El glifosato es el principio activo de Roundup, el herbicida de Monsanto que se ha consolidado como el más vendido en todo el mundo, sobre todo desde la aplicación de cultivos genéticamente modificados. Se utiliza como estrategia por excelencia para el control de malezas en el cultivo de soja, líder en el país, lo que ha llevado a que su uso se extienda ampliamente en el territorio uruguayo. De hecho, un trabajo de 2010 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República indica que se ha registrado presencia de restos de esta sustancia y otras similares en suelos naturales, sin uso productivo. Su uso, no obstante, no es exclusivo del área rural, sino que también se lo encuentra en áreas urbanas e incluso en hogares, y ha motivado denuncias por su impacto en la salud.
Según el estudio mencionado, elaborado por 17 expertos nucleados en la OMS, el glifosato ha sido clasificado como un producto “probablemente cancerígeno para los humanos”, de acuerdo con pruebas realizadas en países como Estados Unidos, Suecia y Canadá. Actualmente, en Uruguay, la división Análisis y Diagnóstico de la Digesa lo califica como un “herbicida autorizado” con un grado III de toxicología, es decir, “ligeramente peligroso”. Las empresas autorizadas a importarlo cuentan con permisos cuyos vencimientos van desde octubre del año que corre hasta febrero de 2019.
Según el informe de la IARC publicado a mediados de marzo en una revista de investigación médica, hay “evidencia limitada” de que puede producir linfoma no-Hodgkin en seres humanos, y pruebas “convincentes” de que puede causar cáncer en animales de laboratorio. La IARC categoriza los agentes, compuestos y exposiciones en cinco categorías; el glifosato fue colocado en la segunda de mayor peligrosidad.
Con el mismo nivel de riesgo que el glifosato fueron calificados los insecticidas diazinón y malatión. El primero se utiliza normalmente en agricultura y también para uso doméstico, en el control de insectos caseros y de jardín; sin embargo, su volumen de producción es relativamente bajo, especialmente después de las restricciones que entraron en vigor en 2006 en Estados Unidos y la Unión Europea. La IARC llegó a la conclusión de que hay una “fuerte evidencia” de que la sustancia indujo “daños en el ADN o en los cromosomas”, por lo que en su último informe lo calificó como “probablemente cancerígeno”, basándose en “evidencia limitada” de su relación con la aparición de linfoma no-Hodgkin y cáncer de pulmón en quienes se han visto expuestos a esa sustancia, según estudios realizados en Estados Unidos y Canadá. En Uruguay se utiliza sobre los cultivos de manzanos, perales, durazneros, vides, cítricos, papa y tomate. La Digesa lo ha calificado como “moderadamente peligroso”, y su comercialización está habilitada hasta junio de 2016.
En cuanto al malatión, se usa en la agricultura y se produce en grandes cantidades en todo el mundo, aunque la exposición de la población es baja y ocurre principalmente en residencias cercanas a áreas en las que se ha utilizado, de acuerdo con el informe de la IARC. También calificado como “moderadamente peligroso” por la Digesa, su comercialización está autorizada en territorio uruguayo hasta mayo de 2018, como insecticida para el control de hormigas y el control preventivo de gorgojos y palomitas en cereales almacenados. La IARC consideró que hay “evidencias limitadas” de que produciría linfoma no-Hodgkin y cáncer de próstata en humanos, de acuerdo con estudios realizados en agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia publicados desde 2001.
Al mismo tiempo, los insecticidas tetraclorvinfós y paratión han sido clasificados como “posiblemente cancerígenos para el ser humano” por esta agencia, un grado de peligrosidad “menor” que el de los mencionados en primer lugar. El paratión, utilizado en Uruguay en los cultivos de manzanos, perales, durazneros y cítricos, es calificado como “altamente peligroso” de acuerdo con la Digesa y está autorizado hasta abril. En cuanto al tetraclorvinfós, prohibido en la Unión Europea y con uso aprobado sólo sobre mascotas en Estados Unidos, no existe evidencia en los registros de la Digesa de que esté autorizado para su utilización en suelo nacional.
Tanto el subsecretario del MGAP, Enzo Benech, como el director de la Digesa, Inocencio Bertoni, dijeron a la diaria que están “recabando información” para tener elementos que les permitan opinar sobre el estudio.