-¿Cuál fue la impronta del gobierno de José Mujica en materia de derechos humanos vinculados con el pasado reciente?
-Lo destacable provino del exterior, del fallo de la Corte IDH. Mujica anuló las resoluciones de gobiernos anteriores que ordenaban el archivo de las causas y se sancionó la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado [que anuló la de Caducidad] -impulso que tuvo su freno en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucionales dos artículos-. No parece ser un mérito propio de un gobierno, sino la determinación de una condena de un organismo internacional, que a su vez recibió un planteo de Juan Gelman. Fueron las víctimas impulsando el avance de la verdad y la justicia; la sociedad civil adoptó decisiones y realizó tareas que deberían estar a cargo del Estado. Falta un Estado organizado que realice una persecución inteligente y eficaz de los crímenes de lesa humanidad. Ese aspecto también fue incluido en la sentencia, pero no fue satisfecho por la administración Mujica.
-En la órbita judicial, ¿el fallo de la Corte IDH facilitó avances en las causas?
-Se desarchivaron causas a partir del fallo, pero encontramos otros muros más allá de la Ley de Caducidad. Durante su vigencia, el inmovilismo y la ausencia de una experiencia judicial no permitían ver las dificultades que ahora vemos: la aplicación del régimen ordinario de prescripción, el conservadurismo de algunos tribunales respecto de la aplicación del derecho internacional, la ineficacia investigativa del Poder Judicial [PJ] respecto de los crímenes complejos. Los jueces hacen investigaciones por oficios sin el respaldo de un cuerpo de investigadores que descubran las responsabilidades. La impunidad va mucho más allá de esa ley, y refiere a cuestiones de orden estructural e institucional. No tenemos un Estado organizado para responsabilizar a los terroristas de Estado.
-¿La suerte de los expedientes está librada a la voluntad de los operadores?
-Hay funcionarios muy eficaces y comprometidos y otros que no, pero lo que está faltando son herramientas institucionales. Entre esos déficits institucionales, observamos las formas de designación, de ascenso y traslado [de jueces] insuficientemente transparentes. Tampoco en el Ministerio Público y Fiscal tenemos las herramientas adecuadas como para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. Los fiscales no actúan en forma coordinada. La defensa de los violadores de derechos humanos tiene una estrategia que consiste, claramente, en la dilación, en lograr la impunidad cronológica, en que todo esto lleve mucho tiempo hasta que todos se mueran, víctimas y victimarios. Los fiscales operan en compartimentos estancos, lo que hace que los escasos esfuerzos institucionales dedicados a la investigación muchas veces se malgasten en duplicaciones de investigaciones de los mismos hechos, o que la prueba no se traslade de un expediente a otro porque no hay comunicación entre ellos. De ahí que consideremos importante que se apruebe el proyecto de ley que remitió la Fiscalía de Corte al ministro de Educación y Cultura, que permite la creación de unidades de coordinación de fiscalías, entre las que podría incluirse una encargada de la investigación de los crímenes de la dictadura.
-¿Cuál es la expectativa para este gobierno?
-Las organizaciones de la sociedad civil van a seguir reclamando lo que han reclamado a todos los gobiernos. El plan de derechos humanos vinculado con el pasado reciente está descripto en la sentencia de la Corte IDH y en el informe del relator [de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición] Pablo de Greiff. El anuncio de un grupo de trabajo [se refiere al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que instalará este gobierno] no satisface ese programa que debe seguir un Estado para investigar.
-¿Por qué?
-Porque no resuelve estos déficits institucionales que señalaba. Más que una comisión ad hoc, se necesitan decisiones legislativas, administrativas y presupuestarias. Se necesita que la investigación la realice personal capacitado, con formación en investigación criminal, en inteligencia militar. Eso no lo puede hacer un grupo de personas muy respetables pero que carecen de la formación como para desarrollar la tarea. Se necesita que se apruebe el proyecto de la Fiscalía de Corte que mencionaba, que la unidad auxiliar del Ministerio del Interior destinada a investigar tenga la voluntad política, personal adecuado y recursos. Se necesita que el PJ se organice de modo tal que los expedientes no queden empantanados.
-Vázquez invitó a la sociedad civil a presentar alternativas. ¿Se asumirá ese reto desde el Observatorio?
-Estoy seguro de que las organizaciones tienen mejores ideas que ésa y seguramente van a ser planteadas al presidente, con la advertencia de que la tarea de investigar sigue siendo parte de los deberes estatales, que no es un trabajo que debe descansar sobre los hombros de la organización civil.
-Organizaciones sociales han cuestionado la permanencia de Eleuterio Fernández Huidobro como ministro de Defensa Nacional. ¿Usted cómo lo evalúa?
-Fernández Huidobro es la garantía personal de que no se avance en la verdad y la justicia. No se trata de un funcionario irrelevante, integra el mando superior de las Fuerzas Armadas. Es una incoherencia evidente que [Vázquez] proclame la necesidad del desarchivo y la información y mantenga a uno de los jerarcas políticos que menos han colaborado en el avance de las políticas de derechos. Hay datos empíricos. [Fernández Huidobro] envió una carta a una jueza letrada [de Paso de los Toros, Lilián Elhorriburu] que acababa de procesar a un militar [Juan Carlos Gómez, por el homicidio de Roberto Gomensoro] diciendo “usted se equivoca”, abogando por un militar. La jueza se mostró contrariada y molesta porque recibió una información del Ministerio de Defensa Nacional [MDN] a favor de un procesado, pero no información como para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, porque si alguien sabe que un militar no está vinculado a un hecho concreto, es porque sabe más cosas. La base de datos del OLI permite ver que los oficios dirigidos al MDN se responden tarde y mal.
-¿Cuánto cree que se ha despegado el concepto “derechos humanos” del pasado reciente?
-Tenemos un problema de conceptuación de los derechos humanos, a partir, probablemente, de la especificidad de la lucha contra la impunidad. Se necesita realizar una reflexión más profunda entre la vinculación de los derechos humanos violados sistemática y masivamente durante la dictadura respecto de la vivienda, el medioambiente, la agenda feminista y de la diversidad sexual. Si no logramos esa reflexión profunda, no habremos avanzado en la definición de una sociedad democrática y libre.
-¿Hasta cuándo cree que habrá Marcha del Silencio?
-Me da la impresión de que durante mucho tiempo. Porque después de los hijos vienen los nietos. Si uno ve la experiencia en España, de la búsqueda de las fosas comunes, o la persecución de oficiales nazis en Alemania, encuentra que hay un legado de la reivindicación. Si uno detecta la participación de los jóvenes en el voto rosado, más allá del fracaso en las urnas, allí había gente joven, que había nacido cuando la dictadura había finalizado. Tal vez las marchas del silencio se resemanticen y se modifiquen en cuanto a sus reivindicaciones; de hecho, eso ya está ocurriendo. En la Marcha del Silencio hay mucha gente joven, que va también a la Marcha de la Diversidad y probablemente haya más gente que vaya a ambas, sin separar lo uno de lo otro, a partir de una reivindicación de la dignidad humana que supera los temas puntuales de la dictadura.