La semana pasada, la Justicia uruguaya le negó al Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo) la posibilidad de acceder al protocolo elaborado por el Ministerio del Interior (MI) para el uso de la plataforma tecnológica El Guardián. Dicho sistema permite que ese ministerio intercepte comunicaciones, incluidas las realizadas mediante teléfono fijo, celular y correo electrónico, con la novedad de que le puede hacer eso a un número significativo de personas en forma simultánea. Es una herramienta potente, que el Poder Ejecutivo adquirió bajo un procedimiento de compra secreta. En su comparecencia ante el juzgado, el MI manifestó que no podía entregar la información requerida, porque su liberación vulneraría el derecho a la seguridad. Además, cuestionó el interés del “ciudadano común” (sic) en conocer cuestiones que la ley ha definido como secretas.
La situación es bastante delicada. La Justicia uruguaya valida con esta sentencia que pueden existir protocolos de actuación secretos de los cuales la ciudadanía nada habría conocido si no fuera por la prensa y la actuación de la sociedad civil.
La publicidad de las normas es el abecé de un Estado de derecho. Las personas no saben a qué atenerse si las normas no son establecidas de forma clara y pública. El protocolo o los protocolos en cuestión regulan aspectos centrales acerca de la recolección y la retención de datos personales, aspectos que desempeñan un papel clave para la protección de la libertad de expresión. Derechos de tal importancia no pueden ser regulados meramente por el Ejecutivo y de forma secreta, sin criterios que establezcan cuándo y cómo se debe considerar necesario someter a una o varias personas a vigilancia.
Por otra parte, esta sentencia no revisa un procedimiento de compra secreta (ahora público), que establece las condiciones en las que se contrató al proveedor de la tecnología. Irónicamente, en el país de origen del proveedor, Brasil, sus contratos con el gobierno están en general publicados, con amplios detalles sobre los servicios y la plataforma. Protocolos secretos y compras secretas de tecnologías con un potencial muy alto de invadir la vida privada de muchos individuos son, en general, cosas no deseables para regímenes democráticos.
La situación deja en evidencia una realidad en Uruguay: la ausencia de una regulación legal específica en la materia, que debería establecer salvaguardas para quienes son sujetos a vigilancia, responsabilidades claras en materia de acceso y uso de la información recogida para los operadores del sistema, y un sistema de reporte al Parlamento y a la sociedad en su conjunto sobre su operación.
El MI intenta justificar estas acciones en el marco de la Ley 18.494, sobre lavado de activos. Dicho marco es insuficiente para lo que efectivamente es un fenómeno nuevo, que sin duda tendrá alcances mucho mayores que los delitos previstos en esa ley. Sin la regulación general que nos falta, los juzgados no necesariamente resolverán de forma adecuada; se requiere un debate más de fondo acerca de los límites de la privacidad y el poder del Estado en la era digital. Y es necesario un marco específico que garantice una discusión medida y sopesada, a fin de que ésta derive en normas basadas en principios claros de derechos humanos, y no en regulaciones administrativas en las sombras.
El 10 de diciembre varias organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre esto, y ahora, desde DATA Uruguay, hemos decidido acudir a litigar en este proceso junto con Cainfo. DATA es una organización que construye tecnología para el bien común. Establece colaboraciones con distintos actores, incluido el gobierno, para contribuir a que la información pública sea usada en beneficio de la gente. Litigamos porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una situación que tiene el potencial de comprometer varios de los valores por los que trabajamos. Litigamos porque esperamos que luego de esta instancia la “ciudadanía común”, al decir del equipo legal del MI, pueda tener un diálogo franco, abierto y responsable con el gobierno sobre el balance entre derechos centrales de nuestro régimen democrático. Litigamos porque es la herramienta que va quedando. Litigamos aunque lo que correspondería a una democracia madura frente a temas complejos sería que nos escucháramos más (cara a cara más que de forma encubierta) y litigáramos menos.
Fabrizio Scrollini
Presidente de la asociación civil DATA Uruguay e investigador en temas de transparencia, acceso a la información y datos abiertos.