ser, como ya muchos lo están haciendo, preocuparse por el cumplimiento de las normas sobre seguridad laboral y entender que se trata de vidas, no de costos”, expresó.
Las otras tres acciones de inconstitucionalidad de la ley son de casos concretos, que tienen presumarios penales, detalló el abogado, quien accedió a la información a partir de una solicitud de información a la SCJ mediante el recurso de Habeas data. “Pedimos información sobre qué casos había contra la ley; pudimos acceder a los fundamentos y nos presentamos voluntariamente [para argumentar a favor de la ley ante la SCJ]”. Uno refiere al accidente que sufrió un trabajador rural en la localidad coloniense de Carmelo, y fue presentado por un hacendado; el otro tuvo lugar en Durazno; sobre el tercero no hay datos precisos porque “la corte sólo me dio fundamentos, pero no sé qué tipo de accidente fue”, explicó López Goldaracena.
Desde la reglamentación de la ley de RPE ha habido “una baja sensible” de los siniestros en ámbitos laborales en Montevideo, “pero es insuficiente” en el resto del país, manifestó ayer el secretario general del SUNCA, Daniel Diverio. Mientras que en 2013 se registraron 8.000 accidentes laborales, el año pasado hubo 6.430, indicó el sindicalista.