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Mariella Mazzotti. Foto: Sandro Pereyra

Otras inseguridades

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Directora de Inmujeres propone abordar como una “emergencia social” la violencia de género.

Mariella Mazzotti es asistente social. De larga trayectoria militante en el feminismo, la nueva directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) estuvo al frente de la Dirección de Desarrollo Ciudadano durante la anterior gestión de Marina Arismendi (2005-2010) en el Ministerio de Desarrollo Social y luego dirigió Desarrollo Municipal y Participación en la Intendencia de Montevideo. Desde mediados de enero lleva adelante una “muy buena transición” con el equipo de Inmujeres, antes dirigido por Beatriz Ramírez. En diálogo con la diaria, subrayó que su trabajo tendrá continuidad con lo hecho, pero dará “más impulso” a la defensa de los derechos de las mujeres para “generar cambios culturales y de relaciones sociales, indispensables para lograr la igualdad de género”.

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“La cuestión de género es un eje estructurante de la desigualdad, junto a las condiciones económicas y el origen étnico-racial. Para que se produzcan cambios, éstos deben estar acompañados por las organizaciones sociales, recuperar el vínculo Estado-sociedad, que es el enfoque del Frente Amplio”, dijo.

De cara a estos cinco años, Mazzotti identifica tres ejes a profundizar en Inmujeres: colaborar en la conformación del Sistema Nacional de Cuidados (SNC); poner énfasis en la descentralización y participación ciudadana, “que ha sido bandera del movimiento de mujeres y del feminismo”; y focalizar las políticas públicas referidas a la violencia de género y generaciones.

El Sistema Nacional de Cuidados “será un mecanismo de fortalecimiento de la protección social y una estrategia de aporte al cambio sociocultural, que debe tener enfoque de género para colaborar en la transformación de la realidad dentro de los hogares”, sostuvo. “Va a permitir que las mujeres tengan otro dominio de su tiempo y, por lo tanto, facilitará su inserción laboral, política y económica; va a visibilizar un trabajo de cuidados que tradicionalmente estaba asignado a ellas, que ahora será considerado un puesto de trabajo digno, calificado y bien remunerado, para lo que necesitaremos tanto la acción del Estado como la de las empresas”, añadió.

Asimismo, Mazzotti se definió como “una convencida de que los cambios se hacen con participación ciudadana, porque son fruto de la acción de la sociedad hacia el Estado y de cómo éste devuelve las demandas en acciones concretas”. En línea con la intención presidencial de profundizar la descentralización, la directora de Inmujeres remarcó que esto implica “la territorialización de la política pública y la capacidad de que esa mirada nacional se altere y se arraigue de acuerdo a las características del municipio o zona específica hacia donde está dirigida. Nosotros tenemos distribuidos referentes de género en todo el territorio, que tendrán que fortalecer su rol”.

En las dos últimas semanas de abril, Inmujeres convocará a grupos, instituciones y organizaciones sociales que estén motivados en lograr la igualdad de género a una serie de encuentros regionales para construir un Plan Quinquenal que recoja inquietudes y prioridades que allí se planteen. Además, reinstalará el Consejo Nacional de Género, en el que también se discuten líneas estratégicas.

Otro punto fuerte se enfocará en la violencia de género y generaciones: “Las cifras de estos últimos meses [12 mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja entre enero y la primera semana de marzo] indican que, si bien se ha avanzado mucho en políticas públicas, todavía queda muchísimo por hacer. Esto implica cambios sociales y culturales muy fuertes. No hay derecho al uso de la violencia en ningún caso. La violencia de género, ya sea violencia doméstica, institucional, acoso callejero u otra, se cruza con la violencia vinculada a generaciones [niños, niñas, adolescentes y tercera edad]”, explicó.

Mazzotti entiende que “la dimensión de este problema es muy grande en Uruguay: genera una enorme preocupación, y casi que tenemos que actuar como si estuviéramos ante una emergencia social. La política pública tiene que seguir profundizándose en acción y prevención, esto es, en el cambio cultural. El tema de la convivencia no puede verse sólo referido a la seguridad ciudadana o a la violencia en el deporte, también se debe abordar la violencia en relaciones interpersonales”.

En este sentido, sostuvo que “es difícil dar una única explicación” a la violencia hacia las mujeres. “Falta bastante en la comprensión del problema. Habría que pensar cómo esa cultura nuestra de mediatizar los conflictos, de invisibilizarlos, ha hecho que no seamos muy conscientes de lo que pasa. Uruguay es un país que ha generado políticas públicas y espacios de inserción de las mujeres en ámbitos educativos y laborales, además de avances legislativos que impactan en su desarrollo personal. Pero, por esa negación del conflicto, no ha sido capaz de mirarse y ver cómo reproducimos modelos estereotipados de conducta en relaciones interpersonales, afectivas e institucionales, lo que dificulta la transformación de valores y formas de distribución de roles”.

“Hay que indagar qué les pasa a los varones”, continuó Mazzotti. “Muchos ejercen violencia y muchos homicidas terminan suicidándose. Hay cuestiones específicas que involucran la salud mental, la construcción de su identidad, su masculinidad, su autoestima, la demostración de afecto, el manejo de la agresividad y sus formas de resolución de conflicto. En la violencia se articula un concepto de que yo puedo controlar a las mujeres, finalmente, con cualquier método. No todos los hombres lo ejercen de esa manera, porque hay una combinación entre los valores sociales y esa persona. Uruguay no tiene experiencia en el abordaje de este problema, y recién con la aparición de las tobilleras comenzó a pensarse qué hacer con estos varones violentos e instrumentar acciones concretas e interinstitucionales para los hombres que maltratan mujeres”.

En los últimos tres años, Inmujeres y el Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes contra la Violencia (Sipiav) implementaron estrategias de campaña con “enfoque de género preventivo”: “Nos interesa que la política pública entre en diálogo y ‘cogestión’ con la perspectiva que tienen las ONG respecto del abordaje en casos de violencia hacia las mujeres”, indicó Mazzotti, y garantizó la continuidad del sistema de respuestas y servicios de atención especializada. “Hay que seguir capacitando operadores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, la Policía, el Poder Judicial y educadores, y permear el sistema educativo con un enfoque de género, porque es allí donde hay socialización de género, donde aprendemos a ser varones y mujeres, los roles tradicionales o nuevos modelos”. También se prevé una “fuerte articulación” con el Instituto Nacional de la Juventud (Inju) para abordar la violencia en el noviazgo, sexualidad e inserción laboral.

Por último, Mazzotti consideró que se debe “pensar una nueva propuesta de proyecto de ley contra la violencia basada en género” y cambiar la actual ley de violencia doméstica. “Se está colocando como un tema de agenda y de urgencia. Hay que reflexionar sobre qué nos pasa con la violencia para lograr un salto cualitativo”, concluyó.

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