“¿Vos no le pedís que te lo coloque?”. La adolescente de 17 años había sido violada con un palo. Su edad mental era la de una niña de ocho, y el juez de la localidad patagónica El Bolsón la interrogaba para indagar el grado de seducción que podría haber ejercido sobre el victimario y si “no tenía ganas de tocarlo”.
Con desconcierto, su colega Carlos Rozanski miraba la escena y su indignación fue obvia: la víctima, menor de edad, no debía estar allí. En un alto de la audiencia planteó sus diferencias al magistrado y lo denunció al día siguiente por tortura psicológica. Le llevó cinco años redactar siete páginas que cambiarían la legislación argentina y sentarían jurisprudencia hasta hoy: la ley que lleva su apellido modificó el Código de Procedimiento Penal argentino en 2003, al establecer que menores de 16 años que fueron víctimas de abuso no pueden ser interrogados por policías, fiscales o jueces, sino por “un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida [...] en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor”, como la cámara Gesell.
“La historia de la infancia es la de la vulneración de derechos”, enfatizó ayer quien fuera juez de la Cámara I del Crimen en Bariloche (Argentina) y en la actualidad preside el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, donde se ha juzgado a decenas de represores por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 en el vecino país. Rozanski brindó una conferencia sobre la protección integral de niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales, invitado por la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho y la Red Temática de Género de la Universidad de la República.
Con la sala Azul de la Intendencia de Montevideo colmada de trabajadoras sociales, psicólogas, algunos fiscales y policías de civil, el magistrado se explayó durante una hora y media sobre la necesidad de que el funcionariado judicial “adapte la legislación a las necesidades de las víctimas” y genere “empatía” con éstas. “La Facultad de Derecho no prepara para humanizar a quienes deciden sobre la vida del prójimo”, dijo, y puntualizó que en la actualidad “no estamos viviendo un problema normativo, porque la legislación nacional e internacional es más que suficiente”, pero “necesitamos saber qué jueces queremos: unos que no trabajen desde los estrados y que cumplan con la obligación que establece la Convención por los Derechos del Niño: ellos tienen el derecho a ser oídos”, sentenció quien más tarde fuera declarado Visitante Ilustre de la capital.
“¿Qué hacemos con la señora que está parada delante de nosotros y tiene la cara golpeada?”, cuestionó, y enfatizó en la importancia de revertir la “desarticulación” entre los profesionales de áreas sociales y los judiciales, que redunda en “impunidad y revictimización”.
Proteger de verdad
Teresa Herrera (RUCVDS) adelantó a la diaria que a fin de mes presentarán un documento que establece su “posicionamiento respecto de las políticas de prevención, protección y represión” referidas a violencia doméstica, “mediante el proyecto de ley sobre violencia de género y generaciones -que incluirá el delito de feminicidio- y la creación de una ventanilla única para brindar protección integral en estos casos”.