La Coordinadora de Sindicatos de la Energía de Uruguay nuclea a los trabajadores del gas, de UTE y de la Federación ANCAP (FANCAP), que se juntaron cuando el Parlamento discutía el marco regulatorio del gas natural el año pasado, para detener su aprobación. Tras manifestaciones, paros y reuniones con los jerarcas del momento, la coordinadora logró que el proyecto volviera al Ejecutivo para su reconsideración.
Alejandro Acosta, miembro del Consejo Directivo de la coordinadora, adelantó a la diaria que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) está trabajando en un nuevo proyecto de ley que “contempla los intereses de los trabajadores del sector”. Integrantes del consejo se reunieron con la ministra, Carolina Cosse, quien si bien no se comprometió a una fecha de entrega de la iniciativa, aseguró que “es una de las prioridades del Poder Ejecutivo”. Desde la coordinadora estiman que se tratará en el Parlamento “en el primer semestre”. Otras fuentes de la coordinadora dijeron que los trabajadores se seguirán reuniendo con la ministra “semana a semana” hasta que quede pronto el proyecto.
En la asamblea de hoy, los trabajadores informarán sobre la nueva iniciativa y buscarán reivindicar el papel estratégico del Estado en la provisión de los servicios esenciales de la energía, exigiendo que los componentes fundamentales del sector sean considerados un servicio público estatal. Desde la coordinadora rechazan “las declaraciones de algunas autoridades del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]” así como de “otros integrantes del Poder Ejecutivo” de las que consideran que “están desprestigiando el papel de las empresas del Estado”. Según un documento que presentarán hoy y al que accedió la diaria, “en este nuevo gobierno se ha desatado una campaña de ‘responsabilización’ a las empresas públicas por un supuesto derroche de gastos, mientras que se las utiliza para ‘contener la inflación’ o son una de las vías principales de ingreso de dinero a Rentas Generales, y por otra parte se pretende limitar las necesarias inversiones de cada una de ellas, jugando nuevamente al achique con la excusa del denominado ‘espacio fiscal’, y promoviendo que lo público retroceda ante lo privado”.
También reclaman el retiro “de inmediato” de Petrobras de la gestión del gas natural en MontevideoGas y Conecta, y el pasaje de éstas a la gestión de ANCAP.
En otro orden, cuestionan la política de privatizaciones mediante el régimen de concesiones de obra o de servicios públicos que lleva adelante UTE, y plantean que se rectifique la política de conceder la mayoría de los parques eólicos al capital privado, ya que esto “pone en cuestionamiento la potestad de tener decisiones soberanas por parte del Estado”. También reclaman un análisis “más profundo” del régimen tarifario. Por otro lado, convocarán a un Encuentro Nacional de Trabajadores de la Energía el 17 y 18 de abril, en el que se discutirá la posibilidad de llevar a cabo una jornada de información para los legisladores cuando éstos traten el proyecto de ley que elabora el MIEM, con el objetivo de que “todos los legisladores conozcan qué se está debatiendo”, informó a la diaria Martín Lazarte, de FANCAP.