El procesamiento sin prisión en marzo de 2014 contra el ex intendente de Treinta y Tres Gerardo Amaral (Partido Socialista, Frente Amplio, FA) había sido por conjunción del interés personal y público. El Tribunal de Apelaciones de 4º Turno también revocó los procesamientos de la directora de Acondicionamiento Urbano y Rural durante su gestión, Susana Martínez y de su esposo, Héctor Saravia, arquitecto y representante de la empresa constructora que refaccionó la Casa de la Cultura de ese departamento. El procesamiento, en marzo de 2014, derivó de la contratación (y posterior ampliación de la licitación) para la refacción de la Casa de la Cultura, obra a cargo de la empresa que representaba Saravia, cuando Martínez era jerarca comunal. Saravia, a su vez, había sido director de Cultura al comienzo de la gestión de Amaral (que fue entre 2005 y 2010), pero no era empleado cuando se realizó la licitación, en 2008 y 2009. La empresa que representaba también participó en obras de refacción del cine-teatro de la ciudad.
La denuncia había sido presentada en la Justicia penal por la Junta Departamental de Treinta y Tres, luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública enviara un informe en el que aseguraba que Amaral se apartó “de las normas y principios imperantes en materia de conducta en la función pública”, al no separar de su cargo a Martínez durante el período de la obra. La bancada de ediles del FA había respaldado el envío de los antecedentes a la Justicia en el entendido de que había habido un error administrativo, pero no dolo.
El fallo fue aprobado por unanimidad en el Tribunal de Apelaciones, informó Gonzalo Crizul, abogado de Amaral, que fue notificado ayer. El Tribunal consideró que “no hubo delito”, aunque puede haber habido “irregularidades administrativas”. Ante este dictamen, la fiscalía puede presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, pero de lo contrario el caso se archivará.