El software de vigilancia El Guardián ya está interceptando llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales, pero los detalles de su funcionamiento, al menos por ahora, serán un secreto. El viernes, María Isabel Vaccaro, jueza de 1º Turno de lo Contencioso Administrativo, falló en contra del pedido de información sobre el sistema que el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) había realizado en octubre de 2014 y que, ante el silencio del Ministerio del Interior (MI), pasó a la órbita judicial la semana pasada (ver la diaria del 10/03/15), según prevé la Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 18.831).
En la audiencia sobre el caso, el jueves, Tania da Rosa, directora de Cainfo, alegó que el interés de la organización no era conocer datos técnicos del software sino saber cómo se manejará la información recolectada por El Guardián. La abogada del MI había alegado que, ya que la compra del sistema fue designada como reservada por una resolución del Tribunal de Cuentas, ese protocolo también lo es, por tratarse de una “ramificación” de la compra.
El viernes Da Rosa dijo que la resolución de la jueza “está obstaculizando la posibilidad de que todas las personas puedan conocer cuáles son el marco regulatorio y las garantías” de El Guardián. Miguel Sbroca, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, dijo que la intención es apelar el fallo, lo que significa que el expediente irá al Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que dictará una sentencia definitiva e inapelable dentro de unas dos semanas.
Esta semana, Fabrizio Scrollini, integrante de la organización Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información (DATA), presentará un recurso como tercero coadyuvante ante el fallo. En criollo: un informe en calidad de especialista -Scrollini es abogado y magíster en Políticas Públicas-, con el fin de aportar información para la sentencia definitiva. Scrollini dijo a la diaria que “la tecnología para la cibervigilancia debe estar estrictamente regulada por un marco legal claro, el cual no existe hoy en Uruguay”, y que para DATA “la solución de fondo es que se establezca un diálogo que permita una regulación específica, que dé un balance claro a las cuestiones de seguridad, vigilancia y derechos humanos en la era digital”.